El gobierno de Alberto Fernández adoptó justo a mitad del año dos decisiones coincidentes en el tiempo y también coincidentes, al menos en un primer nivel de análisis, en la concepción sobre el rol del Estado como orientador de la actividad económica en función de los intereses generales del país.

Una de esas medidas consistió en disponer que la ruta fluvial que surca los ríos Paraná y Paraguay, y que es mencionada generalmente como “Hidrovía” -o “Hidrovía Paraná-Paraguay”-, quedará bajo control estatal durante los próximos doce meses mientras las autoridades nacionales elaboran una licitación. Como bien se ha repetido últimamente, por allí se transportan el 80% de las exportaciones argentinas.

La segunda de las disposiciones referidas fue la no renovación de las concesiones que se habían otorgado en su momento a tres empresas privadas (FerroEmpreso Pampeano S.A., Ferrosur Roca S.A. y Nuevo Central Argentino S.A.) para el transporte ferroviario de cargas. Dichas compañías operaban trenes cargueros de las líneas Mitre, Roca y Sarmiento, y al producirse el vencimiento de sus respectivas concesiones, la gestión y administración pasará a manos del Estado nacional.

Ambas medidas retoman ideas cardinales de las políticas públicas que fueron sostenidas por gobiernos diferentes entre sí pero que defendieron el bien común y el interés general, y en ese sentido impulsaron decisiones soberanas ante las exigencias y desafíos del desarrollo nacional.

Tales concepciones fueron contrarrestadas en tres etapas distintas desde el último cuarto de la centuria pasada en adelante, en las etapas donde gobernaron los intereses privilegiados de las elites capitalistas locales y extranjeras: la dictadura genocida 1976/1983, el menemismo de la década de los años ‘90 y su continuidad en el bienio de De la Rúa, y los cuatro años del régimen que encabezó Mauricio Macri.

Fueron los tres periodos comunmente denominados “neoliberales” pero que también podrían llamarse de “libertinaje capitalista”: los gobiernos resolvían que el Estado abandonaba su obligación democrática de proteger los intereses generales y el bien común, para imponer en cambio la conveniencia de los propietarios de grandes capitales tanto del país como del exterior.

Tradiciones, siglo XX

Durante el siglo XX, las tradiciones de intervención del Estado en la economía, creación de empresas públicas en áreas estratégicas, impulso estatal para grandes obras de infraestructura o control de sectores financieros determinantes en el funcionamiento general del sistema, se remonta a las épocas de Hipólito Yrigoyen y de Juan Domingo Perón.

Pero incluso abarcó a gobiernos surgidos de elecciones no democráticas sino condicionadas por la proscripción del peronismo. Fue el caso de la etapa que presidió Arturo Frondizi (1958-1962), durante cuya gestión hubo violentas represiones a huelgas y protestas populares pero al mismo tiempo, y tal como se autodenominó, hubo un fomento del “desarrollismo”. Aun cuando fuera muy cuestionada la apertura a la “iniciativa privada” y el capital extranjero.

(Acerca de la defensa del sector público en el proyecto desarrollista puede tomarse como referencia un ejemplo citado en un artículo que escribió hace poco más de un año el escritor, periodista y militante político Mempo Giardinelli, uno de los intelectuales que más esforzadamente viene reclamando la recuperación de la soberanía nacional en la ruta fluvial del río Paraná. Entre otros conceptos, esto decía: “(…) la Empresa Líneas Marítimas Argentinas, ELMA, fue la gran corporación naviera del Estado argentino, que tuvo a su cargo nuestro comercio exterior hasta que Menem la disolvió en 1991. Creada 30 años antes durante el gobierno de Frondizi, en su máximo esplendor ELMA había llegado a contar con una flota de más de 60 barcos y 700.000 toneladas de porte, que surcaba todos los mares de los cinco continentes”. No por casualidad, el texto de Giardinelli se titulaba “La Marina mercante hace olas”. Publicado en Página 12, nota del 18-05-2020). 

Las tradiciones de priorizar los intereses nacionales y la función del sector público también fueron preservadas por otro gobierno votado durante la proscripción del peronismo pero encabezado por un presidente honesto y patriota: el radical Arturo Illia (periodo 1963-1966)

En la década siguiente -años ‘70-, ya en condiciones de elecciones plenamente democráticas aunque en un contexto de gravísima violencia política, el breve gobierno de Héctor Cámpora -de 49 días- y la última presidencia de Juan Domingo Perón -también breve, de solo ocho meses y medio, hasta su muerte- fueron obviamente defensores de las políticas nacional-populares que el propio líder justicialista había llevado hasta sus máximas expresiones históricas entre 1946 y 1955.

