A 26 días de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio ayer otro golpe al ya vapuleado gobierno de Mauricio Macri. Mediante un fallo de mayoría, dispuso en forma cautelar que la Nación asuma los costos fiscales de la quita del IVA y de la reducción del impuesto a las Ganancias que había dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) luego de la derrota en las elecciones primarias. El máximo tribunal entendió que dichas medidas no pueden afectar la coparticipación que le corresponde a las 15 provincias que presentaron un recurso de amparo para evitar perder esos fondos. 

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), "la Corte dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos n° 561/19 y n° 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y de las resoluciones generales AFIP n° 4546/19 y n° 4547/19 sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán".

Las provincias de Neuquén y Río Negro, que desistieron de presentar la medida cautelar ante el llamado de funcionarios del gobierno nacional, en principio no se verían beneficiadas por la decisión de la Corte y por estas horas estudian qué acciones seguir para que se garantice la equidad.  

Desde San Juan, donde participó de un acto junto al gobernador Sergio Uñac, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema es “lo que razonablemente debe hacer” ese máximo tribunal “en términos de Justicia” y consideró que el DNU “fue una decisión inconsulta y afectó las arcas del estado nacional”.

Qué dijo la Corte

El fallo difundido ayer lleva la firma de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia, mientras que Elena Highton no votó.

La decisión fue adoptada en una causa en la que la provincia de Entre Ríos impugnó el decreto 561/19, en tanto encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una reducción en la base de cálculo de las retenciones para el cálculo del impuesto a las ganancias a determinados sujetos; y una reducción de un 50% de los anticipos que deban ingresar los trabajadores autónomos en concepto de impuesto a las ganancias en los meses de octubre y diciembre del ejercicio 2019. 

También planteó la inconstitucionalidad del citado decreto, en tanto dispuso una alícuota del 0% en el Impuesto del Valor Agregado (IVA) para la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive.

Los fundamentos de la decisión se basan en que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) "detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello, por lo que tales decretos y resoluciones violan los principios del federalismo de concertación y el principio de legalidad en materia tributaria".

El texto indica que "el tribunal consideró que las medidas tomadas” por el Ejecutivo, “sin contar con competencia para ello, podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias".

Añade que el tribunal tuvo especialmente en cuenta lo argumentado por la provincia de Entre Ríos en torno a que "el daño podría resultar irreparable, en la medida en que ?según explica? los fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la hacienda provincial y se encuentran comprometidos a la ejecución de políticas públicas en curso, algunas de ellas de carácter social, lo que evidencia la necesidad de acceder a la pretensión cautelar".

Apunta que "en su disidencia, el juez Rosenkrantz sostuvo que, previo a proveer a la medida cautelar, debía establecerse si la Provincia de Entre Ríos estaba legitimada para efectuar su reclamo".

Neuquén y Río Negro, afuera del reclamo

Los gobiernos de Río Negro y Neuquén no integraron el grupo de provincias que presentaron la medida cautelar ante la Corte. Desistieron de esa acción ante el llamado de funcionarios del gobierno nacional en los que prometían analizar la situación para evitar que las medidas anunciadas impactaran en la coparticipación de las provincias.

De esta manera, los gobernadores Alberto Weretilneck y Omar Gutiérrez se limitaron a presentar una medida judicial similar, junto a las provincias de Mendoza y La Pampa, en rechazo del congelamiento del precio de los combustibles. 

Por estas horas, funcionarios de ambas provincias aguardan saber cómo se va a aplicar el fallo de la Corte. Señalan que la medida debería ser equitativa para todas las provincias o, de lo contrario, tendrán que iniciar una acción para que así sea.

La provincia de Buenos Aires, que conduce la referente de Cambiemos María Eugenia Vidal, naturalmente tampoco había participado de la acción judicial. Ayer, el equipo económico de la gobernadora analizaba dos vías a seguir. Según informó el diario La Nación, una opción era plantear por vía administrativa el reclamo al Estado nacional, para que cumpla con Buenos Aires del mismo modo en que debe hacerlo con las 15 provincias beneficiadas por el fallo; o bien presentarse directamente ante la Corte con un amparo y una demanda de “inconstitucionalidad” de los decretos en cuestión.