Mientras en estos días se define el pago de un “bono” de 5.000 pesos para asalariados del sector privado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe que analiza el deterioro de los sueldos producto de la devaluación del 12 de agosto. El estudio demuestra que por efecto del incremento en las expectativas inflacionarias, que pasaron de 40% al 55% anual, “si se quisiera equiparar el poder de compra” de los trabajadores en ese período, “habría que adosar en septiembre de 2019 la suma de 14.480 pesos”. 

“La pérdida derivada de la inflación adicional de 15 puntos para solo cuatro meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) alcanza dicho monto”, aclararon en el informe, y advirtieron que, por lo tanto, “la equiparación de poder adquisitivo que podría realizarse con una suma fija por única vez no revertiría la tendencia descendente que experimentan los salarios”. 

El gobierno, la CGT y cámaras de grandes empresarios acordaron el lunes otorgar un bono de emergencia obligatorio de 5.000 pesos para los trabajadores registrados, aunque su carácter será no remunerativo, y será considerado como adelanto de futuros aumentos. 

Desde CEPA remarcaron que el carácter no remunerativo “permite para los empleadores aliviar su carga, pero deja de aportar a la Anses y a las Obras Sociales”. Añadieron por su “consideración como adelanto de futuros aumentos”, le quita “su carácter extraordinario y significa que será absorbido por las próximas paritarias de cada sindicato”. 

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, celebró ayer la iniciativa a través de Twitter, cuando le agradeció “a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores del sector privado”. 

“Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan”, remarcó el presidente.

CEPA advirtió que “los trabajadores del sector privado pierden en 2019, en promedio, 17% de poder adquisitivo, al comparar con el promedio de salario real de 2015”, pero si se “considera la pérdida punta a punta desde diciembre 2015 hasta diciembre 2019, asciende a casi 20%”.

La posición de las pymes

La asociación de Empresarios Nacionales (ENAC) manifestó su “rechazo a las negociaciones que lleva adelante el ministro Dante Sica con entidades empresarias que no representan los intereses de las empresas nacionales pymes”, al tiempo que criticó las medidas por “electoralistas” y porque no resuelven “los problemas de fondo”.

La ENAC afirmó que el gobierno solo convoca al “diálogo a entidades empresarias oficialistas”, por lo cual desconoció “las negociaciones en marcha” y pidió “que las medidas de reactivación se acuerden con quien sea electo presidente el próximo 27 de octubre”.

En tanto Pedro Cascales, vocero y representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que sí participó de las conversaciones con el gobierno, manifestó que le habían pedido “al menos cinco cuotas para poder pagarlo” y que se abone a partir de octubre, aunque van a esperar “qué se define en la negociación”. 

Para la CAME, el bono “no se agrega a la masa salarial sino que se adelanta de un incremento futuro, por eso impacta de forma financiera en las empresas pero no desde un punto de vista económico”, según dijo Cascales.

La ENAC indicó en el comunicado que “igual que el año pasado, (el ministro de Producción y Trabajo, Dante) Sica definió un bono de 5.000 pesos para paliar la recesión que el gobierno nacional provocó”, y recordó que en esa ocasión “4 de cada 10 pymes no lo abonaron, y el resto lo hizo de manera parcial o total” cuando al mismo tiempo cerraban “25 pymes por día”.

La asociación criticó que el Ejecutivo insista nuevamente con el bono ahora que “la tasa de destrucción de empresas oscila entre 60 y 80 pymes por día, y la inflación supera el 55% anual”.

“El bono es necesario pero en las condiciones que se plantea es inefectivo e insuficiente”, expresaron en un comunicado, y destacaron que “como mínimo se debe implementar un paquete simultáneo de medidas económicas”.

Esta últimas deberían contemplar “congelamiento de precios regulados y de insumos difundidos; desdolarización de los mismos; un aumento generalizado de salarios privados y públicos por paritarias; una moratoria a largo plazo con quita de intereses y multas para ordenar la situación fiscal de las pymes; créditos a corto plazo a tasa de un dígito para afrontar salarios, aguinaldo, vacaciones e inicio de la etapa escolar en el 2020; y un fuerte control al movimiento especulativo de divisas y administración inteligente de las importaciones”, puntualizó la asociación de Empresarios Nacionales.