Los debates entre los candidatos a presidente que competirán en los comicios del 27 de octubre próximo tienen fecha, sede y hasta un listado de temas acordado, pero las postulantes más votados en las PASO dudan de su utilidad y conveniencia en la actual coyuntura económica e institucional.

El candidato más votado en las primarias, Alberto Fernández (Frente de Todos), cree que debatir con un presidente débil y en un contexto de crisis económica puede traer mayor inestabilidad, complicando aún más su hipotético gobierno a partir del 10 de diciembre. 

Además, se sabe favorito (las encuestas dan hoy una diferencia mayor de los 15 puntos de ventaja que obtuvo en las primarias sobre su principal adversario) y tiene más para perder. Para qué arriesgar a que un error, o un sistema de interpretaciones siempre inestable, lo arruine todo.

En la Casa Rosada tampoco están convencidos de los beneficios del debate, aunque por razones diferentes. La principal: el presidente Mauricio Macri será confrontado con las promesas que hizo en el debate de 2015. La diferencia puede ser demoledora. La compulsa, fácil para sus adversarios. 

Además, el primer mandatario no se destaca como orador ni como polemista. Su palabra fue erosionada por la crisis y las respuestas a la derrota del 11 de agosto sumaron desgaste. La aprobación de los propios es un saldo que ya tiene a favor. Quedar expuesto, todavía más, es pura pérdida en términos electorales. 

Debate y economía

“El (que va) primero nunca quiere debatir porque prefiere no arriesgar y Macri habrá analizado que no le conviene en esta situación. Todo eso es entendible en términos de la estrategia de cada uno. Lo que yo no acepo es el argumento de que el debate puede poner en riesgo la economía”, dice Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, a . 

Y agrega: “Si eso es así, habla más de la economía y del sistema político que del debate en sí. No entiendo el riesgo del debate. El pueblo tiene que elegir y hay una ley que cumplir, que facilita que se puedan escuchar las distintas propuestas. No veo nada terrible que pueda pasar”.

En tanto, María Elena Nadeo, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y miembro del  Consejo Asesor para el Debate Presidencial, consideró que “es cierto que estamos atravesando una severa crisis económica con un alto grado de inestabilidad pero existen mecanismos para atender esto sin dejar de debatir”. 

“Los candidatos pueden acordar eliminar o acotar temas que entiendan que pueden contribuir a la inestabilidad”, explicó Nadeo a , para quien “estamos ante la posibilidad de un gran debate para profundizar la democracia”.

“El mercado debería mostrar signos de madurez”, reclama Carlos March (Fundación Avina), también miembro del Consejo Asesor. “En el debate no se va a tomar ninguna medida económica, se van a confrontar ideas. El argumento económico no puede imponerse al político. El debate de ninguna manera puede poner en juego la estabilidad económica”.

La ley y el orden

La ley 27337, de octubre de 2016, estableció la obligatoriedad de los debates presidenciales. Además, designó a la Cámara Nacional Electoral como autoridad de aplicación y creó un Consejo Asesor, integrado por líderes sociales, académicos y de la sociedad civil, en un amplio abanico que incluye a organizaciones tan diversas como APDH, Cippec, MTE-CTEP, la UBA, Adepa, la Fundación Avina y FACA, entre otras.

La obligación de debatir es para para todos los candidatos a presidente que superan el 1,5% de los votos en las primarias. Quienes no lo hagan recibirán sanciones. El candidato que eluda el debate, por ejemplo, pierde los espacios de publicidad audiovisual que otorga la Dirección Nacional Electoral a las distintas agrupaciones. 

Además, su lugar debe quedar vacío para visibilizar la negativa, algo que ya sufrió el peronismo en el primer debate de 2015, cuando todavía no era obligatorio y Daniel Scioli, entonces candidato presidencial del Frente para la Victoria, decidió no concurrir. Sí lo hizo en la compulsa previa al balotaje. 

Tal vez por todo esto Alberto Fernández, quien criticó abiertamente la oportunidad del debate, anunció que participará. Lo mismo hizo el oficialismo, que dejó trascender que el Poder Ejecutivo no intentará ninguna modificación de la legislación para evitar la discusión. 

“Estamos viviendo un momento de mucha fragilidad política e institucional – reconoce Nadeo- pero al mismo tiempo de esperanza en la sociedad, que quiere que se atiendan sus demandas, que se restituyan derechos y que se ponga fin al ajuste. Además, el debate es ley y solo otra ley lo puede anular o sacar”. 

Lo que sé

“Logramos (en el Consejo Asesor) que se incluyan temas como derechos humanos, cuestiones de género, derechos sexuales y reproductivos y todo lo que tiene que ver con la pobreza, la indigencia, el endeudamiento externo, las cárceles, el trabajo y la reactivación económica”, cuenta Nadeo. 

“Ahora –explica- todos esos contenidos forman una lista que tienen que consensuar los candidatos, que en definitiva son los que acuerdan sobre qué van a debatir”. 

Esto comenzó a ocurrir el martes pasado, cuando los equipos de los seis candidatos que participarán en octubre -además de Macri y Fernández, Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y José Luis Espert (Frente Despertar)-, alcanzaron un principio de acuerdo en base a las propuestas hechas por el Consejo Asesor. 

Aunque el listado definitivo de temas se definirá a fines de septiembre, hasta ahora está pactado que durante el primer debate, el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, se discutirá sobre economía y finanzas; educación y salud; derechos humanos, diversidad y género, y relaciones internacionales.

