Hace pocos días, el 10 de este mes, Alberto Fernández y el Frente de Todos cumplieron un año y medio al frente del gobierno argentino y ejerciendo el control de espacios clave en el Parlamento (amplia mayoría en el Senado, y como primera minoría en Diputados pero sin alcanzar la mayoría), así como en la mayor parte de los gobiernos provinciales y en centenares de municipios del país.

Sin embargo, la legitimidad surgida del voto ciudadano choca una y otra vez con el poderío de las corporaciones o poderes de facto, es decir con estructuras y sectores que tienen capacidad real de imponer su voluntad al conjunto de la sociedad y a las autoridades públicas, aunque nadie los haya elegido para eso.

Cuando Mauricio Macri terminó su presidencia la derecha se fue del Poder Ejecutivo Nacional y de los lugares clave en el Parlamento, pero sigue conservando enorme poderío a través del accionar de las corporaciones. Al asumir Alberto Fernández y el Frente de Todos, cambió el gobierno pero los demás poderes de facto persisten. Y actúan en contra de una gestión gubernamental a la que consideran enemiga.

Una de las múltiples consecuencias del peso que mantienen las corporaciones es que los/las dirigentes kirchneristas encarcelados durante el régimen que gobernó hasta diciembre de 2019, siguen sufriendo la privación ilegal de su libertad.

El factor determinante para semejante violación del Estado de Derecho es la corrupción judicial. No se trata de “corrupción” en el sentido de que ciertos jueces/as o fiscales hayan robado dineros públicos, cosa que perfectamente pudo haber ocurrido y en muchos casos hay sobradas evidencias de ello. Pero esa es una forma simplista y tramposa de utilizar la noción de “corrupción”.

El fenómeno antidemocrático que sufre Argentina y en general los países donde el sistema de justicia es utilizado para defender a los poderes dominantes, es que los cargos más importantes del Poder Judicial están ocupados por funcionarios que han corrompido, desde el punto de vista ético, ideológico y jurídico, la misión -el contrato social- para la cual el conjunto de la sociedad les ha otorgado atribuciones y recursos de poder.

Dos mil días

En pocas semanas más, el 8 de julio, Milagro Sala cumplirá 2000 días como presa política, rehén de la derecha. Su detención fue perpetrada el 16 de enero de 2016. En este tiempo ha sido humillada con distintos simulacros de procesos penales, con los cuales el corrompido aparato judicial de la derecha -jujeña y nacional- la mantienen privada de su libertad.

Está en prisión domiciliaria desde diciembre de 2018 pero por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que intervino después de un largo, minucioso y valiente trabajo jurídico realizado por abogadas/os comprometidas/os con las causas populares que actuaron y actúan como defensoras/es de Milagro.

(El sitio oficial del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, publicó a lo largo de los años numerosos posteos que fueron informando sobre cada momento que atravesó Sala desde su apresamiento. Acceso a lapágina web del CELS). 

La Tupac Amaru, organización que ella fundara y que hoy coordina Alejandro “Coco” Garfagnini, en la primera semana de julio instalará carpas en Plaza de Mayo y ha convocado a acciones generalizadas de reclamo por la libertad de Milagro y para continuar denunciando las violaciones al Estado de Derecho en Jujuy.

Días atrás Garfagnini envió una carta pública a los/las diputados/as nacionales del Frente de Todos. “No quiero repetir lo que ustedes ya deben conocer. Lo que preciso ahora es que me ayuden a levantar la voz. Hay determinados momentos de la historia en los que el silencio es cómplice del sufrimiento de los militantes”, expresa la misiva del dirigente.

Agrega que “las tupaqueras y tupaqueros vamos a instalar dos mil carpas en la Plaza de Mayo. Lo haremos junto a todas las organizaciones del campo popular que quieran ser solidarios con nuestra lucha y los invitamos a ustedes a acompañar, participar, o en su defecto, a no juzgar nuestras decisiones desde la superficialidad del análisis de la coyuntura”, les dice Garfagnini a los/las legisladores/as del oficialismo. (El dirigente hizo declaraciones a Radio Gráfica, en cuyo sitio web pueden recuperarse conceptos de lo que dijo y el audio completo de la entrevista. Posteo del 14/06/21). 

