Con el objeto de denunciar al país y al mundo el sistemático uso del "lawfare" contra los gobiernos populares de la Argentina, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), emitió un pronunciamiento en el que pone en evidencia las persecuciones políticas llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri contra funcionarios, ex funcionarios y opositores con el fin de encarcelarlos o eliminarlos del escenario de la competencia electoral.

El documento de la AAJ toma estado público después de que una asociación civil macrista denominada "Será Justicia" haya acusado al gobierno de Alberto Fernández de propiciar "un grave debilitamiento institucional" en el país.

Entre los firmantes de esta insólita y asombrosa declaración figuran Mariano Federici y María Eugenia Talerico, que en el gobierno de Macri estuvieron al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), oportunamente denunciada por el catedrático Juan Félix Marteau como un club de "amigos del gobierno" y que la AAJ caracteriza como un espacio institucional que, durante el período 2015-2019 se ocupó de "blindar a los agentes de la especulación financiera y la fuga de capitales".

En línea con esa denuncia, la AAJ dice en su comunicado que Federici, como titular de la UIF, se negó a proceder como lo indicaba el propio Consejo Asesor del organismo que, en su momento, aconsejó multar al banco HSBC por encontrarlo incurso en operaciones presuntamente delictivas en espuria sociedad con la red de lavado de Henry de Jesús López Londoño (a) "Mi Sangre".

El documento de AAJ menciona el decreto 257/15 Anexo II, que fue el puntapié inicial para el comienzo de la persecución de opositores a partir de la asunción de Mauricio Macri en 2015. Con ese decreto, que asfixiaba? ? económica y financieramente al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, quedó allanado el camino para la destitución -previa campaña calumniosa en su contra- de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó no obstante los impecables antecedentes y la calidad de la actividad pública que exhibía la funcionaria perseguida. Y recuerda la AAJ que ese cargo, hoy, está desempeñado de modo anómalamente interino por Ricardo Casal, un funcionario que, pese a no contar con el necesario acuerdo del Senado, permanece aún en su función luego de haber sustituido ilegítimamente a la doctora Gils Carbó.

Con un despliegue concatenado y preciso, el texto de la AAJ exhibe una lógica argumentativa apoyada en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en pronunciamientos de las Naciones Unidas, en informes de las diversas relatorías de la ONU y en doctrina y jurisprudencia atingente a la vigencia y promoción de los derechos humanos, lo que torna al pronunciamiento? ? en un documento contundente de denuncia de una actividad insidiosa, irresponsable y mezquina por parte de ex funcionarios de un gobierno que dejó al país en una situación de quiebra virtual y cuyos más altos cargos y jerarquías se encuentran, actualmente, enfrentando en la justicia graves cargos por corrupción, enriquecimiento ilícito, fuga de capitales, lavado de activos y otros delitos gravísimos en perjuicio del Estado y del pueblo argentino.

Finalmente y sin que esto agote el rico contenido de la denuncia que efectúa el organismo continental, se llama la atención acerca de la oportunidad elegida por los ex funcionarios macristas de "Será Justicia" para atacar al gobierno del presidente Alberto Fernández: ello permite inferir, a juicio de la AAJ, que uno de los propósitos de la inescrupulosa oposición vinculada al ex presidente Macri es el de "debilitar al actual gobierno Argentino en su capacidad de negociación en las gestiones llevadas adelante ante los organismos multilaterales de crédito, para regularizar su situación financiera internacional y recuperar la soberanía económica del país".

Firman el documento, acompañado por organismos y personalidades del derecho, la cultura y los derechos humanos, Vanessa Ramos, presidenta continental de la AAJ, Beinusz Szmukler, presidente de su Consejo Consultivo de la AAJ y el secretario general del organismo, Luis Carlos Moro.

Documento completo de la Asociación Americana de Juristas