Anunciado hace tres semanas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pero luego postergado sin aviso, finalmente tiene estado parlamentario el proyecto de ley para poner en marcha el llamado “reperfilamiento”. Ese término, creado por el gobierno, implica estirar las fechas de pago respecto de una parte de la deuda pública contraída durante la administración de Mauricio Macri. 

Es una propuesta para reprogramar vencimientos a mediano y largo plazo por 32.000 millones de dólares de deuda emitida bajo ley nacional. Sin embargo, según el oficialismo, no se trata de un nuevo cronograma de pagos sino de una normativa para sentar las bases de una oferta.

El proyecto fue presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación. Desde el equipo económico afirman que fue conversado con la oposición, aunque ninguno de los sectores políticos contrarios al gobierno lo confirmaron. 

El propósito oficial es que sobre los bonos rija una cláusula de acción colectiva similar a otros bonos, emitidos bajo Ley Nueva York o europea. De esta manera, si una mayoría calificada de bonistas accede a una reestructuración, el resto de los acreedores no podría litigar judicialmente contra el país. 

Según esa interpretación, se les cerraría la puerta a los fondos buitre que compran deuda defaulteada para luego pedir un resarcimiento por vía judicial.

Los voceros gubernamentales explican que la idea es dar el primer paso para la creación de un mecanismo institucional de reperfilamiento "amigable" de la deuda, de forma tal que los acreedores puedan suscribir voluntariamente a una propuesta que estire vencimientos, pero sin quitas de capital.

“Este proyecto habilita al Ejecutivo a entablar una negociación”, dijeron integrantes del equipo económico. Agregaron que “es una señal de que la eventual discusión de la deuda se hará en un marco voluntario y de racionalidad".

El objetivo, plantearon, es que "quien gane en las próximas elecciones pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin excesivos condicionantes financieros”. A criterio de los voceros del gobierno, “este proyecto de ley busca proveer las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de plazos de deuda bajo jurisdicción local".