Rodolfo Tailhade, diputado nacional por el Frente para la Victoria-PJ, presentó una denuncia penal por los delitos de “malversación de fondos públicos” y “abuso de autoridad” contra el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade, por haberle condonado una deuda millonaria a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur.

El legislador sostuvo que “de acuerdo a la ley, los 5 millones de usuarios de Edenor y Edesur debían recibir 7.000 pesos cada uno a raíz de las multas que impuso el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE)”, lo que equivale a 35.000 millones de pesos (treinta y cinco mil millones). Explicó que en lugar de esto, “Macri y Lopetegui decidieron regalárselos a las empresas”.

El ENRE estableció penalidades por conceptos de Apartamientos de la Calidad del Servicio que debían afrontar las empresas por 35.000 millones de pesos, pero cuando se traspasó el servicio de distribución de energía a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, los funcionarios condonaron la deuda y establecieron que se destine a inversiones futuras.

El legislador dijo que “las concesionarias no lograron mantener una calidad del servicio superior a la calidad media de referencia, motivo por el cual la casi totalidad de las sanciones impuestas deberían haber sido abonadas por estas a los respectivos usuarios”. En cambio, el gobierno “violó la ley”, y “les permitió a Edenor y Edesur destinar a supuestas inversiones en el futuro” el monto que adeudaban, remarcó.

La reglamentación establece que las multas solo pueden ser destinadas a la ejecución de inversiones adicionales en el caso de que las empresas concesionarias hayan mantenido índices de calidad de servicio superiores a los de la calidad media.

Sin embargo esto no sucedió, ya que de acuerdo a lo que informó Tahilade, en los últimos 15 años Edenor “solo ha cumplido con los parámetros de calidad en dos semestres”, y Edesur lo hizo unicamente “en el período comprendido entre marzo y agosto de 2006”.

La denuncia aclara que “el gobierno nacional, con la finalidad de beneficiar de manera ilegítima a las empresas, ha modificado unilateralmente el destino de las multas que corresponden ser acreditadas en la cuenta de los usuarios individuales, sin que tuviera competencia para ello”.

Por esa razón, “se concluye con claridad que se han malversado fondos, dirigiéndolos hacia las concesionarias y sustrayéndoselos a los usuarios, que son los únicos titulares de los montos dinerarios provenientes de las multas”, puntualiza la presentación judicial.

El escrito recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y el fiscal que estará a cargo de la investigación será el fiscal Franco Picardi.