La integración política, económica y cultural de los países latinoamericanos, soñada en el siglo XIX por San Martín, Bolívar, Monteagudo y muchos más, tomó impulso en la segunda mitad del siglo XX, luego de la segunda guerra, en procesos de integración regional en todo el mundo, entre los que sobresale el de la Unión Europea.

En América Latina ocupó un lugar especial la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) creada por las Naciones Unidas con la dirección de Raúl Prebisch. Si bien economía y política son inseparables (por algo la denominación tradicional de la teoría económica es “economía política”), desde la CEPAL se puso énfasis en la primera, la integración mediante el libre comercio regional; con ese fin se creó en 1960 la ALALC (Asociación Latino Americana de Libre Comercio) que se convirtió en 1980 en ALADI (Asociación Latino Americana de Integración). El objetivo ha sido favorecer la integración económica, social y cultural entre estos pueblos y promover acuerdos subregionales de libre comercio y mayor integración entre países, como es el Mercosur.

El proceso de integración fue muy lento y más declamativo que real hasta que, con el cambio de siglo, se generó una ola progresista que le dio nuevo impulso; comenzó con la elección de Hugo Chávez en Venezuela (1998) y siguió en Brasil (Lula da Silva), Argentina, Uruguay (Frente Amplio), Bolivia (Evo Morales), Ecuador (Correa), a los que se sumaron Nicaragua, El Salvador, Paraguay y Honduras. En ese período, y con el acento más en lo político que en lo económico, se crearon tres instituciones latinoamericanas: ALBA, UNASUR y CELAC.

Con anterioridad había tomado cuerpo una integración opuesta, la del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que abarcaba desde Alaska hasta Tierra del Fuego y que, por la disparidad de desarrollo entre Estados Unidos y Canadá, por un lado, y el resto de América por el otro, implicaba la subordinación de este último a los primeros (en el año 2006 el PBI de los dos primeros sumaba 15 billones de dólares y el del resto de América solamente 3 billones).  

El ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) nació en el año 2004 por impulso de Venezuela y Cuba, como contrapartida del ALCA, impulsado por Estados Unidos. Al ALBA adhirieron Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Santa Lucía, Dominica y Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas y Antigua y Bermudas. En el año 2005, en el encuentro de Mar del Plata, se logró el objetivo de rechazo del ALCA y el ALBA quedó como una organización de colaboración política, social y cultural. Posteriormente se suspendió como miembro a Honduras, por el golpe de estado, y, debido a los cambios de gobierno, se retiraron Ecuador, Bolivia y Haití. Hoy queda integrada por nueve países.

El UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, nació en el 2008; su sede se fijó en Ecuador y su primer secretario general fue Néstor Kirchner. Tuvo logros muy importantes, tanto en conflictos entre estados como en defensa de la democracia interna de sus miembros, que contrasta con la pasividad de la OEA (Organización de Estados Americanos, orientada por Estados Unidos). Con la ola neoliberal-conservadora instalada en el continente, UNASUR empezó a perder vigencia: en 1912 se suspendió al Paraguay por el golpe de estado contra Lugo y luego Colombia se retiró por el apoyo que se le dio a Venezuela; entre 2018 y 2019 se retiraron de la organización Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y Paraguay mientras que Perú suspendió su participación. Es decir, vaciaron a la institución, que quedó reducida a Venezuela, Guyana y Surinam, con Bolivia integrándola nominalmente pero que, es evidente, su gobierno de facto no comparte sus objetivos y con Perú que suspendió su participación.

Por su parte, la CELAC (Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños) fue oficialmente creada en 2010, pero tiene una interesante historia previa. Hay que recordar qué, si bien toda América Latina fue considerada como “el patio trasero” de Estados Unidos, en América Central la presencia de los intereses norteamericanos (apoyados por su gobierno) fue mucho mayor que en el resto del continente. Así, en 1954, el gobierno constitucional de Guatemala, presidido por Jacobo Arbens, por afectar intereses económicos de empresas norteamericanas, fue destituido por un golpe militar organizado por Estados Unidos. Posteriormente, a raíz de la revolución cubana, decidieron que no iban a permitir “otra Cuba”, intensificando la intervención directa o indirecta en toda la región. De esta forma justificaron la invasión con sus tropas de Granada (1983) y la destitución del gobierno legítimo de Hudson Austin. La explotación económica y esa presencia extranjera generó resistencia en los distintos pueblos, resistencia combatida por las derechas locales con apoyo norteamericano. Fue la época del Frente Sandinista en Nicaragua (desde 1976), del Frente Faribundo Martí en El Salvador y de los levantamientos en Guatemala.

Preocupados por la inestabilidad en América Central, en 1983 se reunieron México, Colombia, Panamá y Venezuela y formaron el llamado “Grupo de Contadora”, que elaboró un plan de paz para asegurar la paz y la democracia en esa región, condenando la intervención extranjera. El plan, con la decidida oposición de Estados Unidos (que se negó a reconocer al gobierno de Nicaragua y se opuso a la condena de toda intervención unilateral en el área), fue aprobado por el Consejo de Seguridad y posteriormente por la Asamblea General de las Naciones y Unidas.

En 1985, con motivo de asunción del presidente del Perú Alan García, se reunieron en Lima Argentina, Brasil, Perú y Uruguay y constituyeron el “Grupo de Apoyo a Contadora”. Los ocho países de ambos grupos se reunieron en 1990 en Río de Janeiro y acordaron conformar el “Grupo de Río”, como una asociación de consulta permanente entre los estados partícipes. A partir de ese momento se fueron sumando los demás países de la región, hasta qué en la cumbre realizada en Montevideo en el año de 2010, el grupo se formalizó bajo la denominación de CELAC. Lo conforman todos los países de la OEA más Cuba y sin Estados Unidos ni Canadá, un total de 33 estados (12 de América del Sur, 8 de la parte continental de América Central más México y 13 del Caribe).

CELAC nace de la decisión de los países de la región con el objetivo de crear un espacio para profundizar la integración política, social, cultural y económica de los mismos, procurando la acción conjunta para el desarrollo sustentable y para mejorar la gestión internacional, en los casos en que haya consenso, tanto frente a los organismos internacionales como ante otras potencias, en especial frente al poder del sector financiero internacional hegemónico en esta etapa de la economía mundial. 

Durante la contraofensiva neoliberal, en el año 2012 se creó la “Alianza del Pacífico” integrada por Chile, Colombia, México y Perú, todos con tratados de libre comercio con Estados Unidos, pensada como base para el lanzamiento de un nuevo ALCA. 

Sin embargo, por la vía electoral, asumieron gobiernos progresistas en México y Argentina. Este hecho, sumado al fracaso y descrédito de los gobiernos neoliberales en la región, situación agravada por la crisis generada por la pandemia, es muy posible que la ola neoliberal-conservadora entre en rápido retroceso, dando lugar a una nueva etapa progresista de integración regional, en la que será crucial, por su importancia relativa, la posición que tome Brasil. En ese caso la CELAC puede cumplir un importante papel institucional.