Entre las múltiples situaciones hasta ahora jamás ocurridas pero que la pandemia del coronavirus provoca en la actualidad, está la imposibilidad de que miles de personas que quieran cuidar su salud y la de toda la población se reúnan en las calles y plazas para manifestarse políticamente.

Ese condicionamiento por razones sanitarias y de respeto a la vida humana propia y ajena, es una de las claves de las muestras de fortaleza que están dando, al menos en Argentina, sectores políticos y sociales de derecha y ultraderecha que atacan la paz social, la salud pública y la convivencia política dentro de las reglas del Estado de Derecho y el pluralismo ideológico.

El reciente accionar sedicioso de la Policía de la provincia de Buenos Aires reveló en toda su magnitud la desventaja de las fuerzas democráticas y populares frente a corporaciones -en este caso, para más gravedad, una corporación armada- que hacen uso de su poderío material para extorsionar a los gobiernos y demás autoridades legítimas surgidas del voto ciudadano -como las parlamentarias-, tanto nacionales como provinciales, y para extorsionar simultáneamente al conjunto de la sociedad.

Lo mismo ocurre ante las manifestaciones callejeras que se realizaron por ejemplo en las fechas patrias del 9 de julio y el 17 de agosto, y que son mal llamadas “anticuarentena”, porque se trata de expresiones públicas de un nuevo tipo de extremismo de derecha. Más que marchas “anticuarentena”, son “extremistas” y/o “de ultraderecha”. 

Llevan su accionar hasta el extremo de multiplicar los contagios del Covid-19; utilizar frecuentemente retórica y gestos violentos; e incluso provocar agresiones físicas contra personas que consideran enemigas (como trabajadores/as del canal de noticias C5N u otros/as periodistas identificados con ideas opuestas a las suyas), todo con el propósito de impedir medidas de gobierno, proyectos legislativos o demandas de movimientos sociales -por ejemplo el derecho al aborto- que son contrarios a su ideología y a sus intereses. 

Entonces, porque su rasgo esencial es estar a favor de las estructuras que sostienen al modelo vigente de organización de la sociedad y oponerse a su transformación, son manifestaciones “de derecha”. Su fin último, sean o no conscientes de ello, es que el país y el mundo sigan sometidos a las mismas clases sociales y factores de poder que hoy imponen su dominio al conjunto de la población, tanto a nivel nacional como internacional.

Y además son “de ultraderecha”, por llevar esas bases ideológicas a niveles alevosos tales como negar al virus y/o a la pandemia; en muchos casos además oponerse a las vacunas en general y a las que pudieran lograrse para detener al Covid-19; y al mismo tiempo rechazar toda medida de la autoridad pública que tienda a la democratización del poder y de la vida colectiva -como la expropiación de Vicentin, el reordenamiento del fuero federal judicial, el aporte de los/las poseedores/as de grandes fortunas, etc.-, promoviendo para ello el odio, la violencia, la furia, el egoísmo, el individualismo más atroz y otras miserias destructivas.

Por otra parte, el pasado lunes 7 tuvo lugar otro episodio del extremismo de derecha, que en general son protagonizados por capas conservadoras y reaccionarias de las clases medias, o medias/altas o directamente altas. Fue el operativo de obstrucción y ataque violento para que el empresario Lázaro Báez no pudiera ser trasladado por el Servicio Penitenciario Federal a su propia vivienda en un barrio cerrado, a fin de cumplir allí una resolución judicial de arresto domiciliario.

Finalmente (en un “final” que lo es solo para esta enumeración), por fuera de las exteriorizaciones públicas con características extremistas -más masivas, o más puntuales y acotadas como que afectó al citado empresario-, también hubo durante la pandemia manifestaciones callejeras con una matriz ideológica de derecha aunque sin llegar a los mismos niveles de agresividad. Las más notorias fueron, semanas atrás, en contra de la expropiación del grupo empresario Vicentin. 

