En España, se está llegando al cierre del año con un gobierno “en funciones” (situación que según las normas jurídicas españoles implica un carácter interino o provisorio, que tiene limitaciones para ejercer el poder como por ejemplo en el manejo del presupuesto del Estado), lo cual empieza a ser una preocupante fórmula que se repite desde la llegada al poder del socialismo del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) allá por junio del 2018. 

En aquel entonces, dicho partido se negó a pactar con Unidas Podemos, a pesar de que estos últimos fueron quienes elaboraron los acuerdos que permitieron desbancar al Partido Popular (PP) del gobierno mediante una moción de censura, mecanismo constitucional en España que permite, si los votos son suficientes, desbancar al gobierno por una mayoría suficiente de legisladores. Dicho de otro modo: una declaración mayoritaria de pérdida de confianza.

Tras ello, resultó imposible poner de acuerdo a socialistas y podemitas, en una situación más cómoda que la actual y con un número de legisladores superior al que ahora disponen.

En el presente, la necesidad de apoyos al principio de acuerdo entre los dos grandes partidos de la izquierda divide al Parlamento español, en los consabidos frentes de derechas e izquierdas, ahora reconvertidos en constitucionalistas e independentistas-pactistas. 

La derecha ataca la posibilidad de pacto, estableciendo una línea roja y negando toda posibilidad no solo de acuerdo sino también de contactos y negociaciones con los independentistas catalanes, para cuyos líderes presos pide un castigo ejemplar y el cumplimiento total de las penas impuestas, así como con los vascos, a los que sigue tildando de etarras (partidarios de ETA), aun sabiendo que la banda terrorista depuso las armas y se disolvió hace más de ocho años. El catastrofismo, y el establecimiento de una política del miedo, son las pocas bazas que se pueden permitir la derecha y el pro fascismo en la coyuntura actual.

La llave para lograr mayoría parlamentaria y poder formar un gobierno sigue estando en el alero de los republicanos catalanes (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), máxime tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que otorga inmunidad como eurodiputado al líder independentista de esa fuerza política Oriol Junqueras, que sigue en prisión tras la sentencia del Tribunal Constitucional español.

La nueva situación procesal de Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat (“Generalitat” es la institución de gobierno de la comunidad autónoma catalana), abre una nueva posibilidad cercana al indulto que puede y debe ser aprovechada en las negociaciones entre ERC y el actual presidente en funciones Pedro Sánchez, y además marca el camino de la posible inmunidad del ex presidente catalán Carles Puigdemont, que también elevo sus cuestiones al TJUE.

Este nuevo camino descargaría responsabilidad al presidente español en funciones, a quién la derecha española, desde el Partido Popular hasta la ultraderecha de Vox, esperan con la escopeta cargada para atacar la coalición del posible gobierno de izquierdas con los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, amén de su temor a la llegada de Unidas Podemos al control de las instituciones, temor compartido por las organizaciones empresariales y los poderes financieros.

Contra lo que la derecha quiere hacer creer, el grado de responsabilidad que en la actual coyuntura están haciendo gala los miembros de Esquerra Republicana de Catalunya está siendo notorio y sorprendente. Los dirigentes catalanistas dan sobradas muestras de compromiso con el establecimiento de un gobierno en el que primen las políticas de corte popular y con amplias atribuciones a las políticas públicas. Para ello, persisten en el diálogo con los interlocutores del gobierno con sede en Madrid, e intentan convencer y cuando no pacificar a sus propias bases, muchos de los cuales ven en este apoyo una traición a los principios de la Declaración Unilateral de Independencia, cuyos efectos habrán de posponer y reservar. 

También, su voluntad de diálogo les ha llevado a cierto grado de ruptura con sus socios en el “proces” (proceso político en favor de la independencia catalana), Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña), ala derecha y reconvertida de la antigua Convergencia y Unió, formación que tuvo que desaparecer debido a sus numerosos y sonados casos de corrupción, y que aglutina a lo más granado de la burguesía catalana que tantos gobiernos dio a la derecha española en el pasado. El deseado acuerdo con los Republicanos catalanes es fundamental para la formación de un gobierno que nace, desde ya, con una impronta de inestabilidad notable.

Por su parte, los vascos no tienen una línea tan indefinida. Su voluntad de formar gobierno está clara desde el día siguiente a las elecciones. No será gratis, pero sí hay una voluntad manifiesta de acuerdo, al menos en lo que respecta al Partido Nacionalista Vasco (PNV), mientras que de Bildu (Independentistas de izquierda radical, pertenecientes al polo soberanista), se espera una abstención que incline la balanza al número de síes.

Lo cierto es que todo se está haciendo muy largo. Es ya mucho tiempo sin un gobierno estable, y varias las veces que se toca el acuerdo con la punta de los dedos. Esta columna no acaba siendo la que un servidor querría firmar, y sigo viviendo la ilusión de escribirla hablando del nuevo gobierno. Será el próximo año, si nuestros políticos y el buen juicio así lo disponen. Feliz 2020.