El momento más grave de la propagación del coronavirus en Argentina constituye en estos días el primer riesgo individual y colectivo para el conjunto de la población, y el desafío más urgente para las autoridades políticas en cualquiera de sus niveles, ya sean nacionales, provinciales o municipales, aunque con mayor responsabilidad para el gobierno de la Nación.

Y si bien el Covid-19 ataca en todo el planeta -en cada lugar con sus particularidades- el tremendo daño económico y social que provoca la pandemia llegó a nuestro país cuando ya el aparato productivo, los puestos de trabajo y en general las condiciones de vida de las clases sociales bajas y medias habían sido afectadas por la devastación perpetrada entre 2015 y 2019.

Con ese gravísimo trasfondo, el gobierno del presidente Alberto Fernández junto al resto del espacio del Frente de Todos están obligados, por imperativo ético, por compromiso electoral y por su propia conveniencia como fuerza política que aspira a sostenerse en el poder, a resolver o al menos atenuar los problemas de la manera que resulte más satisfactoria para una mayoría social.

Por el momento las incógnitas son múltiples, tanto para la salud del pueblo como respecto de la forma en que se desenvolverá la economía nacional y -por lo tanto y derivado de ello- la de cada uno de los sectores que producen bienes o servicios, y las economías familiares en última instancia.

Gestionar, direccionar, administrar los asuntos que involucran a la sociedad depende de la política, y en primer lugar de las decisiones que adopte el gobierno de una Nación, en este caso la nuestra. Pero no solo de eso, obviamente. También depende de cómo las autoridades elegidas democráticamente puedan interactuar y disputar frente a otros poderes que no surgen del voto ciudadano, que tienen sus propios intereses y propósitos, y que normalmente están reñidos con el bien común de la población.

Aquellas “juntas nacionales”

En Argentina, por razones complejas que muchos/as especialistas suelen explicar o al menos intentan comprender, la cotización del dólar es un poderoso dispositivo que provoca efectos en las demás variables de la economía pero además influye decisivamente en el clima político y hasta en el ánimo de amplios sectores. No de toda la sociedad, pero sí de considerables grupos sociales. Las grandes cadenas mediáticas son determinantes para que así ocurra.

Pero por encima de las consecuencias en el humor social y de los condicionamientos sobre la política, aunque relacionado con todo eso entre otras cosas, lo que provoca en nuestro país una disparada del dólar -o su contracara, o sea la devaluación del peso- es un aumento en los precios de los alimentos.

Suele decirse que Argentina “exporta lo que come”. Ocurre que la producción agrícola y ganadera del país, base de la dieta promedio en los hábitos alimentarios nacionales, están entre los primeros rubros de exportación. Entonces, si el negocio más conveniente es vender al exterior porque se reciben más pesos por cada dólar cobrado en el mercado internacional, quienes tienen el poderío para hacerlo cobran más caros los productos dentro del país para obtener similar beneficio, en moneda local, del que obtienen vendiendo afuera.

Ese mecanismo “de mercado” es generador, a su vez, de gigantescas maniobras especulativas financieras. Una de las más típicas es que los grandes conglomerados empresariales del campo y las compañías exportadoras de cereales no liquidan sus operaciones de exportación, a la espera de que el dólar aumente. O, dicho al revés, a la espera de que el peso argentino se devalúe frente a las monedas de referencia internacional.

Esos gravísimos problemas que tanto perjudican el poder adquisitivo de los sueldos, jubilaciones y asignaciones de ingresos -Asignación Universal por Hijo (AUH), Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), etc.-, no siempre estuvieron sometidos a la dictadura de “los mercados”. Durante nueve décadas, entre 1933 y 1991, existieron en Argentina entes estatales que tenían la función de regular los mercados granario y cárnico: eran la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes.

Ambos organismos, nacidos en la década de los gobiernos conservadores surgidos del fraude electoral en los años ‘30 del siglo pasado, fueron eliminados durante la etapa neoliberal que encabezó Carlos Menem. Hoy serían de extraordinario valor para que el Estado tuviera más herramientas institucionales destinadas a proteger el interés general de los ataques del capitalismo salvaje.

(La agencia de noticias rusa Sputnik Mundo, en un artículo de su corresponsal en Argentina, recordaba en mayo pasado lo que fue la junta de granos. También mencionaba las propuestas de la senadora nacional Silvina García Larraburu, del Frente de Todos de Río Negro, quien en los últimos años presentó sendos proyectos para restablecer ese ente público regulador. Nota del 12/05/20).

Peligros y respuestas

Los grandes conglomerados capitalistas locales y extranjeros, tanto de los sectores financieros como de los exportadores, de la comercialización etc., son un peligro permanente para la estabilidad económica de Argentina y en consecuencia para la estabilidad política.

Durante septiembre y lo que va de octubre, la gestión de Alberto Fernández y el Banco Central dispusieron regulaciones para resguardar el valor de la moneda nacional y proteger las reservas monetarias. De ese modo los poderes públicos tratan de evitar una devaluación brusca del peso, que tendría un efecto demoledor sobre el precio de alimentos y otros artículos de primera necesidad, pero los poderes económicos de facto ejercen minuto a minuto su capacidad de daño.

Simultáneamente, el gobierno y los diversos espacios que integran el Frente de Todos, tanto en sus vertientes más específicamente políticas como las sindicales, de los movimientos sociales y del resto del ancho mundo de las organizaciones libres del pueblo, buscan la forma de recuperar volumen político. Intentan frenar o atenuar la brutal ofensiva desestabilizadora perpetrada por la derecha en sus distintas expresiones, en plena crisis sanitaria y económico-social a causa del coronavirus.

Dicha ofensiva es ejecutada simultáneamente por los conglomerados económicos, las grandes cadenas mediáticas, el aparato judicial corrompido, legisladores/as y dirigentes radicalizados de Juntos por el Cambio -en primer lugar Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Elisa Carrió-, todos/as con el apoyo de una base social extremista que emergió con fuerza durante la pandemia y se manifiesta frecuentemente en las calles. (Para hoy, lunes 12, hay otra convocatoria).

A su vez, en respaldo del gobierno y de la estabilidad democrática del país, está en plena organización la inédita movilización política a través de las plataformas digitales para el próximo sábado, 17 de octubre.

Sus alcances y repercusiones serán un indicador muy importante en esta circunstancia jamás vivida anteriormente, en que las personas no pueden -no deben-, o no podemos/no debemos, juntarse/juntarnos masivamente en el espacio público por los riesgos que ello implica para la salud y la propia vida humana. Mientras la ultraderecha, minoritaria pero envalentonada por esa ventaja y por el poderío de las corporaciones que integran su mismo bloque de poder, lo hace impunemente y contribuye a los contagios del virus.

En los próximos días y semanas quizás puedan develarse algunas de las incógnitas planteadas por los grandes conflictos que atraviesan hoy a nuestra Patria. Tanto por la gravedad de la pandemia como por las disputas económicas con profundo impacto social -dólar, precios, valor adquisitivo de los ingresos en los hogares de las clases bajas y medias-, y por la capacidad de las fuerzas democráticas para responder a la desestabilización permanente.