Finalmente el Congreso aprobó, y el Poder Ejecutivo promulgó de inmediato, la ley que modifica por única vez, debido a la emergencia sanitaria, las fechas para la realización de comicios legislativos este año. Las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) se realizarán el 12 de septiembre, y la elección general el 14 de noviembre.

Tal como determina la Constitución Nacional, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado. Para el caso de la primera de esas ramas del Parlamento, significa que en cada uno de los 24 distritos electorales del país -las 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA)- se elegirá a la mitad de sus diputados/as nacionales.

Para el Senado, en cambio, de los 24 distritos solo ocho -un tercio del total- votarán senadores/as nacionales esta vez. Otro tercio de los distritos lo hará en 2023 y el tercio restante (entre ellos Neuquén y Río Negro) en 2025. En el corriente 2021, corresponde votar por sus senadores/as nacionales a las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

Las particularidades de la composición del Congreso en cuanto a sus aspectos jurídico-institucionales -cantidad de representantes por distrito, periodos de vigencia de sus mandatos, etc-, la novedad histórica que tiene esta vez la votación es que se realizará dentro del contexto de la pandemia del Covid-19. Por lo tanto, en muchos sentidos, será una elección muy distinta de cualquier otra.

El hecho mismo de la postergación de las fechas es resultante de la emergencia sanitaria, como también las adecuaciones que están bajo análisis -un protocolo específico- para reducir la aglomeración de personas en los lugares de votación y otras disposiciones tendientes a minimizar los riesgos de contagio durante el procedimiento electoral.

Las medidas en ese sentido todavía no se establecieron. Existen propuestas acordadas entre el ministerio del Interior y la Cámara Nacional Electoral, que aún deben ser aprobadas por el ministerio de Salud. Pero con seguridad incluirán, por ejemplo, que las mesas electorales estén distribuidas en una mayor cantidad de lugares físicos (a las escuelas se podrán agregar otros, como clubes sociales o deportivos). De 14.400 locales utilizados en ocasiones anteriores en todo el país, se pasaría a unos 19.000: alrededor de un 30% más.

Diputados y Senadores

Las incertidumbres políticas de una elección en el contexto actual son múltiples. Factores como el abrupto cambio ocurrido en los hábitos de vida individuales y colectivos, los daños económico-sociales derivados de la pandemia, la situación epidemiológica que se registre en el momento de votar -en realidad, dos momentos-, son condiciones que determinarán en gran medida la decisión de cada ciudadana/o.

El oficialismo necesita mejorar su representación en la Cámara de Diputados, donde está en minoría. Del total de 257 miembros que integran ese cuerpo parlamentario, el bloque del Frente de Todos (FdT) tiene 119 integrantes. Mientras que el interbloque Juntos por el Cambio (JpC, formado por Pro, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y tres aliados de agrupaciones políticas provinciales de San Juan, Catamarca y La Rioja) cuenta con 116. Apenas tres de diferencia.

Esa composición es resultante de las dos elecciones previas: la legislativa de 2017, cuando el entonces gobernante Cambiemos obtuvo una mayoría en el promedio nacional, más la elección general de 2019, ocasión en la que aun siendo derrotado en la disputa presidencial, el 40% de los votos obtenidos por la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto “arrastró” a las listas legislativas y le otorgó un considerable número de bancas.

Para conseguir quórum y poder sesionar, en Diputados se requiere la presencia -ya sea física en el recinto legislativo o mediante la conexión remota correspondiente- de 129 legisladores/as. Hasta ahora, el oficialismo ha estado obligado a negociar con terceras fuerzas, entre las cuales se destacan el interbloque Federal (con 11 miembros de variados orígenes, 4 de ellos del peronismo de Córdoba, 3 del sector que tiene como referente a Roberto Lavagna, etc.) y por otro lado el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (de 8 integrantes, también de orígenes diversos, presidido por el mendocino José Luis Ramón y donde hay participación de partidos provinciales, incluido un representante de Juntos Somos Río Negro). (Puede obtenerse más información en el sitio web oficial de Diputados). 

Respecto del Senado, donde se combinan resultados de las elecciones 2015, 2017 y 2019 que renovaron, en cada una de esas ocasiones, un tercio del cuerpo, hay un bloque mayoritario del Frente de Todos que cuenta con 41 integrantes sobre 72 miembros del cuerpo.

