Le va llegando al hombre y a la mujer de a pie un debate interno en el seno del Frente de Todos (FdT) acerca de temas económicos, entre otros.

Como a una familia empobrecida, quienes la conducen comienzan a deliberar qué pueden hacer para sufragar sus requerimientos, con el menor número de necesidades insatisfechas posibles.

Argentina es un país que carece de crédito internacional, como para solventar las grandes obras de infraestructura y de financiamiento industrial. Lo vaciaron en la anterior administración neoliberal, atando de pies y manos cualquier intento para superar las dificultades que trajo la pandemia y las que naturalmente se producen en todo país dependiente para poder diseñar y llevar adelante un desarrollo económico social independiente.

Varios ex dirigentes, algunos de los cuales formaron parte del elenco gobernante de Néstor Kirchner, ya han formulado públicamente sus diferencias con la forma de encarar la situación económica por parte del ministro Guzmán.

Desde esa perspectiva crítica se afirmaque ningún gobierno peronista ajusta sus cuentas macroeconómicas como lo está haciendo el actual ministro.

No creo que sea así. Con Perón en el gobierno, en el año 1951 y bajo la administración del economista Gómez Morales y luego de dos malas cosechas, se emprendió un programa de ajuste que intentó controlar la inflación. Y seguramente habrá otras situaciones como el “Rodrigazo”, que están aún frescas en la memoria colectiva que condujo a los mismos objetivos.

El ajuste fiscal actual, si es que puede llamarse así, se da en el marco de la negociación con el FMI y otros acreedores internacionales cuyo arreglo depende en gran parte del apoyo que, en ese sentido, el gobierno argentino les está solicitando a varias potencias por parte del propio presidente Fernández con su ministro Guzmán, en gira. No hay demasiadas opciones. O piden ayuda para mejorar las condiciones de financiación de la deuda con el FMI o nos limitamos a hacer la “nuestra”, quedando pagando ante los países amigos que se arriesgaron a dar su apoyo frente a las contradicciones que nosotros mismos parecemos acometer. Sin crédito internacional y estando en marcha la solicitud de mejores condiciones de pago ante los acreedores actuales, solo nos queda mostrar, junto a nuestra buena voluntad de buenos pagadores, que la administración sea austera. Ante esta actitud no están condonadas las acciones judiciales iniciadas por el presidente Fernández contra la administración fraudulenta que del empréstito hizo Macri.

Me pregunto si es posible la gobernabilidad nacional y popular que ganó las elecciones si no se administra racionalmente, pese a que también se podría pensar que la gobernabilidad depende de la situación social que parece difícil de asistir y mejorar con solamente los recursos asignados y disponibles.

Fuera de estas clásicas medidas, el gobierno ha atendido la situación de los sectores marginales, cada vez más numerosos, con medidas acertadas de asistencia alimentaria, subsidios a la maternidad e infancia, gratuidad de la dación de medicamentos por parte del PAMI, y otras medidas que atienden la generación de empleo y la accesibilidad a los servicios públicos de educación y salud, mediante su gratuidad, así como el control del incremento de las tarifas de los servicios esenciales de luz y gas.

Cabe reconocer no obstante que otros servicios como los de telecomunicaciones han sido desbordados por la codicia empresarial que incrementó las tarifas pese a la normativa oficial que lo impedía. Casi lo mismo cabe decir del nivel de los precios de los alimentos, cuyo oligopolio fuera del control estatal está haciendo estallar los presupuestos familiares de una amplia mayoría de nuestra población.

Otras diferencias aguardan las elecciones de medio tiempo para probar la factibilidad de su aplicación. Me refiero a decisiones trascendentes como pudo serlo en su oportunidad la frustrada estatización de Vicentin, y de las vías navegables del Paraná cuya concesión está a punto de vencer y por donde se escurren enormes beneficios económicos por vía del contrabando, la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones y otros mecanismos que se supone que en manos del Estado serían recursos aplicados al bienestar público.

Finalmente, la reforma judicial es el otro capítulo de enorme trascendencia que deberá iniciarse en la actual administración y no por proteger a ninguna figura del mundo político, sino por la absoluta necesidad de restablecer, cómo se debe, el Estado de Derecho en la república.

Entonces, está bien el debate. Que el peronismo, como tantas veces se ha dicho, cuando discute los cursos de acción de sus gobiernos se parece a un gallinero muy belicoso, pero acordado un camino a seguir, la unidad surge como la obtención del objetivo buscado.

Que así sea.