Posiblemente el tema de política económica más importante del mes de marzo sea el anuncio del presidente Fernández de querellar penalmente a los responsables de la deuda contraída con el FMI. Por lo pronto, se ha desatado una maraña de información periodística contradictoria que puede desorientar al lector no prevenido. Esto justifica un rápido resumen de la situación:

Antecedentes. En el país hubo un descontrol de la deuda pública que, en la etapa contemporánea, se remonta a la dictadura de 1976, descontrol incrementado con la “convertibilidad” de Menem y De la Rúa, que terminó con el default del 2001. Costó mucho esfuerzo, durante el gobierno de Kirchner y los períodos de Cristina Fernández, con reestructuraciones y pagos en efectivo al FMI, ordenar esa situación y poder cumplir normalmente con las obligaciones contraídas. En diciembre del 2015 se entregó el poder con una deuda relativamente baja y vencimientos razonables.

Macri. Volvió a la política neoliberal que había llevado a la crisis anterior, flexibilizando y desregulando el comercio exterior y al mercado de cambios. El resultado fue el ingreso masivo de bienes importados (que atentaron contra la industria nacional) y de capitales especulativos (gran parte de residentes que lo habían “fugado” anteriormente), dando lugar a un endeudamiento creciente del estado; esta situación dio una apariencia de bienestar y crecimiento económico en el año 2017. Pero a principios del 2018 los acreedores vieron la fragilidad del sistema y procedieron a retirar sus capitales. La salida, para evitar un nuevo “default”, era terminar con la política de apertura y desregulación económico-financiera y plantear una reestructuración de deuda. Significaba para Macri la renuncia al neoliberalismo y el reconocimiento de su fracaso político.

En ese escenario, Macri recurrió al presidente Trump y, con su apoyo, al FMI; según confirmó en Chile Maurice Clever Carone (entonces asesor del Departamento de Tesoro y hoy presidente del BID, postulado para el cargo por Estados Unidos) “la razón del crédito no fue otra que ayudar a la reelección de Macri”. Un crédito de 50.000 millones de dólares otorgado en junio del 2018 fuera de toda norma y antecedentes. La improvisación se verifica al ver que sólo tres meses después se procedió a su reestructuración, elevando el crédito a 57.000 millones.

El aspecto legal: Según el informe del Banco Central conocido el 1 de marzo, se omitieron pasos esenciales que la ley obliga a seguir previos a la firma de una deuda de este tipo: informe de viabilidad del Ministerio de Economía, opinión previa del Banco Central, dictamen del jefe del Gabinete de Ministros, autorización del Poder Legislativo. Es decir, según el Banco Central, el préstamo fue contraído sin la previa intervención de los órganos competentes en la materia, ni con la información económica, financiera y jurídica necesarios para su celebración. Este informe dio lugar a que la Oficina Anticorrupción (OA) iniciara la acción judicial.

Destino del crédito: Según las autoridades anteriores, el monto recibido del FMI (44.490 millones de dólares de los 57.000 otorgados) se destinaron a 1) Pagar deuda pública en pesos; 2) Pagar deuda pública en moneda extranjera y 3) Cubrir el déficit fiscal.

Como se ha repetido en esta columna, deuda pública en pesos y deuda pública en moneda extranjera no son lo mismo: con la primera, al tener el estado la posibilidad de emitir dinero, siempre existe la posibilidad de pago, mientras que para la segunda se requieren divisas, que son un bien escaso para los países en desarrollo y son la principal restricción para el crecimiento económico. Utilizar deuda en moneda extranjera para pagar deuda en pesos es, más que un error, un desatino económico. Y lo mismo ocurre con el déficit fiscal, que también es en pesos y no en dólares.

Respecto a la segunda, la deuda en moneda extranjera, se trataba de deuda originada en colocaciones especulativas, que ganaban un alto interés para cubrir el riesgo que implicaba. Lo lógico, si no se podía pagar, era renegociar con ellas (como se hizo posteriormente con el endeudamiento remanente) y no endeudarse con el FMI para hacerlo.

Pero, en todos los casos, el destino final fue la fuga de capitales. Entre junio de 2018 y julio 2019 (fecha de la última entrega del FMI) ingresaron 44.490 millones de dólares y se “fugaron” 56.200 millones (Nicolás H. Zeolla en “Ámbito Financiero” del 10-3-21). Es decir, repetimos, el destino último del crédito fue la “fuga”; inclusive, como se sospecha que entre los “beneficiarios” están funcionarios y amigos del gobierno, es importante el levantamiento del secreto bancario pedido a la jueza para conocer el listado de los mismos.

Hay que recordar que el artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI dice expresamente que “…ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital…”. Por ello, la OA entiende que la conducta de los responsables se adecúa a la descripción típica del delito de malversación o peculado.

Acto político no judiciable: La principal defensa de los voceros del anterior gobierno es que la toma del crédito es un acto de política económica y que, por lo tanto, no está sujeto al control judicial. Sería similar al caso del dólar futuro o del memorándum de entendimiento con Irán, por los cuales la ex presidenta Cristina Fernández y colaboradores sufren cinco años de acoso judicial. Es importante que se entienda, aunque 5 años tarde, que los actos políticos no son judiciales, pero la diferencia está en que entonces se cumplió con todos los pasos legales para su realización (inclusive, en el caso del Memorándum, de la aprobación legislativa) mientras que en el de la deuda con el FMI, según el informe del Banco Central citado, no fue así. Precisamente, no se denuncia el préstamo en sí sino la falta de atribuciones legales para concretarlo y el destino ilegal dado a esos fondos.

En resumen, en el préstamo del FMI hay ilegalidad en la toma y en el destino de los fondos y los responsables deberán rendir cuenta de ello.