Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha sido investido el martes de esta semana como presidente del gobierno de España al alcanzar mayoría simple en segunda votación en el Parlamento, luego de no conseguir la mayoría absoluta al votarse en primera instancia el día domingo.

El resultado ha sido sumamente ajustado, dando un total de 167 votos favorables contra 165 negativos. Para lograr ese número el PSOE ha precisado de la abstención de los dos principales grupos independentistas, los catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los vascos de Bildu, formación de izquierdas del País Vasco, que sumaron entre ambos 18 abstenciones. A favor del nuevo gobierno se decantaron, además de los socialistas y sus socios en el futuro gobierno de coalición Unidas Podemos (UP), los seis diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV), los dos de Más País (el partido de Iñigo Errejón, antiguo lugarteniente de Pablo Iglesias en Podemos), y los representantes de pequeños partidos de orden territorial de Canarias, Galicia, Valencia y la agrupación de electores de Teruel, que cuentan con uno o dos diputados.

La esperanza de las tres agrupaciones de derechas consistía, desde el domingo, en que algún diputado invirtiera el sentido de su voto en el bando de izquierdas, para lo cual alguno de sus miembros ha sido sometido a una auténtica extorsión durante los dos días que corrieron entre la primera y la segunda votación.

Especialmente presionado ha sido el diputado de la agrupación de electores de Teruel, que incluso tuvo que cambiar el lugar en el que iba a alojarse en Madrid la noche antes de la votación, por un lugar secreto y custodiado. Tal ha sido la presión a la que se ha visto sometido.

Por su parte, el bloque de derechas ha lanzado toda su andanada amenazante y en contra de la coalición de gobierno de la manera más brusca y torticera que se pueda imaginar. Convertidos en defensores de la unidad de la patria, y en los único defensores de la Constitución, el líder del partido popular (PP), Pablo Casado, ha competido con los miembros de extrema derecha de Vox y con los restos del naufragio de Ciudadanos en ver quién es más patriota vociferante, consiguiendo que la Cámara de Diputados se convirtiera en una suerte de grada de campo de fútbol, donde los insultos y descalificaciones han sido la triste tónica general.

Las acusaciones al líder socialista han ido desde su pacto con Podemos, con quien, en efecto, antes había dicho que no pactaría, hasta sus acuerdos con los bloques independentistas para lograr la abstención de estos y permitirle ganar en la segunda votación. Peor ha sido el trato cuando los representantes de estos grupos han tomado la palabra, especialmente el domingo cuando la portavoz de Bildu fue agredida verbalmente por miembros de la bancada de Vox, quienes profirieron gritos de “asesina” y la interrumpieron con gritos de “¡Viva el rey! y ¡Viva España!”.

Lo cierto es que tanto vascos como catalanes fueron sumamente duros con el presidenciable Pedro Sánchez, por sus pasadas actitudes en contra de los procesos independentistas.

Esquerra Republicana de Catalunya, por su parte, y a cambio de su abstención, ha conseguido una mesa de diálogo de gobierno a gobierno, con el Estado español, cosa que la derecha considera alta traición.

Pablo Iglesias, por su parte, ha considerado a los líderes catalanes encarcelados como presos políticos, y se sospecha que detrás de toda la negociación se encuentra el compromiso de un referéndum vinculante sobre la independencia catalana, aunque este último punto no se ha puesto aún sobre la mesa.

En definitiva este pacto de gobierno, el primero en España desde la II República -hace casi ochenta años-, hubiera sido más cómodo y factible si se hubiera producido antes de las elecciones de noviembre, cuando ambos socios eran más fuertes en el parlamento y la dependencia de los partidos independentistas no era tan determinante. Ahora la posición es más débil, y la necesidad de apoyos pone al futuro gobierno en manos de unos aliados cuya determinación independentista puede llevar a la hecatombe.

Si el pacto se hubiera llevado a cabo antes aún, es decir cuando los números de ambas fuerzas eran suficientes para no depender de apoyos externos -antes del último gobierno de Rajoy- muchas de las políticas que ahora hay que desmontar no se habrían implementado. Bienvenido sea, en cualquier caso, una dirigencia que combata la corrupción, y dote a España de unas políticas públicas y de progreso, en las que a pesar de todo, muchos confiamos.