El último que mantuvo las concepciones del interés público y un Estado en función del desarrollo del país en el siglo XX fue Raúl Alfonsín. Durante una presidencia que priorizó la reconstrucción democrática y que estuvo amenazada por la corporación genocida, resistió las presiones para privatizar las empresas públicas y desmantelar el poder económico del Estado. En su último año de gobierno el país sufrió un golpe de mercado que desató la hiperinflación, y el presidente optó por entregar el mando a su sucesor cinco meses antes del plazo constitucional.

En el siglo XXI

El periodo neoliberal identificado con “la década de los ‘90”, en realidad duró casi una década y media: desde el primer golpe hiperinflacionario a comienzos de 1989 hasta la asunción de Néstor Kirchner en mayo de 2003. Catorce años, para ser exactos. Aunque la quiebra y cesación de pagos del país más el estallido social de diciembre de 2001 derivaron en el gobierno de transición del senador Eduardo Duhalde, quien empezó a dejar de lado las políticas de la década previa que, precisamente, condujeron a ese final.

Más allá de cómo se interprete la duración del periodo, correspondió a Néstor Kirchner llevar adelante la reconstrucción de la Nación. Y dentro de su tarea histórica, el poder del Estado democrático recuperó paulatinamente recursos nacionales en ciertas áreas de la economía.

Así, entre 2003 y 2007 fueron reestatizados sectores donde, tras su privatización bajo el menemismo, las empresas concesionarias habían perpetrado grandes desmanes en la prestación de servicios, y además estafas y negociados. Tales fueron los casos del Correo Argentino -concesionado al Clan Macri, que todavía se niega a pagar al canon que quedó debiendo desde entonces-, la explotación del espectro radioeléctrico que estaba a cargo de una firma francesa, y la prestación de agua potable y sistemas cloacales en Buenos Aires y las localidades del Conurbano (a partir de lo cual se creó la compañía hoy llamada “AySA”, Agua y Saneamiento Argentinos).

Posteriormente, mucho más profundas fueron las decisiones de reestatizar áreas esenciales en las dos presidencias de Cristina Kirchner. Los casos que tuvieron más trascendencia histórica y simbólica fueron la renacionalización de Aerolíneas Argentinas y luego de YPF -en este último caso el Estado pasó a controlar el 51% de las acciones-. Las dos grandes compañías habían estado controladas por grupos empresariales españoles que las saquearon.

Sin embargo, el acto soberano de mayor envergadura económica y social ejercido durante el cristinismo fue la eliminación del negociado de las AFJP (Administradoras Privadas de Jubilaciones y Pensiones) y la reconstrucción de un sistema jubilatorio público, solidario y de reparto, gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

(Un resumen de las reestatizaciones desde 2003 en adelante puede encontrarse en un texto periodístico del diario Página 12 de marzo de 2015, cuando en su último año de gestión Cristina también recuperó para el sector público los trenes de pasajeros de la zona metropolitana. Nota del 03/03/2015). 

El macrismo destruyó en gran medida los logros de la política de reestatizaciones kirchnerista, provocando maniobras de vaciamiento, endeudamiento, pérdidas de mercados y retrocesos productivos tanto en Aerolíneas como en YPF, y desfinanciando gravemente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Medidas modestas pero audaces

Al contrario de lo que hicieron la dictadura genocida, el menemismo y su continuidad delarruísta, y finalmente del macrismo, el gobierno de Alberto Fernández vuelve a tomar decisiones donde el Estado aumenta su control sobre los negocios y negociados de grandes empresas privadas, y se hace cargo de gestionar al menos temporalmente ciertas áreas de los servicios, como la más determinante ruta fluvial para el transporte de cargas al exterior y una parte importante del movimiento carguero por ferrocarril.

Se trata de resoluciones que conllevan un considerable grado de audacia y riesgo político, teniendo en cuenta que el oficialismo sufre al ataque sin tregua de los poderes económicos locales y extranjeros, de las cadenas mediáticas de la derecha, de la fracción dominante del Poder Judicial y de una oposición político-institucional -Juntos por el Cambio y algunos aliados de menor peso- cada vez más fanatizada y radicalizada.

Por eso, aunque no significan por sí mismas transformaciones de fondo en las estructuras económicas, las medidas adoptadas respecto de la llamada “Hidrovía” y del movimiento de cargas en tres líneas ferroviarias implican una tendencia hacia el rescate de la soberanía nacional.

A pesar de ser acotadas, en parte, por su carácter provisorio -en el caso de la ruta fluvial el control estatal es por un año, hasta elaborar una licitación para la explotación de la vía navegable- son decisiones que retoman una magnífica tradición argentina de defensa de los intereses nacionales y los recursos públicos, donde el Estado actúa al servicio de las mayorías ciudadanas.