Señala Álvaro García Linera que "estamos en un tiempo liminal. Algo se está cerrando, todo el mundo sabe lo que está envejeciendo, languideciendo, pero nadie sabe con exactitud lo que viene" y nada parece describir mejor la coyuntura que atraviesa el mundo y la Argentina. En este contexto se conoció el informe de la ONU sobre los efectos irreversibles del cambio climático, mientras que la totalidad pandémica irrumpió como un hecho catalizador de amplias crisis que profundizaron las desigualdades.

Frente a la emergencia sanitaria la comunicación oficial apeló a la institución científica experta como criterio máximo de verdad y fundamento de legitimación de las medidas políticas para regular los comportamientos. En el estado de confusión generado por la irrupción del coronavirus, y sin experiencia previa de gestión, seguramente no cabía otra decisión. Ante un fenómeno nuevo se deben encontrar datos y marcos teóricos innovadores porque se trata de un conocimiento determinante para poder actuar y tomar decisiones.

Pero el lugar de la verdad y la legitimidad siempre es disputado. No causalmente la propia institución científica fue negada por otros actores y miradas. El problema se presenta cuando estas miradas ponen en cuestión principios básicos de funcionamiento y orden, lo que puede llevar a la desintegración social. Allí es donde se corre el riesgo de poner en cuestión el rol del Estado, entendido como el fundamento de la integración lógica y moral de la sociedad, esto es, del consenso sobre el mundo social (Bourdieu, 2014). Así, por ejemplo, la vacunación se fundamenta en la creencia en un acto legitimado por la comunidad científica y los Estados a fin de retornar a la normalidad de vida o, al menos, alejar la cercanía diaria de la muerte con todo lo que ello implica. La vacunación es un acto individual pero solo funciona como un fenómeno colectivo en pos de lograr la inmunidad de la sociedad. Es decir, la sumatoria de actos individuales que garantiza la inmunización de todos. En la política sanitaria el gobierno intentó consolidar una posición del Estado en torno al interés general y la reproducción social frente a las distintas miradas y factores de poder que pretendieron sabotear el proceso.

Nueva normalidad, pobreza y la política de la antipolítica

Si bien el Estado con el proceso de vacunación logró sortear la mencionada tensión entre representar lo universal o el interés particular de algún sector económico social, y la pandemia posibilitó el reconocimiento de la importancia de contar con un sistema de salud pública, se presentan otros problemas estructurales en la salida de la crisis que generan incertidumbre frente al futuro. En este sentido, la nueva normalidad en Argentina consolida la pobreza estructural en torno al 30% con oscilaciones según los ciclos de la economía que puede llegar a rondar cerca del 50% de la población como se da en la actualidad producto de la pandemia. Hoy no solo hay un tercio de la población que sobrevive en la informalidad o está desocupada, sino que además tener un trabajo en blanco tampoco garantiza salir de la pobreza. No debería sorprender entonces que en una sociedad tan fragmentada y sin perspectivas a futuro, surjan los discursos de la antipolítica y propuestas rupturistas con la institucionalidad vigente. Es el contexto ideal para ello teniendo en cuenta la falta de respuestas políticas y la sensación de que el esfuerzo personal no es recompensado.

El problema no es la denominada “casta política” o los políticos profesionales como intentan capitalizar candidatos “outsiders” al estilo Milei que arremeten contra aquellos, sino que el poder entendido como la capacidad de generar transformaciones tanto en la economía como en la relaciones sociales no es una propiedad o atributo propio de los políticos. El poder no está distribuido por igual entre los distintos sectores sociales que pugnan en las relaciones de fuerza por hacer valer sus intereses particulares y ello es la expresión relativa de poder. Este no es una propiedad, sino que se ejerce de manera productiva y positiva sobre las relaciones sociales. Allí se juega también el capital simbólico entendido como la capacidad de hacer cosas con palabras. En el sentido común, por el contrario, se entiende al poder personificado solamente en el político profesional. Y es que la exposición en medios de comunicación y ciertos privilegios asociados a cargos públicos pueden generar esa percepción. Aquí entra lo del capital simbólico de los representantes que para no perderlo deben tener una disciplina ejemplar en sus comportamientos porque son sometidos a inspección permanente en el caso que no respondan a los intereses de determinados grupos económicos.

Lo cierto es que la democracia hoy parece ser una formalidad institucional con un Congreso que viene en un proceso de panelización incorporando cada vez más personajes que hacen imposible la comunicación porque su objetivo es esmerilarla corriendo los límites de lo decible. Estamos en tiempos de campaña y la mayoría promete el paraíso sin ningún reparo o apostando a la ingenuidad de la población porque el político se puede vender como se vende cualquier otro producto más del mercado atribuyéndole cualidades mágicas mediante el marketing.

Pero el poder hoy se asemeja más a una maquinaria abstracta, impersonal y global de dominación frente a la que los Estados nacionales parecen no poder oponer resistencia. Los problemas que enfrenta Argentina tienen sus propias particularidades como lo es la permanente inestabilidad económica, pero el crecimiento de partidos de derecha o “antisistema” no son una realidad solo nacional. Y es que la izquierda y/o progresismos en casi todos los países se aferran al status quo frente a las amenazas de disgregación social a la que lleva el capitalismo actual. La impotencia de estas fuerzas para generar perspectivas de futuro en cambios positivos en la calidad de vida o el enfocarse solo en las políticas identitarias de minorías sociales, se transfiere en bronca u odio contra la política en general.

La mayor autonomía del Estado que le permita tener márgenes de maniobra a fin de asegurar la cohesión social amenazada por la crisis viene de la mano de que la economía repunte y el crecimiento llegue a todos los sectores sobre todo los más afectados. Así como la inestabilidad económica erosiona la autoridad político institucional, la estabilidad y el crecimiento la fortalece. Los sectores políticos que dicen expresar a las clases populares deberán tener audacia, creatividad y voluntad para llevar adelante las transformaciones estructurales necesarias y así evitar el peligro de la instalación de la representación de la política como casta homogénea distanciada de la compleja realidad que afecta a gran parte de la sociedad.