"En la presente investigación se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada", sostuvo el fiscal Juan Pedro Zoni en su presentación judicial, en la que también fue imputado el director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, responsable directo del acuerdo.

Zoni impulsó ante el juez federal Ariel Lijo una acción penal a raíz de las denuncias presentadas por el abogado Daniel Jaime Igolnikov; y por Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti quienes adujeron  que cometieron “fraude en perjuicio de la administración pública” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Sabbatella afirmó que “el ministro Aguad es un caradura y tiene que renunciar ya” porque “la quita de más del 98% de la deuda de una empresa que pertenece a la familia presidencial es un escándalo que no merece liviandad ni sorna, sino un abordaje serio y una aclaración profunda que ni Aguad, ni Marcos Peña, ni el propio Macri están logrando dar”.

“Nosotros creemos que este negocio de 70.000 millones de pesos beneficia directamente al presidente de la Nación y por lo tanto es incompatible de punta a punta”, continuó el referente de Nuevo Encuentro, quien destacó que “si Macri sostiene que la responsabilidad de hacerle perder al Estado argentino esa cantidad de dinero es de Aguad, tiene que echarlo ya, revertir la maniobra y anular el acuerdo”.

El fiscal Zoni remarcó que debe realizarse una investigación para "corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal" del correo, que ya lleva 15 años de trámite y en la que "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios".

La denuncia pide investigar el cambio de estrategia del Estado “mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal”, que llevó adelante un funcionario que “carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”, en alusión a Mocoroa. Agrega que “dicho funcionario” desarrolla sus funciones “a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario, de forma directa o indirecta, de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”.

Según la fiscal Gabriela Boquín, el acuerdo implicaría una condonación de deuda de unos 4.000 millones de pesos de manera inmediata, cifra que escalaría hasta los 70 mil millones si se extendiera la financiación hasta el 2033.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló ayer sobre el tema y dijo que “es una discusión de carácter judicial que viene dándose hace muchos años, desde 2002, en el marco de la ley de quiebras”  y agregó que “luego de 12 años de desidia y no resolución por parte de las autoridades del gobierno anterior, el ministerio de Comunicaciones trabajó en un esquema de un acuerdo para poder darle fin a esta discusión que claramente perjudicaba al Estado al no resolverse”.