Diversos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil rechazaron al acuerdo de las distintas fuerzas que integran la alianza Cambiemos, por el cual respaldaron el pago de las tarifas de servicios públicos en cuotas durante los meses de mayor consumo, manteniendo los incrementos dispuestos por el ministerio de Energía. El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) afirmó que la medida “es una tomada de pelo”, mientras que anoche se realizó la “marcha de las velas” para repudiar el tarifazo.

Ayer, luego de varias reuniones entre representantes de los partidos oficialistas, como el gobernador de Mendoza y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, junto a su correligionario Mario Negri y además Nicolás Massot (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica-ARI), leyeron el documento que anunciaba la posibilidad de posponer el pago de las facturas de gas de entre mayo y agosto, que se podrán abonar en tres cuotas bimestrales durante los meses del verano.

Massot, jefe del bloque de diputados macristas, confirmó durante el anuncio a la prensa que las cuotas tendrán un interés “por debajo de los del mercado”, aunque omitió dar más detalles, ya que serán anunciados por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

El Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) calculó que la autorización de dicho ministerio para adelantar el aumento del gas de mayo a abril, le deparó a las empresas distribuidoras una ganancia de 2.450 millones de pesos.

Como parte del fuerte rechazo social y político a un nuevo tarifazo en distintos servicios públicos, fue convocada la “marcha de las velas” que desde el anochecer de la víspera congregó a miles de personas en la ciudad de Buenos Aires.

La protesta se realizó mediante una caminata entre el Congreso y el Obelisco, encabezada por referentes sindicales como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Roberto Baradel y Omar Plaini, y que fue respaldada por distintas agrupaciones políticas. Participaron militantes de diferentes organizaciones, pero además gran cantidad de personas que se movilizaron por su cuenta.

“Facturas impagables”

En ese contexto, la bancada del FpV-PJ, que conduce Agustín Rossi, expresó en un comunicado “su rechazo” al anuncio del gobierno nacional “en el que propone la facilidad de pagos de las tarifas en cuotas y con intereses, manteniendo así los exorbitantes aumentos”.

Agregó que “la propuesta de Mauricio Macri es una tomada de pelo a todos los argentinos agobiados por la suba de tarifas”, ya que “desdoblar la factura y dar cuotas con interés no resuelve el principal dolor de cabeza que tienen hoy las familias, las pymes y los comercios”.

Desde el bloque peronista y kirchnerista también sostuvieron que “esta medida anunciada por Cambiemos tiende a distraer y terminar con el debate en el Congreso Nacional”, pero aclararon que van a insistir “en poder tratar el proyecto” que presentaron y “que busca congelar y retrotraer las tarifas durante todo el año”.

“Una vez más decimos que las tarifas en Argentina han llegado a un nivel que resultan impagables para muchos sectores de la población”, agregaron, y calificaron de “intolerable que desde el gobierno nacional se sigan autorizando la suba de precios de bienes y servicio fundamentales”, expresó la bancada del FpV-PJ.

Avanza un amparo en la justicia

El juzgado federal N° 2 de La Plata admitió el amparo contra el tarifazo de gas presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), por considerar “inconstitucional” el aumento realizado el 1 de abril.

La medida cautelar, que comprende a los usuarios residenciales de gas natural de todo el país solicita “la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones Enargas 300 a 309 de 2018 por contrariar los artículos 1, 11, 14, 17, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional” porque “autorizan la aplicación del nuevo cuadro tarifario, con un aumento del 40%, correspondiente al servicio de gas natural por redes a partir del 1 de abril de 2018 cuando la normativa vigente establece que dichos aumentos deben aplicarse a partir del 1 de mayo”.

El juez Adolfo Gabino Ziulu le solicitó al Enargas y al ministerio de Energía que presente en tres días un informe sobre el nuevo cuadro tarifario para luego decidir sobre la presentación realizada por el Cepis.   

Mariano Lovelli, titular de esa asociación civil, explicó que “como las cautelares contra el Estado no se pueden dar sin tener una primera escucha al gobierno, el magistrado declaró admisible el amparo, le otorgó carácter colectivo para que representemos a todos los usuarios residenciales de gas del país, pero ordenó que el Estado emita un informe en el plazo de tres días”, y luego el juez “estará en condiciones de dictar la medida cautelar, más allá de que después continúe el proceso”.

El Cepis es la misma asociación que presentó en 2016 una demanda contra el Estado y logró frenar el tarifazo por una resolución de la corte Suprema de Justicia que declaró nulo el aumento y estableció la obligatoriedad de realizar audiencias públicas de manera previa.