En tanto, una semana después en la Universidad de Buenos Aires los candidatos debatirán sobre empleo, producción e infraestructura; federalismo, calidad Institucional y rol del Estado; desarrollo social, ambiente y vivienda, y seguridad.

Además de confirmar esto, los candidatos acordarán a fin de mes quienes serán los moderadores de los debates. En principio la tarea estaría a cargo de seis periodistas, tres hombres y tres mujeres, que representen tanto a la prensa nacional como de las provincias.

En caso de haber balotaje, se realizará un tercer debate el domingo 17 de noviembre. Todos los encuentros serán transmitidos por la radio y la TV públicas. Los canales y radios privadas podrán tomar las señales de manera gratuita y retrasmitirlas.

Principio de oportunidad

La posibilidad de convertir el debate en un estimulante de la discusión política a gran escala no es poco en épocas donde la crisis y las promesas incumplidas pueden conducir al escepticismo y fortalecer la anti política.

“El debate es una forma de llegar a un electorado que de otra forma no llegás. No todo el mundo está informado y mucho menos en el microclima de las redes o de los medios tradicionales. Hay un porcentaje altísimo de gente que no está interesada en todo eso”, advierte Secchi. 

El responsable de Poder Ciudadano recuerda además que “el debate pasado (para el balotaje de 2015) tuvo más de 50 puntos de ranking. Esto te permite llegar a gente que de otro forma no llegás. Tampoco soy un fanático del debate, pero me parece que es lo que la ley fija y hay que aprovecharlo”.

En el mismo sentido, Nadeo considera que “es la oportunidad de poner sobre la mesa, para el gran público, los temas que preocupan a la sociedad y que hoy son una propuesta pero mañana serán el programa de gobierno de quien gane las elecciones”. 

Según refleja el Cippec en su página web, son 73 los países que a la fecha tuvieron debates entre candidatos a Presidente o Primer Ministro, y 94 los que realizaron debates para cargos locales o parlamentarios. 

En los últimos años casi todos los países de América Latina tuvieron debates entre candidatos presidenciales. Incluso en Argentina hay también provincias que lo implementan, como la Ciudad de Buenos Aires (obligatorio desde 2018), Santa Fe y Mendoza.

Hacerse cargo

Tal vez el mayor desafío que enfrenta el debate sea cómo trascender a la campaña, evitando ser un mero trámite con el que los candidatos tienen que cumplir con mayor o menor entusiasmo pero sin consecuencias sobre lo que ocurra después de la elección. 

“Si el debate va a ahondar la grieta o no depende de la estrategia de cada candidato. Las conclusiones la debe sacar el ciudadano. Si hay más chicanas que propuestas esto se va a ver ahí. El debate es un componente más de la campaña”, advierte Secchi. 

“Lo que se promete en campaña – agrega- y no se cumple, después se paga. Seguramente a Macri le recordarán lo que dijo en el debate anterior. Y va a tener que explicar eso. Es el costo del debate. Y también una de sus utilidades. ‘Vos dijiste eso y no cumpliste’ ”.

Sobre esto Nadeo reveló que “en el Consejo Asesor quedó pendiente analizar, después de la crisis y con mayor tranquilidad institucional y política, un mecanismo para que haya un seguimiento entre lo que el candidato dijo en el debate y aquello que hace en el gobierno. Incluso que lo que prometió tenga un carácter vinculante respecto a sus actos de gobierno”. 

Para la titular de la APDH “esto requiere de una ley específica o por lo menos de la reglamentación de la ya existente. Los organismos que defendemos la democracia y los derechos humanos lo planteamos para que se debata a futuro”. 

“Lo que decimos –enfatiza- es que no queremos que se repita el bochorno del debate presidencial de 2015, cuando Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias, Pobreza Cero, que no iba a hacer ajuste y tantas otras cosas que no hizo una vez que llegó al gobierno”.

Para Nadeo “hay que pensar en la próxima etapa política como una deuda del sistema democrático con la ciudadanía, donde lo que se proponga y prometa sea lo que se lleva adelante cuando se es gobierno”.

Un mal necesario

Tanto Maurcio Macri como Alberto Fernández no quieren el debate pero lo aceptan como un mal necesario. Al igual que sucede con las agitadas aguas de la economía optan por la mesura, conscientes de que una profundización de la crisis no favorece al que se va pero tampoco al que llega.

La debilidad política del gobierno puede dejar a Macri todavía más expuesto, lo que no solo complicaría a Juntos por el Cambios sino también al Frente de Todos, que prefiere llegar a diciembre con una transición lo más ordenada posible.

De cara al debate en sí, en el bunker de Juntos para el Cambio deben preocupar las limitaciones discursivas de Macri, el contraste entre lo prometido en 2015 y lo sucedido desde entonces (la fragilidad de no tener mucho para mostrar), y lo insustancial que en ese contexto se vuelve convocar a la esperanza.

En la vereda de enfrente, Alberto Fernández tiene más para ganar. No gobernó, por lo que puede prometer sin defraudar. Tiene, además, el voto que agosto castigó a su principal oponente (colocándolo en el lugar de la falta). Sin embargo, tiene poco margen para el error. 

La sociedad está atenta. Es sensible a la posibilidad del desengaño. Y a las promesas que no se cumplen.