Hoy se celebra la segunda y definitiva elección presidencial en Perú. Se la considera la campaña electoral con mayor polarización estructural y antagónica del período democrático.

Las voces hegemónicas disparan como si fuera una tensión entre comunismo y democracia; algo tan poco creíble, como la opinión decadente de Mario Vargas Llosa al decir que Keiko Fujimori representa la libertad y el progreso, y Pedro Castillo la dictadura.

Lo cierto es que Pedro Castillo es el favorito en el ámbito rural, fuera de Lima y en los sectores marginales; mientras Fujimori lo es en la capital y en las clases altas y medias.

Ambos llegaron a la segunda vuelta con coaliciones poco estables.

A la candidata la acompaña una derecha decidida a preservar el orden jerárquico de la vieja república aristocrática. República amenazada por su pésimo desempeño económico y por el endémico desprestigio y volatilidad de políticos sin escrúpulos, carentes de legitimidad popular.

Alrededor del gremialista y maestro rural, se nuclea una agregación de movimientos sociales y de sectores dispersos que vienen demandando modificaciones sustanciales para la ampliación de derechos, pero que hasta aquí no lograron unificar un campo común de acción.

Están quienes sostienen que el pase a la segunda vuelta de Castillo fue más la expresión de un estado de ánimo que el triunfo de un plan de gobierno. Sin embargo, su propuesta de avanzar en una nueva Constitución que contemple un Estado que compita con empresas privadas, intervenga y controle los principales recursos naturales, entusiasma a muchos y asusta a otros tantos.

Si la incertidumbre rodea a este nuevo referente, lo que representa su contrincante está más que probado.

Se sabe que el latiguillo de la corrupción es un dispositivo de la política injerencista de los Estados Unidos en América Latina, como lo acaba de denunciar Manuel López Obrador para México; pero en el caso de Perú, la opinión ciudadana consultada por las encuestadoras la señala como el principal problema de gobernabilidad.

En ese país la investigación sobre la empresa Odebrecht ya se cargó a varios congresistas y presidentes interinos, el suicidio de un ex presidente -Alan García- y a la candidata actual que está siendo investigada por lavado de activos.

A pesar de ello, nadie le exige a Keiko Fujimori respuestas ni que desista de su promesa de indultar a su padre condenado precisamente por corrupción y por crímenes de lesa humanidad por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. A lo que debería agregarse, el plan de esterilizaciones forzadas implementadas por sus ministros de Salud. Crímenes que aún continúan impunes.

Se estima que entre 1995 y 2001 se realizó forzadamente la ligadura de trompas a 272.028 mujeres y la vasectomía a 22.004 hombres, en su mayoría indígenas. Hasta el momento el Ministerio Público ya sustentó 1.312 denuncias ante el Poder Judicial, de las cuales cinco son víctimas mortales.

El juicio se viene dilatando con la esperanza de que este domingo gane su hija quien desconoce la criminalidad de los hechos y califica a la macabra práctica como parte de “un plan de planificación familiar”.

Si gana Fujimori, tendrá una mayoría en el Congreso que la sostenga, pero tendrá medio país, sobre todo el sur, en las calles y con Castillo como referente popular en ascenso, legitimado por su condición externa al sistema tradicional de partidos.

Si en cambio, lograr imponerse este último, tendrá una oposición devastadora en los poderes fácticos y un congresomulticlientelizado en el que se usarán las prerrogativas constitucionales para bloquear al Ejecutivo

Esta vez en Perú, no sólo se decidirá sobre la continuidad del modelo socio económico, también será un referéndum sobre la vigencia de las élites políticas que dominan la opinión pública, escribió el periodista peruano Jonathan Castro Cajahuanca. En espera quizás, de suelos más fértiles para una nueva política