Durante el gobierno de Macri (2015-2019) el neoliberalismo financiero llegó a una escala dramática para el país y para los derechos humanos de la población. Luego de allanarse completamente a inicios de 2016 al reclamo de los fondos buitres en las cortes de Nueva York, y tomar un primer crédito en dólares para pagarles de la mano de bancos internacionales, comenzó en Argentina una etapa de apertura y desregulación financiera y un acelerado endeudamiento en dólares.

Esta fiebre de deuda en moneda extranjera, de proporciones colosales, lejos de haber sido volcada a inversiones productivas, alimentó directamente los circuitos de la especulación financiera y la fuga de capitales, según el informe que Banco Central publicara en 2020. En 2018 la insostenibilidad de la deuda se hizo evidente, y Macri solicitó al FMI crédito por un total de 57 mil millones de dólares. Ese inédito préstamo multilateral, según la propia denuncia penal presentada por el actual gobierno, padeció la falta de formalidades básicas, como un dictamen jurídico previo que lo avalara, y no tuvo tratamiento ni convalidación por parte del Congreso Nacional.

La historia ya la conocemos, y padecemos aún: un país sobreendeudado en niveles alarmantes por varias generaciones, mientras unos pocos especuladores financieros/cambiarios llenaron aún más sus bolsillos. Algunos de ellos los siguen llenando, y en casos resonantes negándose a contribuir con el aporte solidario de las grandes fortunas en la pandemia, obstruyendo y judicializando la aplicación de la ley impositiva sancionada por el Congreso Nacional sobre fines de 2020.

Pero, en esta debacle financiera y fiscal, ha pasado prácticamente desapercibido en la opinión pública lo qué sucedió entre 2015-2019 con la deuda en las provincias, cuyas consecuencias aún padecemos y seguiremos padeciendo. En esta nota quisiera concentrarme en el caso de Río Negro.

Claramente, el neoliberalismo financiero y la irresponsabilidad fiscal del macrismo permearon profundamente en la provincia de Río Negro, empujada a elegir la opción del endeudamiento en moneda extranjera respondiendo al canto de sirenas del programa de metas de inflación de Prat Gay, Dujovne y Sturzeneguer. Cambiemos eligió la vía de la deuda, y la promovió en las jurisdicciones provinciales, en un esquema insostenible en el mediano plazo, sin destinar el crédito a la producción. Y ello con el agravante de que las sucesivas devaluaciones tornaron todo peor.

Al inicio endeudarse en dólares pareció un camino fácil para los decisores provinciales como el ex Ministro de Economía Agustín Domingo, hoy candidato a Diputado nacional por Juntos Somos Río Negro. El arreglo con los fondos buitres estimulaba a los banqueros globales a ofrecer dinero en cantidades. Pero una política de esa naturaleza tiene un efecto expansivo mientras pueda seguir subiendo la deuda. Muy pronto sucede que hay que pedir prestado nuevamente para pagarla. Es un camino fácil en el corto plazo, pero acumula fragilidades financieras que lo hacen insostenible en el largo plazo.

Esto explica que nos encontremos hoy en Río Negro con un panorama de corto y mediano plazo de reembolso de deuda en dólares que desangra las arcas provinciales, y condiciona la asignación de recursos para atender las prioridades básicas que la sociedad demanda en la pandemia, y demandará en los tiempos próximos y en el futuro.

El endeudamiento condiciona el presente y el futuro de miles de rionegrinas y rionegrinos en la prestación de servicios básicos a cargo del Estado, en el mantenimiento de edificios escolares y la adecuación de hospitales, en los salarios públicos, y en políticas de crédito a la producción del sector privado en tanto tampoco Río Negro dispone de un banco provincial, entre otras restricciones. Así las cosas, la provincia depende permanentemente del auxilio del Estado nacional para financiar gastos corrientes y distintos programas y proyectos económicos, sociales y de infraestructura. Y en casos extremos de necesidad financiera sube la presión impositiva generando distorsiones y reclamos de la población.

En relación a la vena abierta que desangra las cuentas provinciales e introduce incertidumbre en el devenir del gasto provincial de Río Negro, puede decirse que:

1) En el último año, y aún con la reestructuración de 2020, hubo un aumento del 50% total de la deuda; a marzo de 2020 ascendía a $34.685 millones, mientras que a mayo de 2021 superaba los $52.079 millones. (o sea aumentó en $18.000 millones)

2) El hecho de que el 69% de la deuda pública de Río Negro sea en dólares expone a la provincia frente a variaciones del tipo de cambio: sin ir demasiado lejos en el tiempo, de diciembre de 2020 a marzo de 2021 la deuda pública provincial aumentó en $3.061,57 millones (alcanzando a $17.394 millones), lo que licúa la reducida quita obtenida en la reestructuración de la deuda provincial acordada hacia finales de 2020.

3) Los meses de abril y mayo de este año registran un aumento extraordinario en el pago de servicio de deuda, y luego aumenta nuevamente en lo que corresponde a los pagos de julio y agosto de 2021. Este año en plena segunda ola de la pandemia Covid 19 se terminará pagando la suma de $ 15.733 millones en concepto de reembolso de deuda, más que en cualquiera de los años siguientes o vuelve a refinanciarse (en 2024 vuelve a subir, pero la proyección es en pesos e incluso menor a la prevista este año).