Predominio por razones ajenas

El accionar sedicioso de la Policía bonaerense, las marchas extremistas o de ultraderecha, el rechazo callejero a medidas transformadoras como la expropiación de Vicentin y el operativo organizado contra Lázaro Báez, tienen nítidas coincidencias político-ideológicas y similitud de intereses.

Pero la característica fundamental que les otorga un predominio en la disputa política y social, no es un atributo de esos sectores sino todo lo contrario. Se debe a razones ajenas. Es por la imposibilidad de las fuerzas democráticas y populares para movilizarse como siempre lo han hecho, y que por primera vez no lo hacen por respeto a la salud y a la vida, propias y ajenas, en plena pandemia.

Esa clave del momento histórico que atraviesa Argentina por la tragedia del coronavirus, quedó patentizado durante el alzamiento policial cuando algunas organizaciones o referentes públicos sugirieron o directamente convocaron a marchar a la residencia presidencial de Olivos mientras estaba sitiada por los sediciosos, y el presidente Alberto Fernández pidió por Twitter que no lo hicieran.

Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez.
A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia.
No potenciemos el riesgo.

— Alberto Fernández (@alferdez) September 9, 2020

Las fuerzas democráticas tienen las manos atadas para ejercer una de los métodos más legítimos y generalmente eficaces para hacer valer la fortaleza de contingentes sociales multitudinarios, que no disponen de estructuras corporativas -por ejemplo grandes empresas, aparatos armados y del espionaje, juzgados y fiscalías, cadenas mediáticas poderosas, respaldo de Estados Unidos y otras potencias capitalistas, etc.- para imponer su voluntad al resto de la sociedad.

Por naturaleza, las/los ciudadanas/os de las clases sociales populares, y las organizaciones de distintos tipo que representan sus intereses, no cuentan -no contamos- con grandes recursos de poder como sí lo tienen las corporaciones (valen de nuevo los ejemplos mencionados en el párrafo anterior). 

En cambio, la presencia masiva de personas en el espacio abierto de las calles y plazas para una finalidad compartida, cuerpo a cuerpo, con el propósito de mostrar determinadas demandas, reclamos, posicionamientos, opiniones o sentimientos colectivos, es propia de grupos amplios de la población, eventualmente mayoritarios, que de tal forma intervienen en los asuntos públicos y forcejean políticamente contra intereses contrarios.

La imposibilidad de ejercer, no se sabe hasta cuándo, ese potencial que suele ser determinante en las disputas políticas y sociales, es una circunstancia inédita y extrema que coloca en una situación de total ventaja a las clases sociales privilegiadas y a todos los poderes hegemónicos.

Si a ello se le suma que dentro del bloque dominante están las cadenas mediáticas más poderosas, y también los ejércitos de activistas en las redes digitales que manejan dinero, personal, tecnología y conocimientos sofisticados para manipular a la opinión pública, resulta que la potenciación del discurso y el accionar antidemocrático prácticamente no encuentra límites.

Por el momento los únicos límites son los que pone la autoridad del presidente Fernández, que mantiene un grado de aceptación y apoyo social considerables, y quien -eventualmente con apoyo del Congreso, o al menos del Senado porque en Diputados el oficialismo está en minoría- adopta decisiones inteligentes pero que tienen su costo y sus complicaciones. 

Sin ir más lejos, la decisión de financiar los aumentos salariales a la Policía bonaerense con la transferencia a la provincia de Buenos Aires de una parte de los fondos de coparticipación federal de impuestos que Mauricio Macri le cedió discrecionalmente al gobierno de la capital federal, abrió un frente de conflicto donde la derecha mediática, judicial y política vuelve a estar unificada y a la ofensiva.

El coronavirus es, ante todo, una amenaza para la salud y la vida humana. Pero además provoca que los sectores de la sociedad que sostienen principios democráticos y defienden legítimos intereses populares, en gran medida estén atados de manos para ejercer sus derechos a la participación política callejera y hacer valer de esa forma su propio poder.