Las señales de alarma por la llamada “segunda ola” del Covid en Argentina suenan por todos lados. La primera de esas señales son los datos diarios sobre cantidad de personas que se contagian y de las que mueren a causa del virus. La tragedia acostumbra a percibir semejante realidad como números y no como seres humanos.

Pero con solo los “datos” y “cantidades” ya debiera ser suficiente para provocar una fuerte cohesión social y política en torno de los cuidados, restricciones de actividades y/o de circulación de personas, y cualquier forma de prevención o al menos disminución de riesgos frente al avance de la enfermedad. Sin embargo, no es así en modo alguno.

Ya pasó más de un año de la llegada del coronavirus al país y del comienzo de lo que fue la etapa más sacrificada para toda la sociedad como forma de enfrentar la pandemia -el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) que comenzó el 20 de marzo de 2020-. En la actualidad, es muy diverso el comportamiento de distintos grupos de la población ante la tragedia del Covid, y en determinados sectores su actitud es socialmente peligrosa y eventualmente suicida. (La semana pasada reprodujo un revelador artículo de Página 12 titulado “Una mirada psicoanalítica sobre quienes eligen no cuidarse en pandemia”. Nota del 06/04/21). 

Simultáneamente, la oposición mediática y político-institucional (Juntos por el Cambio y otros espacios de derecha o ultraderecha) arremeten a tiemplo completo con un salvajismo feroz para que haya más contagiados y más muertos, y de esa forma echarle la culpa al gobierno y sacar rédito político-electoral.

Por el contrario, las personas, organizaciones e instituciones que están minuto a minuto atendiendo a las/los enfermas/os y, en los casos más graves, tratando de salvar la vida de las/los pacientes afectadas/os por el Covid, intentan mil maneras de que el conjunto de la sociedad comprenda la gravedad de la situación.

Una de los más recientes pronunciamientos públicos en ese sentido fue realizado este sábado por la totalidad de los organismos y entidades responsables o prestadores del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, y los sindicatos de las/los trabajadoras/es involucrados en los servicios de la sanidad. El comunicado conjunto se titula “El sistema de salud tiene un límite”.

Algunos de los conceptos más importantes allí expresados, son los siguientes: (comienzo de cita) “Como representantes de la salud del subsector público, privado y de la seguridad social queremos expresar nuestra más profunda preocupación por la tensión que enfrenta nuevamente el sistema de salud argentino frente a la segunda ola de Covid-19. El vertiginoso aumento de contagios afecta a todo el territorio nacional, pero principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que integran la ciudad autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, La Plata y alrededores, constituyendo un mismo entramado sanitario. (...)

“Acompañamos las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional que fijan un punto de partida para intentar frenar los casos, pero estamos convencidos que, en este escenario de emergencia sanitaria, es necesario tomar medidas más drásticas para reducir la escalada en la trasmisión (del virus) de manera rápida y contundente. A este ritmo, no hay sistema de salud que aguante.

“Hacemos un llamado a la solidaridad y responsabilidad de toda la sociedad, para respetar los cuidados necesarios, y reducir al máximo las salidas y los contactos con otras personas. Medidas efectivas y cumplimientos masivos es el único camino para controlar la situación, antes de que sea tarde.

“El sistema de salud tiene un límite y, con el correr de los días, vemos que estamos cada vez más cerca de alcanzarlo. (…)” (Fin de la cita).

Firman la declaración, entre otros, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires; IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial, que es la obra social de los/las trabajadores/as activos/as y jubilados/as del Estado bonaerense); PAMI; empresas de medicina prepaga como Swiss Medical y OSDE; obras sociales como Osecac; la Federación de Clínicas de Buenos Aires (Fecliba); y gremios como el Sindicato de Salud Pública, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud “Cicop” (Coordinadora Interhospitalaria de Conurbano y Provincia, que es el sindicato de médicos y demás profesionales de hospitales públicos), ATE y UPCN. (Se puede acceder al texto completo y sus firmantes en la página web de IOMA, posteo del 10/04/21).

Por necesidad o por decisión

La propagación alarmante del Covid en Argentina -sin tener en cuenta en este comentario a cualquier otro país del mundo, ni siquiera a naciones vecinas que están en peor situación que la nuestra- se produce en forma paralela a la profundización de conflictos políticos y económicos donde por un lado se encuentra el gobierno nacional con apoyo de una parte considerable de la sociedad, y enfrente se posicionan las corporaciones -fundamentalmente las empresariales, mediáticas y judiciales- y su representación político-partidaria (Juntos por el Cambio y otros grupos de menor peso), también con cierto respaldo en determinadas bases sociales.

El presidente Alberto Fernández y el conjunto del Frente de Todos se encuentran disputando hoy, por necesidad/obligación o bien por decisión, verdaderas “batallas” en los más diversos asuntos de la tarea gubernamental. En primer lugar tomar decisiones ante el agravamiento de la tragedia del coronavirus, y simultáneamente atender e intentar resolver, al menos con medidas paliativas, la profundización de los daños laborales, sociales y económicos que la pandemia provoca.

