Tomando la expresión “frente” en el sentido de un espacio antagónico (físico o simbólico) que separa a las partes en un combate o en un conflicto, el gobierno de Alberto Fernández, junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner y la coalición política oficialista en general, están obligados a dar pelea en muchos y muy distintos frentes.

El más urgente ha sido y es adoptar constantemente medidas ante la pandemia del Covid-19, lo cual ha consumido durante todo el actual periodo gubernamental -excepto los tres primeros meses, de diciembre/19 hasta marzo/20- la mayor parte de la energía política y la necesidad urgente por conocer las razones científicas y técnicas que pudieran ser, eventualmente, más apropiadas para atenuar la gravedad del problema.

Pero eso mismo, y como queda en evidencia cada día más, los cuidados contra el virus conllevan el surgimiento de conflictos múltiples en toda la sociedad, afectada de una manera u otra por las restricciones sanitarias. Por mencionar los ejemplos más obvios: trabajadores/as que pierden momentánea o definitivamente sus empleos; comercios y empresas que sufren la disminución o paralización de su actividad; desórdenes en la vida hogareña por la interrupción de las clases educativas como eran “antes” (cuando nadie debía aclarar que eran “presenciales”) y su reemplazo por clases virtuales, siempre y cuando las familias cuenten con conectividad y un mínimo equipamiento informático, y destrezas básicas para realizar las tareas pedagógicas en tales condiciones.

Simultáneamente, la oposición mediática (la casi totalidad de las cadenas televisivas, radiales y de medios digitales y gráficos) y político-institucional (Juntos por el Cambio y otros grupos de menor gravitación) despliegan una estrategia de salvajismo feroz para boicotear las restricciones sanitarias e incluso llamar a “resistir” y desobedecerlas, de modo que cuanto más sean las personas contagiadas y muertas, puedan acusar al gobierno como responsable de la tragedia.

Derivado de ese salvajismo feroz, también la oposición mediática y la política-institucional han hecho y hacen todo lo que está a su alcance para que fracase el plan de vacunación. Si no tuvieron un “éxito” completo al intentar generar desconfianza hacia las vacunas, el paso siguiente fue/es acusar al oficialismo de no haber comprado las dosis suficientes.

Ocultan que las sustancias inmunizantes son acaparadas por los países y laboratorios más poderosos del planeta, y de paso aprovechan para propagandizar a la vacuna Pfizer, empresa que quiso imponer condiciones aberrantes que el gobierno argentino no aceptó. Quizás promocionen a ese laboratorio por su propio sometimiento ideológico a todo lo que provenga de Estados Unidos, o quizás porque reciben dinero para hacerlo.

Contra todo ello, el presidente y otros/as dirigentes del Frente de Todos (FdT) deben dedicar buena parte de sus acciones políticas y comunicacionales a tratar de contrarrestar las maniobras y los discursos destructivos y desestabilizadores.

La obligación de enfrentar la pandemia determinó además, desde el comienzo, una inversión y esfuerzos estatales gigantescos para fortalecer y en parte reconstruir el sistema de salud, y a la vez contribuir con ayudas económicas a los grupos sociales o sectores productivos más perjudicados

Oposición judicial

En el casi año y medio que llevan en la conducción del país, Fernández y el FdT en su conjunto también han sufrido una férrea oposición corporativa de la fracción dominante del Poder Judicial. Cualquier decisión que adoptan las autoridades nacionales puede ser frenada o anulada por decisión de un juez, una cámara de apelaciones o la propia Corte Suprema de Justicia.

Y aunque no tienen carácter de resolución o sentencia de cumplimiento obligatorio, el sabotaje a las medidas del gobierno también puede provenir de los dictámenes de un/una fiscal, y/o de la máxima autoridad de todos ellos/as, es decir el Procurador General de la Nación, que es el titular de lo que jurídicamente se denomina “Ministerio Público Fiscal”.

El caso más alevoso y violento donde el aparato judicial se atribuyó mayores poderes que el de los/las representantes elegidos por el voto ciudadano, fue la resolución que adoptó la Corte Suprema a comienzos de este mes, mediante la cual invalidó la atribución del Poder Ejecutivo Nacional para suspender las clases presenciales en la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) como una de las medidas para evitar la circulación de personas y de ese modo contribuir a que se redujeran los contagios y muertes por Covid.

Otra situación que mostró la capacidad de sabotaje judicial contra decisiones del gobierno de la Nación, fue la medida cautelar a favor de la empresa Telecom (que es parte del Grupo Clarín) para dejar sin efecto artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el año pasado declaró “servicios públicos esenciales” a la telefonía celular y fija, el acceso a Internet y la televisión paga. La resolución, adoptada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires, le concede impunidad a Telecom (al conglomerado Clarín, en última instancia) para fijar las tarifas a su antojo, sin que puedan ser reguladas por la autoridad pública.

Un hecho más, indicativo de las peleas que tiene que afrontar el oficialismo nacional contra el poderío judicial, fueron las decisiones del juez de la quiebra en el caso del grupo empresarial Vicentin que, en 2020, impidió llevar a cabo la intervención de las compañías y el plan de salvataje dispuesto por el presidente Fernández para mantener en funcionamiento la actividad productiva, sostener los puestos de trabajo, y resguardar el cobro de sus acreencias a los agricultores que le vendieron su producción a esa firma pero no recibieron el pago correspondiente, así como al Banco Nación y otras instituciones financieras también acreedoras y estafadas.