El Estado provincial, al igual que el nacional, tiene obligaciones específicas en materia de derechos humanos vinculadas a la cobertura de las necesidades básicas de la población en su territorio. Una de ellas es movilizar el máximo de recursos disponibles para asegurar la realización de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la salud, al trabajo, la protección social, la vivienda, la alimentación y educación, entre otros.

Aquí surgen algunos interrogantes, uno retrospectivo y otros prospectivos:

El primero: ¿Acaso no es un requisito de legalidad que las reestructuraciones de deuda (como la que se llevó a cabo en Rio Negro en 2020) generen un beneficio neto para el Estado deudor, si solo unos meses después de la reestructuración nos encontramos con el escenario financiero dramático descripto en el párrafo anterior?

El segundo: ¿No debería el gobierno de Río Negro intentar plantear una reducción substantiva de la deuda y/o postergar los pagos inmediatos, a fin de asignar recursos de manera prioritaria a cubrir necesidades básicas de la población, que en pandemia y recesión se han hecho aún más acuciantes? Ello por cuanto la sustentabilidad de la deuda no solo se mide en términos financieros y fiscales, sino también en términos sociales y de sustentabilidad de la vida de la población.

El tercero: ¿Qué sacrificios se les exige a las y los rionegrinos para pagar semejante deuda en dólares? De hecho, la exagerada suba dispuesta en los impuestos directos a los sectores medios y bajos de la sociedad generó reclamos masivos, lo que llevó a la máxima autoridad provincial a retrotraer dicha decisión. Queda claro que no hay margen para más presión impositiva a esos sectores.

Otra cuestión importante es cómo prevé el gobierno provincial cubrir los enormes pagos de deuda comprometidos para los próximos meses y años. De acuerdo al Informe de Deuda de marzo de 2021 que elaboraron las autoridades del Ministerio de Hacienda, la respuesta nos deja perplejos: lo hará con más bonos públicos, es decir, con más deuda en manos de acreedores privados. O sea, se aplica nuevamente la medicina del endeudamiento reproduciendo bonos, en un enfermo tan grave que parece no tener cura. Esto llevaría -según el propio informe oficial- la proporción del servicio de deuda sobre ingresos corrientes del 5,70% previsto para el 2022 al 9% en 2024. Es decir, la deuda tendrá un protagonismo creciente en las erogaciones estatales y, de este modo seguirá afectando la calidad de vida de la población.

Mientras el propio FMI recomienda a todos los países, revisar los sistemas tributarios para hacerlos más progresivos, captando recursos de los sectores privilegiados de la población, y el Estado nacional lo implementa a través del aporte extraordinario a las grandes fortunas dispuesto por ley, el gobierno rionegrino aún no contempla reformas tributarias hacia esquemas más progresivos que hagan que los que más tienen, por ejemplo los que disponen fortunas inmobiliarias que reproducen rentas, aporten más en estas circunstancias extraordinarias.

Esto se enlaza con lo que opinan muchos economistas acerca de que la gigantesca desproporción entre la riqueza anual que produce una nación, o un espacio subnacional, y lo que adeuda, se explica por un mecanismo que en las últimas tres décadas ha cambiado la economía mundial: la financiarización.

Ello implica que para que unos tengan ganancias extraordinarias producto de la primacía financiera, otros tienen que endeudarse y quedar entrampados en la telaraña que esas deudas generan. Además, se han multiplicado grandes inversiones inmobiliarias por parte de actores financieros que sirven como reservas paisajísticas y de agua dulce, o que constituyen áreas ambientalmente excepcionales, que deberían ser gravadas en proporción a los negocios que crean y reproducen. Nada de eso está presente en los gravámenes a las grandes propiedades en Río Negro, mientras, sangran las cuentas fiscales y la población en el territorio viene sufriendo a diario desde años atrás el deterioro progresivo de los sistemas públicos de salud, educación, seguridad, y protección social.

Necesitamos que el Estado provincial defienda la vida, la salud y los demás derechos de la población. Eso implica asegurar que la deuda sea sustentable, es decir, que no se pague dejando a las personas desguarnecidas cuando más necesitan de la presencia del Estado. Necesitamos que quienes son candidatos a representar a la población en el Congreso Nacional asuman un compromiso con el cuidado de la vida colectiva. La preocupación que surge es que hay quienes quieren llegar al Congreso Nacional y nos endeudaron en los últimos años en Río Negro siguiendo las directrices de las políticas neoliberales, y plantean hoy la flexibilización laboral, y la reducción del gasto en seguridad social.

Queremos que las obras que se proyectan se hagan realidad en tiempo y forma, que haya inversiones productivas y que se otorgue prioridad a los derechos de los y las rionegrinas que aportan su esfuerzo diario de trabajo por encima de los rentistas financieros que hacen excelentes negocios a costa de quienes habitan esta tierra. Necesitamos un Estado presente, trabajo público y privado seguro, educación y vivienda de calidad, y otorgar prioridad a la salud. Para ello debe cambiarse el rumbo, porque por caso la función salud que comprende al sistema público en el presupuesto provincial fue decayendo en su participación en los últimos 10 años y la pandemia nos encontró en una situación de extrema fragilidad sanitaria pública que ha dejado cicatrices irreparables. Por ello, en este tiempo de definiciones políticas que haya Memoria, Verdad y Transparencia.