El gobierno de Mauricio Macri tuvo que retroceder en su embestida contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, debido a fuertes resistencias dentro de la propia alianza Cambiemos, pero más aún desde sectores del sistema judicial habitualmente aliados al oficialismo que se opusieron al proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF), con el cual el oficialismo buscaba desplazar a la titular de la Procuración.

El tema había recibido la semana pasada dictamen favorable de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, y hoy iba a ser tratado por el plenario de esa rama del Parlamento, pero el macrismo debió dar marcha atrás.

Quien desarmó la estrategia del macrismo desde adentro de la coalición oficialista fue la diputada Elisa Carrió, al calificar de “inconstitucional” el proyecto de ley, y afirmar que para desplazar a Gils Carbó de su cargo el procedimiento indicado legalmente es un juicio político.

Sin embargo, quizás aún más importante que el rechazo de la jefa de la Coalición Cívica e integrante de la alianza Cambiemos, fue la posición de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, una entidad conservadora que agrupa a los jueces más poderosos y que en los hechos funciona como una aliada del gobierno de Mauricio Macri.

En este caso, dicha asociación afirmó que la propuesta para reformar la ley del MPF “puede atentar contra la independencia que garantiza a esa institución el artículo 120 de la Constitución Nacional”.

El presidente de la entidad Ricardo Recondo, que es un juez antikirchnerista firme aliado de la oposición durante el gobierno anterior, dijo ayer que “los fundamentos del proyecto parecer reposar básicamente en cuestiones que tienen que ver con la persona de la señora procuradora general de la Nación -dijo- que deberían ser planteadas, analizadas, juzgadas y resueltas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario”.

La crisis interna en la alianza gobernante había quedado en evidencia cuando Carrió dijo a través de Twitter “cuestioné el proyecto desde su ingreso al Parlamento, y lo conversé con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo”, y agregó que “los integrantes de Cambiemos tenían conocimiento, pero optaron por acordar con Massa”.

Este último concepto fue una referencia al pacto entre los diputados massistas del Frente Renovador y el llamado Bloque Justicialista encabezado por Diego Bossio, acuerdo que permitió, como ocurre habitualmente, que el proyecto tuviera dictamen favorable de comisiones y quedara en condiciones de ser aprobado por la Cámara.

Para despegarse del resultado adverso, desde el sector de Massa dijeron que retiraban el quórum para la sesión de hoy “hasta que el oficialismo unifique” su posición sobre el tema, y además, a pesar de haber votado favorablamente el proyecto en comisiones, ayer dijeron que durante su tratamiento en el plenario iban a proponer modificaciones.

Frente al panorama adverso, el gobierno nacional y sus parlamentarios no solo debieron suspender el tratamiento del proyecto que preveían para hoy en Diputados, sino que el ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvo que salir a decir que “si no se generan los consensos necesarios, no habrá modificación” a la ley del Ministerio Público Fiscal.

El macrismo consiguió dictamen favorable para echar a Gils Carbó