Además, también dentro de aquello que debe hacer por necesidad/obligación, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, lleva adelante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para establecer alguna forma de acuerdo en torno de la deuda impagable heredada de la gestión de Mauricio Macri. Esa tarea se realiza por momentos con declaraciones y/o gestos que toman estado público, y al mismo tiempo con cierto deliberado sigilo y reserva que son propias de ese tipo de negociaciones.

Pero por otro lado, y aunque en parte tiene vinculación con lo anterior, últimamente el oficialismo ha tomado la decisión de encarar otro tipo de “batallas”, de las cuales prescindió en el primer año de gestión fundamentalmente por el surgimiento de la pandemia y, en consecuencia, la postergación o indefinición sobre cómo encarar diferentes consecuencias de los cuatro años del anterior periodo gubernamental (2015/2019).

Hay dos asuntos que se destacan en ese sentido. Uno es haber resuelto investigar el pacto Macri-FMI que derivó en la descomunal deuda por casi 45.000 millones de dólares (solo con esa institución financiera). El otro tema es la decisión política de -al menos intentar- desmontar el aparato de corrupción judicial que fue uno de los pilares del régimen de derecha que encabezó Macri.

En ambos casos, el presidente y la coalición gobernante deben enfrentar a corporaciones locales y factores internacionales que poseen un poderío colosal. La voluntad de acometer semejantes desafíos no garantiza, a priori, ningún éxito en el resultado.

Pero a la inversa, sin dicha voluntad solo estaría asegurado que nunca pasaría nada, ni con el esclarecimiento de las estafas y delitos eventualmente cometidos por el macrismo al perpetrar el endeudamiento con el Fondo, ni tampoco con la impunidad y permanencia del aparato corrompido que constituye la fracción dominante del Poder Judicial. Como en todo, la decisión política no es condición suficiente pero sí necesaria. O, mejor dicho, imprescindible.

Anuncios y avances

La estrategia para investigar el pacto Macri/FMI, anunciada por Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, va tomando forma paulatinamente. Una novedad significativa es el reciente decreto presidencial que “instruye” el Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, “para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa (judicial formalmente denominada) ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. (Reporte de la agencia de noticias Télam, nota del 09/04/21). 

(Como información aclaratoria, puede destacarse que, según describe oficialmente el gobierno nacional, “la Procuración del Tesoro de la Nación es el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado”. En tal sentido, “representa o patrocina al Estado Nacional en juicios de relevante significación económica o institucional, cuando el Presidente de la Nación así lo determina, y por decisión del Procurador, en uso de una facultad delegada. (…) El Procurador del Tesoro es también el abogado de la República Argentina ante organismos jurisdiccionales o arbitrales extranjeros, y, en tal carácter, produce una opinión legal antes de la celebración de los convenios económico-financieros que la República Argentina celebra con otros países o con organismos financieros internacionales”. Más detalles, en la página web oficial del gobierno argentino). 

En cuanto a la decisión política de encarar reformas en el Poder Judicial, también anunciada por Fernández en su discurso del 1 de marzo en el Congreso, hasta ahora se conocen pocas precisiones acerca de cómo se avanzará en esa dirección pero hay una definición nítida del rumbo, expresada en el nombramiento de Martín Soria como ministro de Justicia. (El área institucional a su cargo, aunque normalmente se abrevia su denominación, es el “ministerio de Justicia y Derechos Humanos”).

En este asunto también la disputa tiene dimensiones gigantescas. El Judicial es el poder del Estado menos controlado por la ciudadanía -los cargos son vitalicios, sus miembros nunca deben disputar una elección mediante el voto popular-, es por ello el menos sometido al escrutinio público y el más proclive a la impunidad y los privilegios -por ejemplo, sus integrantes no pagan el impuesto a las Ganancias-, y del cual día a día se revela su profunda corrupción moral e ideológica.

Corrupción que no se refiere a la posición ideológico/política de sus miembros y está más allá de si tal o cual integrante de la judicatura robó dineros públicos -un concepto restringido de la “corrupción” y que el discurso dominante atribuye generalmente a “los políticos” y nunca a los integrantes de corporaciones- sino que se trata de una corrupción estructural, de fondo. No individual ni necesariamente referida a la apropiación indebida de fondos del erario.

Es la corrupción que se produce porque una parte de los miembros de ese Poder, más precisamente la fracción que ocupa los cargos clave y tiene la hegemonía dentro del sistema judicial, arrasaron las normas éticas y del Estado de Derecho en base a las cuales la estructura jurídica vigente les confiere, mediante un complejo sistema de reglas institucionalizadas legalmente, la función de prestar el servicio de justicia a la sociedad.

Y en este punto cabe hacer una mención -al menos- a que las revelaciones y el conocimiento social de los hechos delictivos o irregulares perpetrados por ciertos jueces y fiscales, se deben fundamentalmente a la labor de algunos/as legisladores/as y de medios informativos y periodistas independientes de las corporaciones y de los factores de poder extranjeros.

El gobierno resolvió presentar batalla contra la impunidad del macrismo y de funcionarios judiciales que causaron y causan violentos daños a la población y a la convivencia democrática. Los resultados de tamaños desafíos se verán con el correr del tiempo.

En el aquí y el ahora, lo que puede observarse son las decisiones y algunas medidas concretas para avanzar en ambos sentidos, en el mismo momento histórico en que el Covid-19 se expande de forma alarmante tanto en Argentina como en prácticamente todos los países del mundo.