Diversos estudiosos a principios del siglo XX analizaron un fenómeno relativamente nuevo en la organización económica mundial: el crecimiento del poder de los monopolios y su entrelazamiento con los intereses de los estados nacionales que dio origen, a partir de los años 1870, del imperialismo o neocolonialismo, como prefiere denominarlo el Papa Francisco. Lo estudiaron, desde distintas ópticas, Hobson, Hilferding, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Bujarín ("La Economía Mundial y el Imperialismo") y, en texto clásico, Lenín ("El imperialismo, fase superior del capitalismo"). Este último sintetiza el fenómeno enunciando los cinco caracteres fundamentales:

"1- La concentración de la producción y del capital ha llegado hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica; 2- La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera; 3- La exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercaderías, adquiere importancia particularmente grande; 4- La formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5- La terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes".

En el siglo y medio transcurrido desde que comenzó el fenómeno, los monopolios nacionales siguieron creciendo, superaron el corsé que significaba la pertenencia a un estado y se volvieron trasnacionales. A partir de la crisis de los años ’70 creció el sector financiero, entrelazado con los monopolios de la economía real, y crearon una verdadera mutación capitalista, convirtiéndose en capitalismo financiero. En este siglo, según datos aportados por José Natanson (“Le Monde Diplomatique”, noviembre de 2016) las 28 principales corporaciones financieras mundiales manejaban 50 billones de dólares anuales (u$s 50.000.000.000.000), lo que significa un promedio de 1,8 billones cada una.

A título de comparación, el PBI mundial, es decir, el total de bienes y servicios producidos en todo el mundo durante un año calendario, suma 75 billones de dólares; las transacciones de las 28 principales entidades financieras manejan el equivalente a los 2/3 del producto mundial ¿Quién puede dudar de su poder? Otra comparación odiosa: el PBI argentino es menor a 500 mil millones de dólares; cada una de esas instituciones (en promedio) maneja más de 3 y media veces la riqueza generada en nuestro país.

La estructura nacional aparece como una traba para el funcionamiento de ese capitalismo financiero trasnacional. Por eso los intentos de lograr acuerdos de libre comercio que le asegure mercados y los privilegios del usufructo de las patentes, como es el caso de los medicamentos y servicios.

A esta altura de la exposición cabe una aclaración: la integración económica entre países de riqueza similar permite, como lo demostró la Unión Europea (UE) con el comercio interno intraindustrial, el desarrollo de todos sus miembros por la ampliación del mercado y el intercambio compensado. En cambio, el libre comercio o la integración, cuando existe profunda diferencia entre los participantes, con una potencia dominante, equivale a encerrar a un estanque a un tiburón con muchos peces chicos: estos tienden a desaparecer. Es lo que hubiera pasado con el ALCA, impuesto por Estados Unidos al resto de América, si no se hubieran plantado en Mar del Plata en el año 2005 los gobiernos de Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, decretando su fin. 

A pesar del fracaso del ALCA, los poderes trasnacionales continúan tramando los acuerdos de libre comercio que los beneficiará en el futuro. En esa línea está el CETA (acuerdo de UE-Canadá) y acuerdo UE-Mercosur, que han impulsado los gobiernos neoliberales de la región, pero que difícilmente se concrete por la posición actual de Argentina y las resistencias que has generado en los pueblos europeos (ya Austria y los Países Bajos se pronunciaron en contra, a los que ahora se suma Francia).

También las multinacionales promovieron el proyecto de “Acuerdo Multilateral sobre Inversiones”, que daba derechos especiales y desmedidos a las empresas que invertían en el extranjero y que la oposición popular abortó hacia 1998. Pero no se dieron por vencidas: en el año 2014 se conoció un borrador de una “Asociación Trasatlántica para Comercio e Inversiones” (ITTP, según la sigla en inglés) que reuniría a Estados Unidos, Canadá y la UE y que se venía negociando en reserva. Entre otros temas, establece la libre movilidad de los capitales (pero no de los trabajadores) y prohíbe a los gobiernos regular sectores claves para el capital trasnacional, como son los bancos, seguros y telecomunicaciones. Su concreción requiere la aprobación unánime de sus miembros, cosa muy difícil por la oposición que se ha generado en los pueblos europeos porque afecta normas sociales y ambientales e, inclusive, crea un sistema de solución de diferendos a medida de los intereses de las corporaciones transnacionales. Como dijo Jennifer Morgan, vocero de Greenpeace Internacional, “para millones de personas en Europa y en América el CETA y el TTIP amenaza la protección del medio ambiente y de los consumidores”.

En la misma línea, en el año 2012 quedó formalmente constituida en Chile la Alianza del Pacífico, que integran ese país, Perú, Colombia y México, todos con acuerdo de libre comercio con su promotor, Estados Unidos, pensado por este como el primer paso para el Tratado Trans-Pacífico  (TTP) que Estados Unidos venía procurando constituir desde el año 2008, que significaría un mercado de 1.000 millones de habitantes y 40% del PBI mundial, pensado  como contrapeso a China; el acuerdo preliminar se firmó, finalmente, en Nueva Zelanda en el año 2016, faltando la aprobación de los países intervinientes. Pero, sorpresivamente, el nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, cumpliendo la promesa electoral de defender al trabajo norteamericano, el 23 de enero de 2017 anunció el retiro de su país del TTP.

La estructura del capitalismo financiero parece firme, pero no está dicho la última palabra. La realización de la ganancia financiera requiere que la producción tenga bajos costos laborales y menor reglamentación social y ambiental; como ninguna sociedad es homogénea, en todos los países, no sólo en los de la periferia dependiente sino también en los centrales, es visible la contradicción de intereses: el de las transnacionales, unidas tradicionalmente a las oligarquías locales y con peso en el poder gubernamental, no coincide con el de las mayorías populares; inclusive con el de las industrias nacionales que no puede competir con la producción importada. 

A pesar del poder de las trasnacionales sobre las instituciones, la prensa y las comunicaciones, los pueblos van tomando conciencia de sus intereses, por lo que resulta imprescindible mantener la autonomía de decisión de los respectivos estados. Así lo ha hecho el presidente Alberto Fernández, al no apoyar el acuerdo Mercosur-UE y, el 21 de setiembre pasado, con el “Plan de Políticas Ambientales”, en cuya presentación llamó “a ponerse firme frente a las corporaciones… (ya que) hacer lo contrario sería privilegiar la rentabilidad de unos pocos en perjuicio de las inmensas mayorías”.