Varias novedades de los últimos días, en general con poca repercusión en el debate público, ratificaron una vez más el poderío explícito o potencial de la fracción de jueces y fiscales que formaron parte del régimen de derecha vigente hasta diciembre de 2019.

Esos sectores ocupan lugares determinantes en las estructuras más decisivas. Desde allí manejan espacios con capacidad e impunidad suficiente como para impedir la concreción de decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y aun decisiones de miembros del propio Poder Judicial que no integran los grupos corporativos.

Un ejemplo reciente es que dos exponentes de la fracción dominante han salido fortalecidos de los últimos nombramientos internos: se trata de Martín Irurzun y de Leopoldo Bruglia. El primero de ellos acaba de ser reelegido como presidente de la Cámara Federal -la más decisiva, la de Comodoro Py, por donde pasan los casos de mayor impacto político del país- y el segundo será vicepresidente.

Al informar minuciosamente acerca del tema, el periodista Ari Lijalad recordó días atrás que Irurzan “es autor de la doctrina para encarcelar a ex funcionarios kirchneristas”, mientras que Bruglia “fue puesto a dedo” por Macri. Ambos “mantendrán el control de la Cámara este año y en 2021”. (Publicado en El Destape, nota del 17/11/20). 

Semanas atrás Bruglia había sido beneficiado por la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto decisiones del Consejo de la Magistratura, del Senado de la Nación y del Poder Ejecutivo. Las tres instancias (Consejo, Senado y Ejecutivo) habían dispuesto que tanto Bruglia como sus colegas Pablo Bertuzzi y Germán Castelli volvieran a sus juzgados de origen porque estaban ocupando cargos judiciales adonde Macri los trasladó por decreto, sin acuerdo del Senado. Gracias a la Corte siguen/seguirán en esos mismos cargos, al menos hasta que se realicen concursos.

El invento de Irurzun para meter presos/as a dirigentes kirchneristas con apariencia de legalidad, que el periodismo y el mundillo político llamaron “doctrina Irurzun”, decía que quienes habían integrado el gobierno de Cristina Kirchner “podían entorpecer el avance” de una investigación “por los contactos, lazos o relaciones creadas por el poder” que habían tenido, y por ello se justificaba privarlos de su libertad mientras se realizaba el proceso penal. (Uno de los medios afines al neoliberalismo, el diario Cronista, lo explicaba en un artículo a fines de 2017, en pleno auge de la impunidad del régimen de derecha. Nota del 08/12/17). 

Causas por espionaje macrista

Otro caso alerta sobre la posibilidad de que el sector corporativo del Poder Judicial impida el avance de una investigación seria y rigurosa realizada por otros miembros de ese poder del Estado -pero de sectores que, aunque parezca un juego de palabras, tienen menos “poder”-. Son las causas por espionaje que involucran a altos miembros del gobierno de Macri.

Los expedientes penales por espionaje macrista son varios, y el más importante está a cargo de Juan Pablo Augé, titular de un juzgado federal en Lomas de Zamora. Este juez, junto con la fiscal Cecilia Incardona y su adjunto Santiago Eyherabide, están realizando una valiente tarea de esclarecimiento, siempre respetando el debido proceso y las garantías de los imputados. Es decir exactamente al revés de lo que el aparato judicial antidemocrático hizo y hace con las/los kirchneristas, empezando por Milagro Sala.

En la causa que está a cargo de Augé y en la que trabajan los fiscales Incardona y Eyherabide, está procesada la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la presidencia de Macri, encabezada por Gustavo Arribas.

Y como de esa jurisdicción (Lomas de Zamora) depende cualquier asunto delictivo que ocurra en la cárcel federal de Ezeiza, dentro del expediente hay una parte -se suele decir “un tramo” o “capítulo” de la causa- que investiga la vigilancia ilegal perpetrada en esa dependencia penitenciaria contra personas detenidas -en rigor, dirigentes kirchneristas víctimas del régimen que gobernó hasta hace un año- y sus abogados/as.

