El policía Luis Oscar Chocobar fue condenado por el Tribunal Oral de Menores número 2, a dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para ejercer sus funciones, tras considerarlo autor del "homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber" en perjuicio de Juan Pablo Kukoc de 18 años.

El expresidente Mauricio Macri y la líder del Pro, Patricia Bullrich, repudiaron públicamente el fallo y reclamaron la absolución del efectivo que mató por la espalda al delincuente, mientras escapaba tras asaltar a un turista.

El CELS, la APDH y la querella que representa a la familia de la víctima también rechazaron la exigua condena alegando que ‘Cuando la policía asesina con un arma letal a una persona que no era una amenaza a su vida o a la de terceros, se produce lo que el sistema interamericano de DDHH considera una ejecución extrajudicial. Estas prácticas están prohibidas y sus responsables deben ser sancionados’.

En el juicio se pudo demostrar que ni la vida de Chocobar ni la de otra persona estaban en peligro cuando éste decidió disparar repetidas veces. ¿Gatillo fácil, entonces?

La propuesta de exterminar al delincuente y proteger al policía para darle mayor eficiencia al combate del delito actúa como una ideología de Estado. El macrismo convirtió al efectivo en un ícono de este nuevo paradigma y pudo con ello relatar a su manera, el problema de la inseguridad y las deficiencias reales y graves que el sistema carga desde hace varias décadas.

Este relato fue y sigue siendo exitoso al momento de ganar apoyo en ciertos sectores de la sociedad. Una confrontación que le ha permitido al Pro y a otras versiones de la derecha, cuestionar directamente la filosofía y cultura de los Derechos Humanos, degradar a sus referentes como defensores de delincuentes -antes ‘subversivos’, hoy ‘chorros’- e imponer una justicia clasista.

A través de esta elaboración discursiva se esconde un cuestionamiento más profundo. Relatar la inseguridad como un problema de debilidad y permisividad frente a la delincuencia por parte del poder judicial y/o del Estado, ofrece también una alternativa ideológica para proyectar retrospectivamente y terminar sino revindicando al menos relativizando, el pasado terrorismo de estado y las condenas a sus responsables

En el centro de la disputa por un modelo de seguridad que tenga en cuenta derechos y garantías constitucionales y otro que sobreactúe el poder de fuego, se esconde la intención por asegurar el monopolio de la violencia (estatal) como exclusivo mecanismo de coacción frente al conflicto distributivo. En fácil, asegurar la defensa de la propiedad privada antes que la vida de las personas.

La muerte de Kukoc se suma a la de Rodolfo Orellana que en medio del desalojo policial fue alcanzado por una bala que le ingresó por la espalda; de Marcos Soria, golpeado por la policía cordobesa y al escapar recibió un disparo por la espalda; de Nahuel Sala que al esquivar con su moto un control de la gendarmería fue baleado por la espalda; de Francisco Burgos que con 12 años murió de un tiro en la nuca cuando la policía tucumana lo confundió con un sospechoso; de Rafael Nahuel en Villa Mascardi y sigue.Según la Correpi unas 1.300 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, a razón de una cada 21 horas.

La lógica de la vendetta en ausencia de justicia está sostenida en ciclos interminables de homicidios que envuelven a las partes afectadas, escribió la actual ministra de seguridad Sabrina Frederic. Esta sentencia judicial ¿convalidó esta lógica?

Aun si la respuesta a esa pregunta fuera en positivo, la derecha esperaba otra cosa. El apoyo recibido por el policía en la calle y en medios de comunicación aspiraba a la consagración absolutoria de este personaje y con ello un triunfo político sobre la cultura y organismos de derechos humanos. No lo lograron. El héroe de Bullrich y de Macri fue encontrado culpable y condenado.