Tras la sentencia del Tribunal Supremo de España, que condena a entre nueve y trece años de cárcel a nueve líderes del llamado “proces catalá”, que habían sido acusados de sedición y en algún caso, de malversación de fondos públicos, miles de independentistas tomaron las calles de las principales ciudades catalanas cortando avenidas y tomando infraestructuras esenciales, como el aeropuerto y las estaciones de ferrocarril.

Los hechos se remontan al 1 de octubre de 20017, cuando se produjo el referéndum considerado ilegal por las autoridades españolas, y que ya tratamos desde estas mismas páginas. El presidente de la Comunidad autónoma catalana, Carles Puigdemont, se fugó de la justicia española a Bélgica, y lo mismo hicieron seis miembros de su gobierno, que prefirieron el exilio antes que responder frente al Poder Judicial español.

Como hombre de paja al frente del gobierno, quedó Quím Torra, un abogado catalán sin experiencia en política, y especialmente hostil al Estado español y a España, que no duda en usar las redes sociales, en las que se hizo famoso por sus tuits incendiarios a favor de la insurrección independentista. Fue designado por el propio Puigdemont para asumir “provisionalmente” la presidencia de Cataluña.

Durante varios días la violencia callejera, acompañada de una represión excesivamente dura, se apoderaron de Cataluña, especialmente de Barcelona, donde los denominados comités en defensa de Cataluña (CDR), orquestaron gran parte de las protestas con el beneplácito del mismo Torra, al que se acusa de instigador y orquestador de la protesta.     

En estas circunstancias, se produce la convocatoria -para este domingo, 10 de octubre- de la segunda elección general en el mismo año y las cuartas en estos últimos cuatro. Tres veces más de lo que se prevé para una legislatura normal (que debiera durar, precisamente, cuatro años). La situación de bloqueo de la política española empieza a ser sumamente preocupante, sobre todo porque no parece, según las encuestas, que haya un ganador capaz de lograr los apoyos necesarios para formar gobierno. 

EL desgaste al que Podemos se ha sometido, en su intento de lograr un pacto de gobierno con el partido socialista (su nombre completo es Partido Socialista Obrero Español, PSOE), le deja en una situación muy poco ventajosa y todo parece indicar una considerable pérdida de votos y de escaños en el Parlamento. A ese desgaste hay que añadir la candidatura de su antiguo y destacado miembro, Iñigo Errejón, que presenta su propia candidatura encabezando el proyecto de “Más España”, una izquierda más dialogante que la liderada por Pablo Iglesias.

A la derecha de todos ellos se encuentran: el Partido Popular, representante de una derecha rancia y neoliberal; también Ciudadanos, que ya ni siquiera se presenta como representante del espacio de centro y vive hoy por hoy un naufragio ideológico que le hace moverse desde una derecha que pretende ser moderada, y que ha dejado de ser la fuerza política de los poderes financieros; y finalmente Vox, la nueva expresión parlamentaria de extrema derecha, que se presenta como una fuerza desacomplejada con un sustrato democrático francamente débil, y que sigue creciendo en las encuestas, superando en mucho los votos de Podemos y por supuesto de Ciudadanos, cuyo hundimiento todos vaticinan.

Lo cierto es que, así como Venezuela y la posición de los partidos ante el golpe de Juan Guaidó fue el arma arrojadiza en las últimas convocatorias electorales, la postura de los partidos ante el proces (como se conoce la puesta en marcha de la independencia catalana) marca ahora el hecho diferencial de las candidaturas. 

En efecto, cuanto más propuestas de mano dura tengan las candidaturas, mayor es el aporte de votos en la totalidad del estado. La tibieza de los socialistas, desde la perspectiva de las derechas, se utiliza como argumento de la debilidad del gobierno en funciones. Eso explica el despegue de la ultraderecha de Vox en las encuestas, que ya la sitúan como la tercera fuerza a nivel nacional.

Paradójicamente, será el proceso catalán quien marcará la formación del parlamento español en los próximos años, porque si la suma de las derechas les supone una mayoría suficiente, no tendrán reparos en unirse para formar gobierno, como ya han demostrado en las comunidades autónomas. En España, no se han unido al cordón sanitario que el resto de Europa establece para los partidos pro fascistas.

Mientras tanto, Cataluña se blinda ante el temor de altercados en la jornada electoral, y se preparan para lo que pueda venir a partir de este domingo.