Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos, dijo ayer que el caso de Santiago Maldonado “no se puede catalogar como una desaparición forzada de persona”, y agregó que los miembros del gobierno “somos defensores de los Derechos Humanos e institucionalistas”. Asimismo, trató de desviar la atención de la sociedad con una declaración resonante, al afirmar que “no vamos a permitir una república mapuche independiente y autónoma en medio del territorio argentino”.

A su vez, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, cuya intervención fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros peticionantes, solicitó al gobierno que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización”, y que tome inmediatamente “las medidas urgentes que sean necesarias”.

En Neuquén, ayer se realizó una marcha por el joven desaparecido convocada por ATEN y la Confederación Mapuche. Los manifestantes se concentraron en torno al monumento al general San Martín.

Las organizaciones de Derechos Humanos también reafirmaron ayer la denuncia por el joven, del cual no se sabe nada desde el martes anterior, 1 de agosto, cuando lo vieron correr en medio del ataque de gendarmes contra una comunidad mapuche en el departamento de Cushamen, cerca de Esquel, en la provincia de Chubut.

En una conferencia de prensa de los referentes humanitarios, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, advirtió que “Santiago Maldonado no es una persona extraviada, es un detenido desaparecido cuya aparición exigimos, y el gobierno nacional no puede ocultar su responsabilidad en este hecho”, sino que “tiene que cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas”.

Explicó que la actuación de ese órgano internacional, constituye la primera “aplicación en la Argentina de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas, que fue sancionada hace más de 20 años por las Naciones Unidas”, lo que calificó como una hecho de “extrema gravedad”.

Aclaró que la intervención “se aplica a pesar de que el gobierno ha ofrecido una recompensa y de que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj,” le envió “una nota al CELS donde se refiere al hecho como una persona extraviada”.

Verbitsky indicó que tanto el defensor público oficial ante el juzgado federal de primera instancia de Esquel, Jorge Machado, como la fiscal Silvina Avila, “caracterizaron el episodio como desaparición forzada, por lo cual la pretensión del gobierno nacional de que se trata de una persona extraviada y que tal vez ni siquiera estaba en la comunidad, son la prueba de encubrimiento del Estado nacional a este hecho que su propia fuerza cometió”.

Además del CELS, participaron de la conferencia de prensa Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros.

Estela de Carlotto dijo que “es tremendo el dolor que produce tener que pedir de nuevo por un desaparecido” y agregó que “es lo peor que le puede pasar a una madre, a un hermano”, y afirmó que el hecho “merece el castigo de la sociedad”.

Gobierno versus defensor oficial

Por el lado del gobierno, además de negar la desaparición de Maldonado, Patricia Bullrich volvió a plantear un escenario de criminalización de la comunidad mapuche al declarar que “no vamos a permitir una república mapuche independiente y autónoma en medio del territorio argentino”.

Reiteró que “el juez no tiene ninguna comprobación que la Gendarmería haya tenido algún tipo de participación”, y responsabilizó a la comunidad mapuche por no permitir el ingreso de la fuerza para realizar la búsqueda. 

La funcionaria dijo que “la semana pasada enviamos a la Prefectura Naval con buzos, drones y todo el material para la búsqueda y pudimos entrar sólo 400 metros” porque “los líderes de las comunidades impidieron la entrada para iniciar la búsqueda”.

El ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien brinde datos útiles sobre el paradero de Maldonado a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Machado, el defensor público oficial en el juzgado federal de Esquel, refutó los dichos de la ministra y explicó que “pareciera como que la comunidad mapuche estaría estorbando la búsqueda de Santiago, pero esto no fue así”, porque él mismo estuvo en el lugar “con veedores de Derechos Humanos” y confirmó que “no fue así”.

Señaló que lo único a lo que se opusieron los mapuches es a la utilizaciones de drones, “porque en esta región hay una relación muy tensa entre las fuerzas de seguridad, y la comunidad y ellos interpretan que eso no era necesario y que lo que querían hacer era inteligencia”.

El pedido de la ONU

La primera actuación del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas fue un pedido a las autoridades argentinas para que adopten “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización” de Santiago Maldonado.

También le plantea que se deben tomar “inmediatamente todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva”.

Además, el órgano de la ONU pidió que les informen de los resultados, y que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición”.

Solicitó asimismo “que se garantice la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba que ya obran en la investigación o puedan llegar a hacerlo y que podrían permitir determinar la ubicación del señor Santiago Maldonado y la identidad de las personas responsables de su desaparición”.

Finalmente, el Comité de Naciones Unidas le solicita al Estado argentino que le informe “sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado parte para localizarlo, para aclarar su desaparición y para garantizar que esté bajo la protección de la ley”.