En el reciente Foro de Inversiones y Negocios realizado en Buenos Aires, más conocido como el “mini-Davos”, el ministro Prat Gay sostuvo que “las paritarias se cerraron, en promedio, con mejoras salariales del 2,5% mensual. Esto quiere decir que cada mes que la inflación resulta inferior a 2,5%, el poder de compra de los salarios mejora”. El ministro no toma en cuenta el salto inflacionario del primer semestre con su correspondiente deterioro salarial. En otras palabras, pretende que esa pérdida del salario real actual sea definitiva, mientras le da un rotundo no al pedido de las centrales obreras de reabrir las paritarias.

Analicemos los números de Prat-Gay: si el promedio de aumento salarial de los convenios colectivos fue el 2,5% mensual, significa que establecieron una mejora nominal del 34,5% anual. Con respecto a la inflación, tomando los índices de precios elaborados por técnicos afines al gobierno -el de la ciudad de Buenos Aires desde enero hasta abril y el del INDEC a partir de entonces-, en su expresión más favorable para el ministro (por ejemplo, 0,2% para agosto y no el 1,7%, el índice de precios “desestacionado” oficial), la inflación acumulada hasta agosto es del 31%, con lo cual ya estaría prácticamente absorbido el aumento de las paritarias. Si suponemos que a partir de setiembre y hasta diciembre se mantiene alrededor del límite fijado por el ministro, el 2,5% mensual, la inflación del año sería del 44,35%.

Aceptemos como hipótesis esa cifra del 44,3% como inflación anual, aunque resulta difícil de creer porque la suspensión en el ajuste de tarifas de los servicios públicos que “beneficiaron” al índice de precios de agosto afectará a los próximos meses y, además, influirán las paritarias de los sectores que firmaron acuerdos semestrales, los reclamos de devaluación del peso por parte de sectores muy influyentes, y los aumentos de precios tradicionales de fin de año.

Esto significa que, con los supuestos más favorables, habrá una pérdida del salario real del 10% en un año, algo similar al recordado intento del gobierno de De la Rúa en el año 2001, que pretendió disminuir entre el 8 y 10% los salarios públicos y las jubilaciones.

No es casualidad. Los números del ministro confirman algo sabido: la búsqueda de “apertura”, “competitividad” y de “mayor eficiencia” del trabajo argentino, es una forma elegante para decir que hay que bajar los sueldos y jornales. Para ello es preciso que la suba de precios de los bienes sea superior al aumento nominal de los salarios, con su correspondiente caída del salario real.

Los despidos de empleados públicos a principios de la gestión tuvieron como objetivo disciplinar a la clase trabajadora y dar una señal clara al sector privado de cómo bajar los costos. El casi 10% de desocupación actual no es casualidad, sino el cumplimiento de ese objetivo político de bajar los sueldos en dólares para lograr la “competitividad” de la producción nacional y su inserción en el mercado mundial. Claro que el menor ingreso real de la mayoría de la población repercutió en menos consumo y menos producción. La recesión actual, con una caída mínima del 1% del PBI y un enorme costo social, es consecuencia de la misma política.

Los números del ministro pueden haber caído muy bien a los ejecutivos de las empresas trasnacionales reunidos en el “mini-Davos”. Pero deben sonar muy mal para la mayoría de la población, formada por trabajadores -en actividad o desocupados-, jubilados, profesionales y pequeños y medianos empresarios, cuyos ingresos dependen de la evolución del mercado interno. En manos de esa mayoría está la posible respuesta a los números del ministro.