Pues bien: tales avances para esclarecer delitos que representan un brutal ataque a las normas del Estado de Derecho y tienen pocos antecedentes en el país, como el hecho de que un gobierno espíe a abogados/as defensores/as, corren riesgo de quedar en la nada.

La semana pasada, la Cámara de Casación dictaminó que todos los casos de espionaje deben unificarse y tramitarse en un solo juzgado. La resolución no es definitiva porque en realidad la disputa por la competencia regresará a un tribunal inferior, la Cámara Federal, que tenía otra opinión y ahora debe volver a pronunciarse.

Pero más allá del laberinto jurídico, las grandes decisiones apuntan en una dirección judicial/política muy nítida: que finalmente todo quede en manos de los tribunales de Comodoro Py, lugar donde los intereses antidemocráticos tendrían asegurado el encubrimiento y la impunidad.

(La información fue detallada el viernes en el diario Ámbito por Vanesa Petrillo, periodista especializada en temas judiciales. Nota del 20/11/20).

“Judicializar” el impuesto a las grandes fortunas

La amenaza de la judicatura corporativa también hace peligrar decisiones de los poderes surgidos del voto ciudadano. Es el caso del “impuesto a las grandes fortunas” (formalmente llamado “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”). De ese tema empezó a hablarse en abril pasado, pocas semanas después de que el coronavirus comenzara a propagarse en nuestro país, y recién siete meses después tiene chances de ser sancionado por ley.

El proyecto fue votado favorablemente la semana pasada por la Cámara de Diputados y ahora está consideración del Senado, que podría darle la aprobación definitiva. Sin embargo, distintos voceros del poder económico o de espacios políticos afines están dando a entender que, si finalmente se sanciona, la ley puede ser anulada por decisiones judiciales.

Así lo anticipan, por ejemplo, medios periodísticos que expresan los intereses de los grandes capitalistas locales y extranjeros. (“Empresarios preparan fuerte judicialización del impuesto a la riqueza”, tituló el diario Cronista el día anterior al tratamiento del proyecto en Diputados. Nota del 16/11/20).

En igual sentido se manifestaron legisladores que votaron en contra de la propuesta. Fue el caso del diputado Martín Grande, representante del Pro por la provincia de Salta, quien ya antes del tratamiento en la Cámara había dicho que “este impuesto se va a judicializar” y “no lo va a pagar nadie”. (Información del portal “Letra P”, nota del 16/11/20). 

También Alma “Chani” Sapag, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), dijo lo mismo al fundamentar su rechazo al proyecto durante la sesión que empezó el martes 17 y culminó en la madrugada del miércoles 18. Afirmó que “este impuesto va a traer más costos políticos y sociales que beneficios”, y agregó que en caso de convertirse en ley “se va a judicializar”. (Publicado en , nota del 18/11/20).

Elecciones y corporaciones

El gobierno de la Nación cambió en Argentina hace casi un año, como resultado de las elecciones de 2019, pero las corporaciones siguen siendo parte determinante de la conformación del poder.

Esa característica general del proceso político permite advertir una vez más que, frecuentemente, frente a las autoridades surgidas del voto ciudadano que desempeñan sus cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo, actúa un aparato judicial representativo de intereses contrarios a la voluntad popular expresada electoralmente.

Así, la fracción corporativa de la judicatura, que hasta diciembre pasado formó parte del régimen de derecha, conserva el poderío suficiente como para frenar avances importantes, y eventualmente fundamentales o trascendentes, que puedan adoptar el gobierno y/o el Parlamento.

E incluso pueden frenar grandes avances de investigaciones del propio Poder Judicial, cuando estas son llevadas a cabo por jueces y fiscales que no forman parte de las estructuras dominantes en los ámbitos tribunalicios.

El resultado de las elecciones choca contra el poderío de las corporaciones. Así de desafiante y contradictoria es la disputa permanente que deben enfrentar, a cada paso, las fuerzas democráticas representativas de las mayorías nacionales.