Gran revuelo en las redes y medios causaron las vacaciones del ex presidente Mauricio Macri con destino europeo, disfrazadas de actividad laboral por su cargo en la FIFA. Cercano al destino del ex presidente, con pocos días de diferencia, el rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón acosado por las causas que parecen prosperar por primera vez en la historia de España, se va de su país. Buscando evadir sus responsabilidades por las causas de corrupción y enriquecimiento, que amenazan con quedar en la nada, ya que el sistema judicial, heredado por el franquismo y los pactos de la Moncloa, prohíbe el juzgamiento del rey: artículo 56 de la Constitución Española, que dice que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". 

Salvando diferencias de modelo de estados, las dos personas tuvieron en diferentes grados responsabilidad y representación de sus respectivos estados, pero tienen en común, más de lo que se pueda apreciar en los modos y la trama corporativa que han garantizado su impunidad. Su majestad, porque desde el inicio de su reinado, los privilegios le fueron otorgados por la constitución de su país, mientras que el ex presidente argentino, goza de la protección de las principales corporaciones mediáticas y el sistema judicial. 

El poder judicial de nuestro país ostenta el privilegio de ser el único de los tres poderes consagrados en el sistema republicano que ejerce su poder, sin la legitimidad de ser electo por el voto ciudadano y con una deslegitimidad en aumento merced a décadas de mal funcionamiento y vergonzoso accionar. Sus principales representantes han estado ligados a una asociación con los grupos de poder económico que tienen su campo de acción en el sistema de representación política, en base al lobby que ejercen, cuando de atacar a quienes ponen en peligro sus privilegios de clase y sus abultados ingresos económicos se trata.

Mientras el sistema de representación política ha resuelto, con sus muchos errores e imperfecta democracia, mediante el voto popular y con consenso social, las transformaciones que permitieron cambios en modelos de estados y paradigmas que al día de hoy siguen en discusión, el Poder judicial sigue con maneras de ejercicio arbitrarias y hasta feudales en muchos casos. 

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura, que ha mutado en un organismo de dudosa eficacia en cuanto a las funciones encomendadas en el seguimiento, control y mejoramiento de los tribunales, en poco ha contribuido a mejorar un sistema judicial que demuestra en una gran parte de sus integrantes, un matrimonio incestuoso con parte de la política ligada a la derecha. 

Los ejemplos van desde el cajoneo de expedientes que acumularon el extinto juez de la servilleta Bonadío, como así también varios de los grupos de fiscales y jueces, que en complicidad con los medios y representantes de Cambiemos han tejido una trama de espías, causas inventadas y persecución política hacia dirigentes sociales y políticos a los que aún, no les han podido demostrar una prueba que los incrimine. 

Estirando plazos para ganar tiempo, ya sabemos cuál será el desenlace. De mínima que se termine en sobreseimientos dentro de mucho tiempo y con juicios al estado que terminaremos pagando toda la sociedad. De máxima, viendo cómo se apaga la vida de muchos de los injustamente procesados por crímenes que sólo tuvieron lugar en las oscuras guaridas en las que se montaron las operaciones de lawfare… No olvidemos a Héctor Timmerman. 

Hoy está demostrado que gran parte del Poder Judicial, está hecho de compartimentos estancos comprados o alquilados por los sectores de poder real de nuestro país y está totalmente divorciado desde hace mucho con la sociedad. Las causas iniciadas por los manejos de la AFI del macrismo, no es otra cosa que el ejercicio de la impunidad en su máximo esplendor. Así parece confirmarlo el fallo de casación de los camaristas Bruglia e Irurzun, que limita la investigación del teléfono de Mauricio Macri. Mire usted, uno designado por Macri de manera irregular y el otro integrante de la mesa judicial de Cambiemos.

La distinta vara se ha convertido en la principal doctrina de los tribunales, especialmente en los de Comodoro Py, donde haber sido funcionario o militante del peronismo, es motivo de cárcel inmediata y el debido proceso ha pasado a ser una letanía, como se rumoreaba con sorna entre la fauna tribunalicia, al juzgado de Bonadío lo llamaban ¨la embajada¨, porque allí no imperaba la ley argentina.

Los infamantes procesos a los que han sometido a la ex presidenta Cristina Fernández son prueba fehaciente de ello, por eso se entiende la negativa a transmitir los alegatos y declaraciones a las que es sometida, ya que dónde se ha permitido la transmisión, se ha convertido en un hecho político que desnuda toda la operatoria del lawfare, desmenuzado con conceptos claros y desarmando cada una de las acusaciones, impunemente carentes de cargas probatorias, que no amilana ni avergüenza a los miembros de ese tribunal, ausentes de conciencia de doctrina de derecho y menos de justicia. 

Por ello es más claro cada día que el ex presidente, puede hacer y deshacer a su antojo, los ricos y poderosos no pagan crímenes, aunque las pruebas los incriminen. Después de todo, como antecedente, la corte con mayoría automática del menemismo anuló la condena por contrabando y, como corolario asumió la primera magistratura contando con 214 expedientes iniciados en el Poder Judicial, además, sigue sin dar cuenta de la estafa del Correo Argentino, los parques eólicos, las autopistas y siguen las causas… 

Por eso es saludable y esperanzador que se avance sobre la reforma del sistema judicial, aunque llegue tarde para millares de personas que esperaron que el Poder Judicial hiciera justicia. Ahí están familiares de los atentados de los ‘90, que siguen pidiendo lo justo y nada más… ahí están los encarcelados esperando que les muestren pruebas de los supuestos delitos que han cometido, a los que el silencio de los estrados le demuestran, que por tener ideas y llevarlas a la práctica, como poner un plato de comida, techo digno y laburo donde el estado nunca había llegado… es el peor de los delitos, sino miren a Milagro Sala. 

El Poder judicial, tal como está, es atraso y negocio para un sector mínimo de los ricos de la argentina, al resto nos cuesta muy caro.