Distintas figuras del peronismo y de la oposición, constitucionalistas, ex jueces y dirigentes gremiales y sociales coincidieron ayer en rechazar la decisión del juez Claudio Bonadio de dictar la prisión preventiva y pedir el desafuero como senadora de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde la izquierda, el Frente Renovador y el kirchnerismo, dirigentes cuestionaron los argumentos del juez para dictar esta medida que debería ser utilizada de forma excepcional y no habitual, según los juristas. 

El constitucionalista Eduardo Barcesat afirmó que "asistimos a un derrumbe del Estado de Derecho y de la institucionalidad” y recordó que el Congreso aprobó el memorando con Irán. "Estamos ante una persecución política, donde el Poder Judicial se convierte en una dependencia jurisdiccional del Poder Ejecutivo”, apuntó.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni sostuvo que el juez federal Claudio Bonadio “se pasó de línea” al ordenar las detenciones de la senadora Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno por el Memorándum con Irán, y lo cuestionó por ubicarse “como cabeza del revanchismo” iniciado con el advenimiento de Mauricio Macri en el poder.

El líder de Cumplir, Florencio Randazzo, consideró “un disparate” las decisiones judiciales, mientras que el diputado del Frente Renovador Felipe Solá las calificó como “una locura” y las asimiló a una venganza.

 La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, hizo especial hincapié en que Bonadio “toma una decisión política, no jurídica”, al resaltar que las medidas dispuestas por el magistrado “no buscan justicia en la causa AMIA”. “Tengamos acuerdo o no, el Memorándum fue votado por el Congreso, no es una medida judiciable”, agregó.

Otros representantes de la izquierda también se expresaron en esta línea, pero además puntualizaron que el contexto en el que se dan las detenciones no pareciera ser casual. Nicolás Del Caño, diputado del FIT, calificó al expediente como “una causa armada y no judiciable”, y recordó que la resolución llega una semana antes de la pretensión del Gobierno por “avanzar en Diputados con el robo a los jubilados y un presupuesto de ajuste y entrega”.

“Es un disparate”, señaló el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, coincidiendo con Randazzo sobre la decisión judicial de avanzar con la causa que había iniciado el ex fiscal Eduardo Nisman en la que acusó a Fernández de Kirchner. “La ciudadanía debe estar alerta por el avance contra el Estado de Derecho porque hoy van por estos dirigentes políticos pero mañana pueden venir por cualquiera”, agregó Fernández.

Felipe Solá, del Frente Renovador, criticó algunos aspectos del memórandum, aunque destacó que el juzgamiento por “traición a la Patria” es “una locura que solo un no-juez como Bonadio puede usar para hacer los deberes. Y vengarse”. Compartió su intervención en el Congreso el día que se votó en la Cámara de Diputados el proyecto del acuerdo con Irán.  “Sobre el Memo con Irán en la HCD. Pobreza de resultados, pésima idea, memo para nada, una comisión de la verdad absurda. Pero ¿Traición a la Patria?”, agregó.

El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, encuadro todas las detenciones “en un escenario de persecución política a la dirigencia política opositora", al referirse a las decisiones contra la ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman,  el ex secretario General de la Presidencia Carlos Zannini, el dirigente piquetero Luis D'Elía, el referente de la comunidad islámica en Argentina Jorge “Yussuf” Khalil, el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y el diputado y dirigente de La Cámpora Andrés Larroque. 

Mientras los representantes de las distintas fuerzas rechazaban enfáticamente las disposiciones de Bonadio, en Twitter el apellido del juez y la frase “Estado de Derecho” escalaban los primeros puestos de los temas del momento. La mayoría alertaba los riesgos para la democracia que medidas así pueden generar.