Humillaciones para escarmentar

El último escarnio público al que fue sometida la referente popular jujeña ocurrió el jueves pasado, y consistió en llevarla por la fuerza ante un tribunal, rodeada por agentes penitenciarios pertrechados con escopetas Ithaca, para dictarle otra condena. Esta vez fue porque en 2009 un grupo de personas le tiró huevos, como forma de repudio, al entonces senador nacional y hoy gobernador Gerardo Morales.

Por esa situación le echaron la culpa a Milagro en base a lo que dijo un testigo que al momento de prestar declaración era empleado de la gobernación jujeña, aunque ocultó ese dato. En el juicio se demostró que ella ni siquiera estaba en la provincia en aquel momento. La reciente humillación tuvo lugar faltando pocos días para las elecciones para cargos locales que se realizarán en Jujuy el próximo domingo: se votará la renovación parcial de la Cámara de Diputados provincial, los concejos deliberantes y las comisiones municipales. (Crónica de Página 12, nota del 18/06/21). 

Al vincular el nuevo simulacro mediático y judicial para mantenerla prisionera con la inminente elección provincial, Sala declaró que Morales “lo único que tiene para mostrar de su gestión es que me tiene presa, y que me sigue condenando”. Recordó que en la provincia “siguen las persecuciones a todos los que acusan de corrupción” al gobernador radical-cambiemita, quien solo “puede demostrar que su familia se enriqueció” desde que él llegó al cargo, en diciembre de 2015. (En se publicó un reporte de la agencia Télam con un resumen de sus declaraciones. Nota del 19/06/21). 

Milagro sigue prisionera aunque haya pasado un año y medio desde que terminó el imperio del régimen de derecha a nivel nacional. Ella es una rehén de los poderes de facto jujeños -en primer lugar la familia Blaquier, partícipe de la dictadura y poseedora de grandes capitales que son determinantes para la economía provincial-, pero más aún de los poderes de facto nacionales.

Las estructuras de corrupción judicial y acción psicológica mediática sobre la opinión pública, que fueron pilares para la conformación y consolidación de aquel régimen, continúan en pleno funcionamiento. Por eso el gobierno de Gerardo Morales tiene impunidad para violar el Estado de Derecho.

A través de la humillación contra una mujer de origen pobre e indígena -aunque fue adoptada por una familia de clase media-, que desde joven se rebeló contra las injusticias y la opresión y llegó a convertirse en la líder de una organización de masas con capacidad de acción, movilización e influencia en las disputas de poder al menos a nivel provincial, la derecha pretende escarmentar a las/los luchadoras/as populares.

Decepción y relaciones de fuerza

En amplios sectores de las bases sociales y de dirigentes y militantes del Frente de Todos, con absoluta razón, hay bronca y decepción por el hecho de que tan flagrantes arbitrariedades continúen a pesar de que cambió el gobierno hace un año y medio.

El actual oficialismo ocupa lugares decisivos en la conducción del Estado pero, dentro de la propia estructura estatal, tiene en contra a la corrompida fracción dominante del sistema de administración de justicia. Además, la pandemia del Covid-19 modificó drásticamente las condiciones de ejercicio del poder y las prioridades y exigencias de la gestión gubernamental.

Dentro de ese contexto, construir relaciones de poder para doblegar a los sectores corporativos que tienen de rehén a Sala y a las/los demás presas/os políticas/as, es una exigencia políticamente muy difícil que requiere de un fuerte respaldo social.

En ese sentido, es posible tratar de incidir a través de la militancia popular, las organizaciones de la sociedad civil y las representaciones democráticas genuinas en espacios institucionales como el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los gobiernos municipales, etc.

Cuando se cumplan 2000 días de la prisión de Milagro, una potente acción en los medios de comunicación y las redes digitales, y en la medida de la posible en la movilización callejera -pero con los máximos resguardos para evitar contagios del coronavirus-, pueden ser herramientas importantes para continuar presionando por su libertad y construyendo, desde las bases sociales y ciertos ámbitos estatales, una fortaleza política de tal magnitud que le pueda hacer frente a la corrupción judicial y al poderío de la derecha en su conjunto.

No será fácil que dejen libre a una rehén que se ha convertido en un símbolo de la lucha popular.