El juicio que se lleva a cabo contra la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala en San Salvador de Jujuy, tuvo ayer ribetes de escándalo. La policía del gobernador Gerardo Morales reprimió brutalmente a dirigentes y ex funcionarios que habían viajado a Jujuy para escuchar la última audiencia del juicio oral y público contra la diputada del Parlasur. La legisladora nacional Mayra Mendoza fue agarrada del cuello y de los pelos. Hubo palos y golpes, fue detenido el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham.

Fue una muestra del estado de excepción que se vive en Jujuy. Vallaron todo para no permitir que la gente entre al juicio que ni siquiera se sabía si iba a terminar, porque las pruebas se fueron cayendo y una condena podía evidenciar un escándalo.

Se trata del proceso que se le sigue a la dirigente social por la causa que se le inició como presunta instigadora de amenazas -en el año 2009- al entonces senador nacional y ahora gobernador Gerardo Morales, a raíz de un "escrache".

Después de que declararan tres testigos de un total de 25 citados y luego de un cuarto intermedio los abogados querellantes, posteriormente los fiscales y finalmente los defensores realizaron su exposición de alegatos, los cuales culminaron a las 2 de la madrugada de ayer.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal de Jujuy solicitaron la pena de tres años prisión para la dirigente social encarcelada por considerarla instigadora del escrache a Morales, en tanto que los abogados querellantes solicitaron la pena de 8 años para los tres acusados en esta causa.

Los representantes legales del actual gobernador, Eduardo Vergara y Daniel Vivas, fueron los primeros en alegar solicitando la pena de 8 años de prisión para la dirigente social, Milagro Sala, al igual que para los cooperativistas Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra.

En el caso de Milagro Sala, indicaron que fue “instigadora” para que se lleven a cabo los hechos, en tanto que los cooperativistas Graciela López y Ramón Salvatierra, presentes en el momento del "escrache", fueron apuntados como “coautores” de daños agravados.

Para la querella la agresión perseguía dos objetivos: “El primero intentar impedir que se realice la conferencia sobre el control de fondos públicos sobre las organizaciones sociales”, porque “no querían que se conocieran los resultados”, y el segundo “generar miedo en los disertantes”, el actual gobernador, Gerardo Morales y el ex Auditor General de la Nación, Leandro Despouy.

En la misma línea los fiscales federales Domingo Batule y Federico Zurueta, argumentaron que el hecho sucedido en la tarde del 16 de octubre de 2009 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, “no fue un hecho aislado, sino que fue un ataque claramente premeditado y organizado”.