Con la segunda ola en marcha y en ascenso, y con casos ya detectados en la jurisdicción de las variantes del coronavirus de Manaos, Río de Janeiro y Reino Unido, Neuquén es la única provincia que tiene un conflicto de magnitud con trabajadoras y trabajadores del sector Salud.

¿Es una casualidad? No. Es consecuencia directa de una forma de gestionar con dosis de soberbia, característica en diferentes gobiernos del MPN, que se transforma en un antifaz. Es un camino que los lleva a ignorar las señales prematuras que presentan los conflictos en sus diferentes etapas mientras toman volumen hasta su explosión final.

En la puja de Salud aparece una característica adicional al reclamo por mejoras salariales, entre otras peticiones, y es que las bases no se sienten representadas por la propia estructura sindical, un problema que no es actual pero que emerge con fuerza en este conflicto. Y esta especial condición torna más complejas las instancias de negociación, por lo que será más difícil encontrar una salida si se insiste en reducir el conflicto a una interna del gremio ATE o a un “intento desestabilizador”, como argumentó ayer el oficialismo. En vez de serenar, este tipo de explicaciones funcionan como chorros de nafta en el fuego.

Al gobierno de Omar Gutiérrez se le escapó la tortuga en este conflicto y la prueba es que el canal de diálogo, a esta altura completamente lleno de ruido, no lo abrió ninguno de sus ministros o ministras, sino que llegó del lado del Poder Judicial, a través de la fiscalía general que ocupa José Gerez, un funcionario que ascendió de la mano del exgobernador Jorge Sapag y del fallecido ex intendente de la capital Horacio Quiroga.

La de Gerez se parece a la intervención de un bombero que llega al lugar del incendio cuando las llamas están descontroladas. Y su rol tiene una inevitable lectura política: detrás de la gestión de buenos oficios se puede ver la mano de su mentor y principal “asesor” del gobierno, accionada cuando se puso en riesgo la vaca sagrada del petróleo y del gas por los cortes de ruta en la zona caliente de la economía provincial.

Para próximos eventos de características similares, el MPN podría proponerse como objetivo resolver los problemas de Salud o de Educación con el mismo entusiasmo y apelando a los reflejos que demuestra tener cuando aborda los conflictos que se presentan en la industria de los hidrocarburos. Sería una versión de un MPN comprometido con una gestión más equilibrada en los esfuerzos, sin hijos ni entenados.

Los números ayudan a mirar un poco más cerca este conflicto. Para el 2021, el presupuesto contempla un gasto en Salud por habitante igual al del año anterior, 34.030 pesos, y el monto final subió 23,6%, menos que la inflación anual. Los recursos del 2021 sumarán 27.923 millones, que es una cifra inferior a los 31.200 millones de pesos que se irán en pago de capital a intereses de la deuda y a los 31.606 millones de la nueva deuda autorizada para este año.

Y en cuanto a los sueldos, el punto neurálgico de este reclamo, la pauta saltó de 15.800 millones de pesos a 19.500 millones entre un año y otro. Se trata de un aumento del 23,4%, es decir un 12,2% menos que la inflación del 2020.

Ayer, sobre el cierre de la tarde y con 14 cortes de ruta en toda la provincia, apareció la “asignación Covid”, el nombre de mal gusto con el que el gobierno bautizó el pago de una suma adicional a los aumentos ya acordados, de 30 mil pesos. Se abonará en tres cuotas mensuales a partir del próximo viernes y es, como dijo el ministro de Economía Guillermo Pons al difundir la propuesta, “en reconocimiento por la labor que realizaron durante el año pasado”.

Si el músculo atrofiado del gobierno se hubiera activado a tiempo, el reconocimiento fluía naturalmente. Y de ese modo, en un clima de respeto auténtico al esfuerzo que están realizando en medio de la pandemia, los trabajadores y trabajadoras de Salud no hubieran sentido por parte de la gestión que son esenciales pero no prioritarios.