Proyecto Económico, equipo de investigación que dirige la diputada nacional Fernanda Vallejos (Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria), elaboró un documento basado en un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) según el cual una de cada tres personas en Argentina tiene problemas para asegurar su alimentación.

La FAO estableció que entre el período 2014-2016 y el que va de 2016 a 2018, “se sumaron 2,4 millones de personas al grupo de 5 millones de argentinos y argentinas, el 11,3% de la población, que sufren inseguridad alimentaria grave”, mientras que “la cantidad de personas víctimas de inseguridad alimentaria moderada” pasó de 8 millones de personas a 14 millones.

Por lo tanto, “para 2018, ya eran 14 millones los argentinos y argentinas”, que equivalen a un 32,1% de la población total del país, “que no podían asegurar su alimentación”.

Fernanda Vallejos denunció que “la reinstalación del hambre como un problema en Argentina es consecuencia de las políticas económicas de Macri, que encarecieron los alimentos hasta hacerlos inalcanzables para los argentinos, cuyos ingresos crecieron en proporciones sensiblemente menores”.

En el informe del equipo Proyecto Económico se tomaron los datos del último documento que dio a conocer la semana pasada el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) acerca del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). Los datos oficiales revelaron que una familia tipo necesita al menos 12.410 pesos mensuales para no ser indigente y 31.149 para no ser pobre.

La diputada nacional sostuvo que “las canastas básicas subieron 2,7% en el mes de junio, mientras que desde inicios de 2018 se ubican por arriba del alza general de precios”. Precisó que “la política de Macri y Cambiemos no solo genera alta inflación sino que además es sumamente regresiva, golpeando más fuerte a los más humildes”. 

“La línea de indigencia se encuentra prácticamente en el mismo nivel que el Salario Mínimo Vital y Móvil, mientras que los jubilados y jubiladas que perciben el haber mínimo, están 600 pesos por debajo de la línea de indigencia”, remató la legisladora.

Como causa de esta situación, desde el grupo de estudios que lidera Vallejos aseguran que las medidas que implementó el gobierno de Mauricio Macri, como “el fin de los controles en el mercado de cambios y la eliminación de los derechos de exportación, popularmente conocidos como ‘retenciones’, trajeron como resultado una abrupta devaluación del peso argentino y la consecuente suba de los precios, que se intensificó con el aumento de tarifas”.

Y explican que como Argentina “se caracteriza por un alto peso de los alimentos en sus exportaciones”, los productores pretenden obtener “los mismos beneficios vendiendo al mercado interno o al exterior”. En consecuencia, las retenciones “tienen la capacidad de desacoplar los precios internos de los alimentos del precio internacional”.

“Sin retenciones, el precio pasa a estar automáticamente dolarizado y sufre fuertes alzas ante cada devaluación”, sostienen en el documento, para luego remarcar que “eso fue lo que ocurrió a inicios de 2016 y volvió a suceder con la devaluación de 2018”.

El informe establece que en los seis meses en que se concentró la devaluación de 2018, el costo de la canasta básica alimentaria se incrementó un 36%.

“Como no podía ser de otra manera, tal incremento redundó en la expansión de la indigencia, que entre los cuartos trimestres de 2017 y 2018 trepó de 4,5% a 7,4%; lo cual significa que en Argentina sufren hambre 3.300.000 personas”, completaron.

Desde Proyecto Económico realizaron el cálculo de cuánto costaría sacar a los argentinos de la indigencia a partir del último informe de pobreza del Indec. Según esa estimación, serían suficientes 60.000 millones de pesos anuales, equivalentes a “solo un 10% de lo que, según la ley de presupuesto, se destinaría al pago de intereses de deuda externa durante 2019”.