Los efectos en el escenario político argentino de la inédita movilización del reciente sábado -17 de octubre- podrán apreciarse con más claridad a medida que pasen los días, semanas y meses. Con todos los poderes mediáticos en contra del actual gobierno nacional y del conjunto de las fuerzas de distinto tipo que representan a los intereses mayoritarios, la percepción e interpretación de los asuntos públicos son parte de una permanente disputa. Y en ese marco, cualquier expresión democrática y popular debe remar contra la corriente.

Este Día de la Lealtad fue la primera ocasión, desde que empezó la pandemia, en que el peronismo representado por el presidente Alberto Fernández, sus aliados de la tradicional CGT (Confederación General del Trabajo) y del Fresimona (Frente Sindical para el Modelo Nacional), así como el Partido Justicialista (PJ) y los demás integrantes del Frente de Todos, hicieron una demostración de fuerza propia y de apoyo al gobierno nacional.

Cuando hace un año hubo elecciones generales y fue derrotado el oficialismo de entonces encabezado por Mauricio Macri, el país y el mundo eran completamente diferentes a como son hoy: no se conocía el Covid-19, cuyos primeros casos en China fueron informados en diciembre de 2019.

Aunque también podría decirse que, en lo sustancial, el país y el mundo eran iguales a la actualidad. Pero el coronavirus alteró todo de manera amenazante y trágica para la salud y la vida de las personas. Así es la complejidad e imprevisibilidad de la existencia humana tanto individual como colectivamente.

El presidente Fernández, con Cristina Kirchner como vicepresidenta de la Nación y líder del espacio mayoritario dentro del Frente de Todos, y con él/ella el resto de la coalición gobernante, estuvieron alrededor de tres meses -desde el 10 de diciembre hasta principios de marzo- conduciendo el país “que existía antes”.

Desde entonces hasta hoy, no solo debieron resolver con urgencia la estrategia sanitaria para enfrentar a un virus desconocido sino que además se toparon con enemigos que antes tampoco existían dentro de las disputas de poder, al menos de forma tan activa, visible y articulada.

En realidad se trata de sectores que sí existían previamente, pero no habían desplegado una ofensiva desestabilizadora contra el gobierno peronista y el proceso democrático en general como lo hicieron desde mediados de año en adelante. La pandemia generó condiciones para que se activaran y actuaran de forma coordinada.

Y una parte de ese bloque de sectores está constituido no por estructuras de poder -ya sea económico, mediático, judicial, político-partidario, etc.- sino por franjas de la población heterogéneas pero con ciertas bases político-ideológica que la unifican. Se han manifestado reiteradamente en las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país. A falta de conceptos y términos más claros para interpretarlos y nombrarlos, se lo menciona generalmente como grupos “anticuarentena”. Pero son mucho más que eso.

Esos grupos que forman parte de la base de la sociedad, tienen una fuerte articulación de intereses y de ideologías con estructuras de poder como las mencionadas. Así, tanto “por arriba” -a través de las corporaciones- como “por abajo” -en las calles y en el territorio- entre ambas vertientes conforman una novedosa ultraderecha. O un novedoso extremismo de derecha.

Su estrategia  es la desestabilización del actual oficialismo y del conjunto del sistema institucional vigente. Constituye un peligro para la paz social. Se trata de un bloque que desafía al gobierno, amenaza la convivencia democrática, y destila un grado incipiente pero a la vez alarmante de gestos y discursos de odio y violentos. 

Otros problemas que desestabilizan

Por el momento es difícil o imposible determinar la fuerza real y la representación profunda del extremismo surgido en el país últimamente. Tiene similitudes con los de muchas otras partes del mundo, y en muchos casos ejercen el poder gubernamental. Así ocurre con Donald Trump en Estados Unidos y con Jair Bolsonaro en Brasil, para citar los ejemplos más evidentes.

En tanto, lo que puede constatarse desde este sábado 17 de octubre es que el gobierno nacional, el peronismo en general y el Frente de Todos como coalición gobernante, resolvieron salir a frenar la ofensiva desestabilizadora con una acción política masiva pero adaptada a los cuidados contra el coronavirus.

La derecha y la ultraderecha “se agrandaron” durante varios meses por haber salido cada vez más seguido a manifestarse sin que las fuerzas adversarias pudieran hacerlo. Tuvieron, y tienen, la ventaja de que les importa poco o nada multiplicar los contagios de Covid-19. Algunos/as de los/las participantes en sus marchas son incluso negadores de la existencia del virus o de la gravedad de la pandemia.

Desde el oficialismo nacional, como parte de los sectores democráticos y populares del país, con motivo de la celebración de los 75 años del hecho fundacional del peronismo se puso en juego el ingenio para innovar en los métodos y la decisión política para movilizar. Tanto en el espacio público comunicacional -en la comunicación digital y en los medios tradicionales- como en el espacio público callejero.

Más allá del efecto posterior que de allí surja (como se decía al principio de esta columna de opinión), remando contra la corriente de la maquinaria de ocultar, mentir, engañar y manipular que es propia de los poderes mediáticos antidemocráticos, el gobierno tiene muchos otros desafíos que también son una fuente de desestabilización.

Uno de ellos es la emergencia social cada día mayor resultante de los daños económicos provocados por la pandemia, y otro el ataque de los grandes conglomerados capitalistas locales y extranjeros generalmente mencionados como “los mercados”.

Frente el primero de esos dos fenómenos, las iniciativas oficiales para atenuar los problemas son constantes y prácticamente diarias. Se sostienen en el fuerte financiamiento estatal para obras públicas; programas crediticios para inversión y consumo; ayuda alimentaria para las familias más necesitados; asistencia monetaria para sectores de clases bajas y medias que perdieron sus fuentes de ingresos; ayuda a empresas privadas para pagar sueldos y así mantener los puestos de trabajo; o estímulos directos a la producción, por ejemplo los anunciados la semana pasada para la explotación del gas en Vaca Muerta.

En cuanto a la embestida de los poderes económicos o “mercados”, también el gobierno toma decisiones y trata de responder. Pero en este punto está por verse la eficacia de las medidas adoptadas en las últimas semanas tanto desde el equipo económico como desde el Banco Central. Hasta ahora la presión devaluatoria es feroz, y el riesgo de una mayor pérdida de valor del peso frente al dólar sigue siendo una amenaza muy grave.

Al mismo tiempo, la prioridad absoluta de las autoridades -y en este caso no solo las nacionales sino también las de cada provincia y municipio- es tratar de detener y si fuera posible reducir la propagación del coronavirus y su tremendo daño a la salud y la vida de las personas.

Para acometer contra los problemas aquí aludidos y/o cualquiera de todos los demás que podrían mencionarse, es imprescindible un cierto nivel de fortaleza política. El presidente Fernández y su gobierno en parte la tienen, pero el desgaste de los sectores desestabilizadores constituye un peligro para ellos y para la democracia en general.

Tratar de frenar esa embestida es una condición necesaria para resistir en medio de circunstancias extremadamente adversas y seguir gobernando a favor de los intereses de las mayorías populares, a la espera de que la pandemia le dé -nos dé- un respiro. A la vida de la sociedad toda y, políticamente, al gobierno en particular.