La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial el decreto 591, que permite la importación de residuos de otros países sin una certificación de su inocuidad para el ambiente y las personas, como se exigía anteriormente; lo que encendió la alerta entre legisladores, ambientalistas y organizaciones intermedias ante el peligro ambiental que puede esconder; y que va a generar demandas por su inconstitucionalidad y una discusión en el Congreso.

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asesor de Fernando “Pino” Solanas en el Senado, explicó a que “es muy preocupante” la publicación del decreto y remarcó que “es un claro caso de regresión ambiental”, porque se “retrocede en la legislación ambiental y se autoriza la importación de residuos sin el certificado de inocuidad de origen”.

El abogado indicó que los sorprendió que no haya habido “ningún tipo de debate previo, ni consulta” y que fuera llevado adelante “de forma absolutamente unilateral y ni siquiera firmado por el secretario de Ambiente de la Nación”.

“Esto abre las puertas a muchas cosas”, indicó Viale y aclaró que “es una especie de Caja de Pandora que puede terminar en la importación de residuos peligrosos, algo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional en el último párrafo del artículo 41”.

El decreto 591/2019 que firmó el gobierno el 27 de agosto modifica el decreto 181/1992, implementado por el gobierno de Carlos Menem, que definía que para la importación de residuos  se debía pedir una autorización de la autoridad ambiental, pero con esta modificación se le quita este control a materiales reciclables como cartón, papel y plásticos permitiendo la importación indiscriminada.

Viale confirmó que están analizando con distintas organizaciones ambientalistas presentar acciones legales, y que el senador Pino Solanas va a presentar hoy o mañana un proyecto de ley para que se derogue este decreto. 

La legisladora porteña por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, dijo que “Macri nos tiene que explicar porque nos quiere convertir en el basurero del mundo” y calificó al decreto como “muy peligroso, porque a partir de ahora las empresas podrán importar la basura que quieran con el solo hecho de considerarla un insumo básico para su producción, incluso aquella que es tóxica o contaminante”.

“Es un gran negociado para sus amigos empresarios del plástico, las metalúrgicas y las papeleras, además de ser una amenaza para el medio ambiente”; indicó Bregman en redes sociales y destacó que “afecta directamente a quienes aportan al reciclado urbano, del cual viven muchísimas familias”.

El  presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas explicó que “la introducción de materiales reciclables” en el país, como prevé el decreto, “es un disparate en varios sentidos” ya que “Argentina no necesita ese material”, sino por el contrario, tiene un excedente “en sus ciudades, y no llega a reciclar ni un porcentaje mínimo de los reciclables que terminan en repositorios finales”; por lo que no hay una situación donde “estamos cumpliendo un 100% en el reciclado y necesitamos basura”.

Y por otro lado advirtió que “va a bajar el precio de los reciclables y es un golpe directo a las cooperativas de los recicladores urbanos, los cartoneros y es algo que genera mucha preocupación”.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) emitió un comunicado donde exige “que esta medida se revierta de forma inmediata y que el gobierno nacional genere una política para fomentar el reciclado a partir del trabajo que ya realizamos los cartoneros”.

“En Argentina hay alrededor de 150.000 cartoneros que trabajan en basurales y en la calle sin derechos ni acompañamiento del Estado”, indicaron desde la Faccyr y destacaron que “desde que asumió” el ministro, ahora secretario de Ambiente Sergio Bergman, vienen “pidiendo la intervención de Ambiente para mejorar las condiciones de trabajo y así potenciar el trabajo ambiental que hacen los recicladores”; pero “lejos de fomentar que el material recuperable vuelva a la industria nacional, el decreto quita controles para favorecer importaciones de basura”.

El otro aspecto que analizó Viale, fue que hace alrededor de un año, Rodríguez Larreta “modificó la Ley de Basura Cero que tenía una prohibición expresa de incinerar basura, y de esta manera permite la incineración en la Ciudad de Buenos Aires”.

Por lo que indicó que están “investigando si hay una relación” entre la importación de basura que permite el decreto y esa modificación, “y si esto va a ser material para esas incineradoras, que sería una locura absoluta porque la incineración tiene graves consecuencias ambientales”.

La ingeniera mecánica y representante de Ingenieros sin Fronteras, Alejandra Portatadino, también alzó su voz contra el decreto y advirtió que “China cerró la importación de residuos peligrosos y ahora buscan otros lugares del planeta para deposición permanente”, y remarcó que “la Patagonia y el mar Argentino se encuentran en el listado desde la época de Menem”.

Portatadino explicó que “otro de los residuos peligrosos que preocupan a Europa para su deposición final son los denominados Marpol (Marines pollution) derivados de limpieza de sentinas, restos de combustibles y sólidos de los buques; que con una autorización podrán hacerlo en el mar o en tierra de acuerdo al residuo”.