Devastación socio-económica

Lo que más claro tenía el Frente de Todos -igual que millones de argentinos y argentinas- desde la elección de 2019 y luego, al asumir sus funciones, era la necesidad de recuperar  económica y socialmente al país luego de la devastación perpetrada en los cuatro años previos por el régimen de derecha que encabezó Mauricio Macri.

En ese “frente de combate” el oficialismo se empeñó desde los primeros días, particularmente en la gravedad del drama social y humanitario. Así, en las primeras semanas de gestión lanzó el plan “Argentina contra el Hambre” y creó la tarjeta “AlimentAR”, como forma de ayuda a familias que no alcanzaban -y no alcanzan- a cubrir las necesidades nutricionales indispensables.

Sin embargo, la pandemia hizo que siempre resulte poco cualquier aporte monetario, directo o indirecto, de fondos públicos a los sectores más necesitados de la sociedad. Además, en la medida en que gran cantidad de ramas de la producción o los servicios -durante los meses del aislamiento estricto fueron casi todas, actualmente son muchas menos y más focalizadas- fueron afectadas por restricciones de carácter sanitario, la ayuda estatal se hizo indispensable no solo para gente humilde sino también de clases medias y de múltiples sectores sociales.

Pero en cuanto al poder adquisitivo de los ingresos de la población, el gobierno y el conjunto de la sociedad vienen perdiendo una pelea tremendamente difícil que es la de la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril (+ 4,1%) indica que, comparado con igual mes del año pasado, el promedio de aumentos fue del 46,3%. Así, los salarios, jubilaciones y asignaciones universales siguen quedándose atrás.

La inflación en Argentina es uno de esos problemas donde nunca se conocen fehacientemente sus causas y motivaciones. Sin embargo, a veces la opinión pública puede acceder a información esclarecedora, como la que surge de una investigación periodística de Alfredo Zaiat publicada a principios de este mes en Página 12, titulada “Molinos, Arcos y Ledesma: ganadores en la pandemia”.

Allí se afirma que “los últimos ejercicios económicos anuales, correspondientes al terrible 2020, de tres de los más importantes grupos económicos” fabricantes de alimentos en el país, “muestran que han ganado mucho dinero en el año de la pandemia, recuperándose así de las pérdidas registradas durante los dos últimos años de recesión del gobierno de Macri”. (Nota del 02/05/21). 

Deuda Impagable

Otro asunto estrictamente “económico” -aunque sus consecuencias se sienten directamente en la vida social- que se convirtió en un obligado frente de combate que el oficialismo debió encarar necesariamente, es el endeudamiento impagable que dejó Macri.

El gobierno buscó de entrada, y logró en agosto de 2020, un acuerdo con el sector privado -bancos, fondos de inversión, etc.- por la deuda externa emitida bajo legislación extranjera. La ardua negociación, ejecutada con pleno aval presidencial por el ministro de Economía, Martín Guzmán, concluyó con una reestructuración del 99% del pasivo involucrado.

Ordenada esa parte de la herencia recibida, Alberto Fernández y el equipo económico iniciaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina le debía a esa institución cero dólar (U$S 00,00) cuando el macrismo llegó al gobierno, debido a que Néstor Kirchner había cancelado el total de la deuda en enero de 2006. Pero en solo un año, desde julio/2018 hasta agosto/2019, el Fondo le entregó a Macri 44.500 millones de dólares. Eso es lo que hoy se le debe, más los intereses.

El propósito de sumar apoyos internacionales para tratar de llegar a un acuerdo aceptable con el FMI, fue el principal motivo del viaje que el presidente argentino realizó la semana pasada por países de Europa. En la ocasión se reunió con las máximas autoridades de Portugal, España, Francia e Italia, así como con el papa Francisco e inclusive con la directora gerenta del propio Fondo Monetario, Kristalina Georgieva.

En su recorrida, el mandatario nacional recogió gestos y expresiones halagüeñas. Pero la negociación sigue y con el correr del tiempo se podrá apreciar cuánto de grandes son las distancias entre los dichos y los hechos.

Mientras tanto, el gobierno está obligado a dar peleas en todos los frentes. Ante todo, tomar decisiones para aliviar la tragedia del Covid, enfrentar el sabotaje de la oposición mediática y política contra las medidas sanitarias, y también el boicot de la Corte Suprema al menos en el caso de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires.

Como prioridad absoluta en el tema, debe realizar constantes esfuerzos de negociación para conseguir vacunas dentro de una lógica de poder mundial donde los países y laboratorios poderosos acaparan y especulan.

Al mismo tiempo, tiene que resolver urgencias sociales derivadas de la devastación macrista y agravadas por la pandemia, ocuparse de la hasta ahora indomable inflación, y negociar mejores condiciones para afrontar una deuda externa impagable.

Por si todo lo anterior (que es apenas un rápido e incompleto listado) fuera poco, cualquier decisión gubernamental en asuntos que afecten a los poderes corporativos puede ser invalidada desde el aparato judicial antidemocrático.

Y una mención final: el gobierno y el Frente de Todos tienen que tratar de obtener el mejor resultado posible en las elecciones legislativas de este año. Actualmente tiene cómoda mayoría en el Senado, pero está en minoría en la Cámara de Diputados. En esta última, todo se le hace muy difícil al oficialismo.