A su vez, Juntos por el Cambio funciona como un interbloque que está integrado por los bloques del Pro (8 integrantes), Unión Cívica Radical (14 miembros) y algunos/as aliados de partidos provinciales. (La información puede ampliarse en la página web oficial del Senado). 

Por lo tanto en la Cámara alta, y en rotunda diferencia respecto de Diputados, la representación del gobierno nacional posee un predominio importante, muy por encima del quórum necesario para sesionar, que es de 37 senadores/as.

En el bloque del Frente de Todos confluyen expresiones muy diversas, desde el kirchnerismo hasta diversas corrientes del peronismo que en general representan a los/las gobernadores/as u otros/as referentes justicialistas de las provincias. La bancada también incluye a aliados no peronistas, como el Frente Cívico de Santiago del Estero.

Motivaciones del voto

Las suposiciones, conjeturas, hipótesis, etc. que pueden realizarse sobre los comicios de septiembre y de noviembre son infinitas, pero existen coincidencias generalmente aceptadas por los/las especialistas en sociología electoral y los/las analistas políticos/as.

A grandes rasgos, se estima que, para decidir el voto, confluirán por un lado motivaciones sanitarias -según como sea la gravedad de la pandemia al momento de votar- y por otro motivaciones económicas y sociales -la manera en que las/los votantes perciban la crisis en ese sentido y el juicio de valor que realicen sobre la responsabilidad del gobierno nacional al respecto-.

El equipo gubernamental que encabeza el presidente Alberto Fernández y el conjunto del Frente de Todos aspiran a lograr que disminuya, en una medida importante o al menos como tendencia firme, la magnitud actual de la tragedia del Covid.

Las razones estarían dadas por la llegada continua de más vacunas -a lo que se agrega la histórica fabricación en el país de la Sputnik V, anunciada recientemente- y en consecuencia la aceleración de la inmunización en una mayor cantidad de personas, combinado ello con una adecuada administración de las restricciones y demás medidas de cuidado contra el virus.

Al mismo tiempo, el oficialismo sabe qe la pérdida de fuentes de trabajo, el persistente aumento de precios particularmente en alimentos y la inactividad parcial o total de sectores afectados por las medidas sanitarias, serán factores que eventualmente pueden jugarle muy en contra.

Por el lado de Juntos por el Cambio, sin tener ninguna virtud o propuesta atractiva para exhibir, su estrategia tiene un pilar casi excluyente: que todo se agrave día tras día. Cuanto mayores sean los daños del Covid sobre la salud y la vida de las personas, habrá para ellos/as un potencial motivo de beneficio electoral.

También lo habrá, al menos en el plano de los cálculos cínicos, si se mantienen o agravan los daños sobre las economías familiares, los puestos laborales y la actividad productiva en general.

Pero además, la ultraderecha de la coalición opositora, sector encabezado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, desearían en lo posible algún tipo situación descontrolada o violenta que altere lo que suele denominarse “el orden público”.

Por eso han apoyado y promovido desde el comienzo las manifestaciones contra el gobierno que se convirtieron en una de las primeras fuentes de propagación del virus desde el 25 de mayo del año pasado -las mal llamadas “marchas anticuarentena”-, hasta las protestas sediciosas de la Policía bonaerense, en septiembre pasado, frente a las residencias del presidente Fernández y del gobernador Axel Kicillof.

Los/las cambiemitas representan, en el nivel político-partidario y de la disputa institucional, los intereses de los poderes permanentes o de facto, es decir los que no están sometidos al voto ciudadano, como las corporaciones económicas, mediáticas, judiciales, etc. Por eso, la campaña electoral combina la actividad de los/las dirigentes políticos propiamente dichos con el accionar corporativo. Un solo ejemplo reciente en materia comunicacional: el amable diálogo televisivo entre Macri y la conductora Juana Viale.

El gobierno nacional y el Frente de Todos, por su parte, cuenta con la posibilidad de tomar decisiones desde sus espacios institucionales en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, y así tratar de convocar al voto ciudadano.

Pero por lo dicho en los párrafos previos, no solo tiene que dirigir los esfuerzos del conjunto de la sociedad para enfrentar la pandemia y procurar, en general, las posibles soluciones a problemas de todo tipo que enfrenta el país, sino que además debe soportar la desestabilización de la ultraderecha y el sabotaje corporativo.

Por eso tiene un desafío extremadamente difícil, en esta elección en pandemia que es muy distinta de cualquier otra.