José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina  por los Derechos del Hombre, presentó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 un escrito para que “se deniegue la concesión de la libertad condicional” a Jorge “Tigre” Acosta, condenado a cadena perpetua por crímenes de Lesa Humanidad, que fue solicitada la semana pasada.

“El pedido es uno de los pasos más en la estrategia de impunidad que despliegan los genocidas con apoyo del gobierno, de una parte sustancial del poder judicial, y de la prensa”, indicó Schulman a y agregó que “con la excusa de la edad pretenden terminar con las condenas y sobre todo romper con la construcción histórica de que en la Argentina hubo un Terrorismo de Estado que cometió un genocidio y que reorganizó el país”.

“Nos oponemos terminantemente tanto a la domiciliaria como a las condicionales, creemos que las personas que cometieron crímenes semejantes, como se dijo en la sentencia del caso Etchecolatz, no pueden pasar un solo día de la parte de la vida que les queda fuera de la cárcel y así lo fundamentamos en el escrito”, expresó el militante.

En la presentación que realizaron ayer ante el Tribunal, indicaron que “la prisión preventiva, ahora transformada en condena efectiva, resultó tranquilizadora para quienes fueron víctimas del condenado, por lo que una modificación en el modo de cumplimiento de la pena aplicada cambiaría radicalmente el estado de seguridad de que gozan sus víctimas para colocarlas en un estado de zozobra absoluto”.

Jorge “Tigre” Acosta fue jefe del llamado Grupo de Tareas 3.3.2 que operó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Esma) y fue condenado a cadena perpetua por 82 hechos probados de secuestros, torturas y desapariciones, además de que fue probada su responsabilidad en el plan sistemático de robo de bebés, y su participación de los “vuelos de la muerte”; éste último en noviembre de 2017.

Schulman explicó que plantearon que “ninguna de las reglamentaciones de acortamiento de penas son automáticas y que en este caso no se cumplen ninguna de las condiciones que dice la ley, puesto que no hay ningún interés de Acosta en resocializarse y no se entiende que recibiría la sociedad con Acosta libre; en realidad estaría reivindicando sus crímenes y siendo uno más de esta campaña negacionista que empuja el gobierno”.

La presentación aclara que “el imputado en ningún momento demostró tener un mínimo de reproche hacia su conducta lesiva del ordenamiento penal, todo lo contrario, durante más de 35 años trató de justificar y hasta de evadir rendir cuentas ante la Justicia”.

“Las discusiones fundamentales son acerca del carácter específico de los crímenes de Estado y de la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos de las víctimas, de la sociedad, que en este caso es el derecho a que haya Memoria, Verdad y Justicia; y los asesinos estén presos hasta el final de su vida”, completó Schulman.

El pedido de libertad condicional se conoció la semana pasada y se realizó luego de que el represor fuera descubierto por empleados de la Anses, donde fue a pedir un préstamo con permiso judicial.

El gremio de estatales expresó en un comunicado “el repudio absoluto a la presencia en UDAI Centro del genocida Tigre Acosta, la cual ha dejado una consternación entre los y las laburantes de ese sector, así como en el conjunto en general” y remarcaron que no están “dispuestos a tolerar que paseen libremente por nuestro organismo aquellos que han avasallado el Estado de Derecho, deteniendo, torturando y desapareciendo a compañeros”.

Schulman recordó que “hace muchos años López Murphy, dirigente de la derecha que fue ministro de De la Rúa, reunido con los familiares de los asesinos, les dijo que no había espacio para pedir indulto pero si para pedir que se vayan todos a la casa con la excusa de la edad” y remarcó que “no se fueron todos pero más del 50% de los condenados están en la casa”.

La legisladora porteña por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, junto a la abogada Liliana Mazea, querellantes en varios juicios de lesa humanidad, también presentaron un escrito ante el tribunal para rechazar el pedido de Acosta y sostuvo que “el lugar de los genocidas es la cárcel, quedan muchos crímenes por juzgar”.

“Es importante destacar asimismo, que los delitos por los que ha sido y continúa siendo juzgado Acosta, continúan desarrollándose en el presente, toda vez que no concedió jamás a las familias de sus víctimas la información necesaria siquiera para saber dónde están las personas desaparecidas”, indicó en su presentación Bregman.