Eduardo Barcesat dijo que “es una afectación a la libertad de prensa” la irrupción de la policía en Radio Caput para llevarse el audio de la entrevista que le hicieron a Eugenio Raúl Zaffaroni por la que fue denunciado; “porque si un ciudadano no puede dar sus opiniones ante la situación económica y política del Estado argentino es gravísimo”.

“Es pretender una censura y un castigo a la opinión libremente expresada que debiera mantenerse así, porque ninguna sociedad democrática se construye solamente con alineamientos y consensos, también es el espacio para el disenso, ésa es la esencia de la democracia”, señaló en diálogo con .

Cuatro policías ingresaron a Radio Caput el día de ayer con un pedido del juez Ariel Lijo para el director de la emisora donde solicitaban el audio de la entrevista que le realizaron a Zaffaroni y por la cual fue denunciado por apología del crimen por el abogado Santiago Dupuy De Lome.

En la entrevista el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló “yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir”.

Barcesat sostuvo que lo que dijo Zaffaroni “tiene un marco constitucional  que hace ridícula e inviable la acción penal” y no puede ser catalogado como “apología del crimen”.

“Lo que él dice es de una enorme sensatez” ya que “hay un diagnóstico de que se está deteriorando la situación argentina tanto en lo económico como en lo político institucional, y que esto va a derivar en una violencia hacia las personas que van a reclamar legítimamente por sus derechos”.

Y el problema es que frente a esto, “la respuesta va a ser la represión; como ya hemos visto en el caso de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, en el caso Chocobar o los atropellos a las manifestaciones”.

“Si esto se va a multiplicar por mil porque ahora no son solamente las fuerzas policiales y de seguridad sino que se pretende sumar a las fuerzas armadas en una actitud de colaboración represiva, obviamente que el panorama muestra que no va a ser el del ciudadano que ejerce sus derechos sino el del ciudadano que es reprimido por la pretensión de resguardar sus derechos”, explicó el abogado constitucionalista.

Argumentó que lo que dijo Zaffaroni implica “que hay resortes institucionales; uno de ellos son las elecciones de octubre de 2019, otro es el pedido de juicio político por mal desempeño y posible comisión de delitos en ejercicio de la función pública” que funcionan como “alternativas institucionales”.

“Y hablar de estas alternativas, como parafraseando lo que dice la Constitución en su artículo 36, que frente a actos de fuerza institucional los habitantes tenemos el derecho de resistir y de oponernos a esos actos”, es lo que hace inviable esa denuncia contra el ex magistrado.

Barcesat agregó además que “hay varias denuncias” contra el presidente “ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de diputados de la Nación pero están cajoneadas, ni siquiera quienes hemos sido denunciantes fuimos convocados a ratificar, a aportar las pruebas que podrían surgir de los expedientes”.

Para Barcesat “el problema es que cae en esta justicia con todos los déficits que conocemos, su imparcialidad, sus inquinas, su sometimiento y su sumisión al poder político de turno” por lo que “esto es lo que hace temer y es parte de lo que ha criticado Zaffaroni”.

Pedidos de renuncia a la CIDH

Esta semana tanto el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, como el diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias, criticaron a Zaffaroni pidiendo que sea expulsado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Es una estupidez”, remató Barcesat y agregó que “Zaffaroni, si bien proviene de la Argentina, precisamente por tal no interviene en ningún tema que el gobierno argentino sea parte requerido porque es parte del reglamento de la Corte y de la Comisión Interamericana; de modo que insistir en esa línea demuestra la obcecada torpeza política e institucional del gobierno”.

Para Barcesat, “un hombre con una trayectoria académica y de servicios a las instituciones del país, particularmente por su paso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de ninguna manera puede ser desmerecido o atacado en la forma en que lo ha sido”, concluyó.