El proyecto de ley de Educación Ambiental, que tuvo dictamen en comisiones del Congreso de la Nación en noviembre del año pasado y que tiene como objetivo la implementación de una política pública nacional educativa en esta materia, con contenidos en los ámbitos formales y no formales, reúne el consenso para tratarse en las próximas sesiones extraordinarias de febrero.

Federico Fagioli, diputado nacional del Frente de Todos consideró que “habría consenso para que este tema entre en el período legislativo extraordinario” y aseguró que “ignorar la importancia de este proyecto y de la concientización en materia ambiental es condenarnos a la autodestrucción”.

“Lo importante de un proyecto así es que determina las condiciones mínimas obligatorias en materia ambiental”, aseguró el diputado a y agregó que el consejo que va a coordinar la estrategia de implementación “es muy diverso, ya que incluye a sectores de la sociedad civil, científicos, educadores, pueblos originarios, cartoneros, guardaparques, permitiendo una visión integral”, que va a generar un “proceso y un avance muy importante en materia ambiental”.

El proyecto obtuvo dictamen de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto y fue consensuado a partir de un texto presentado por el Ejecutivo nacional y de otros que elaboraron distintas fuerzas políticas.

En la redacción de la norma trabajaron representantes de todas las provincias del país a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, cuyo objetivo es la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental, y su principal instrumento de aplicación es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA).

Fagioli explicó que “el proyecto se basa en la formulación de una Estrategia de Nacional de Educación Ambiental y, a partir de este marco, se van a establecer los contenidos”.

Y remarcó que esta estrategia “va a estar a cargo del ministerio de Educación y del ministerio de Ambiente”, ya que “tiene alcance para todos los niveles de la educación formal y también para la educación ambiental formal y no formal; lo que incluye talleres, capacitaciones, formaciones y herramientas de ese estilo que se den fuera del ámbito educativo, por ejemplo, en asociaciones y ongs”.

Para el diputado nacional, que integra la comisión de Recursos Naturales del Congreso, “sin dudas es una ley muy importante teniendo en cuenta las conquistas que hemos conseguido en la materia durante el año legislativo”.

La referencia tiene que ver con la ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental que “viene a complementar la ratificación de Argentina al Acuerdo de Escazú que, básicamente, permite el acceso a la información ambiental”; y a la Ley Yolanda, “que impulsa la capacitación de los funcionarios en materia ambiental y, fundamentalmente, de cambio climático en los tres poderes del Estado”.

“En este sentido, considero que el Estado ya viene ganando terreno y poniendo en agenda temas tan importantes a la hora de preservar nuestra Casa Común”, remarcó Fagioli.

Aunque advirtió que “en materia de políticas públicas todavía falta porque, como en todo, existe una inmensa puja de intereses”, por lo que “se vuelve clave e indispensable que desde nuestros lugares seamos claros y enfrentemos a las corporaciones que hacen negocios con nuestro ecosistema.”

Intereses económicos y modelos contrapuestos

Fagioli se refirió a los intereses que cruzan transversalmente el tema ambiental y sostuvo que “los intereses netamente económicos que predominan hoy en día tienen un impacto negativo en nuestro ecosistema, y en el caso de los incendios quedó en evidencia”.

“Con la ley de Fuego, por ejemplo, quedó demostrado que el negocio inmobiliario y financiero de las tierras destruyó hectáreas valiosísimas en material ambiental”, explicó el diputado y agregó que “esta ley, que tuvo sanción en el periodo legislativo anterior, se enfrenta de manera clara a los intereses agropecuarios”.

Otro ejemplo de este tipo de situaciones que consignó Fagioli es el de “los countrys que se han construido sobre el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, que fueron hechos sobre humedales, un recurso natural con valores ecosistémicos importantísimos” (ver nota aparte).

“Eso no sólo genera una pérdida irremediable en materia ambiental sino que, además, afecta la calidad de vida de las personas que habitan los barrios aledaños produciendo inundaciones”, amplió el legislador quien aclaró que “suele suceder que esos barrios aledaños son nuestros barrios populares”.

“Los vecinos y vecinas de estos barrios pierden colchones, comida, heladeras, no pueden salir de sus casas para ir a laburar o llevar a los pibes al colegio; eso también es consecuencia de los intereses económicos que dañan el ecosistema de manera integral”, sentenció.

El diputado nacional indicó que es necesario generar “políticas públicas que permitan una nueva concepción y un nuevo vínculo con la tierra” porque “nos hicieron creer que el desarrollo está en el modelo agroexportador, cuando el verdadero desarrollo está en la potencia que tienen los sectores de la agricultura popular para producir de forma agroecológica, cuidando la tierra, y en total armonía con ella”.

Para el legislador “la diferencia oscila entre un modelo que cuida la tierra y también cuida a la población, porque nos cuida produciendo productos sanos y libres de agrotóxicos; y un modelo que sólo cuida las ganancias de los ricos, devasta el suelo y contamina las aguas con los agrotóxicos”, además de que “propicia la fuga de la renta hacia otros territorios y la concentra en pocas manos”.

Desde su banca, Fagioli presentó el año pasado un proyecto en el Congreso para proteger los territorios periurbanos productivos, que son las “tierras en forma de anillo que rodean las grandes ciudades” y donde los trabajadores de la agricultura popular realizan sus producciones, que representan “el 80% de lo que consumimos los argentinos”.

“¿Qué pasa con estos territorios? Frente al avance de las grandes ciudades y de la construcción, se los está perdiendo, están arrasando con ellos”, explicó.

Y sostuvo que “con el modelo de producción y de consumo imperantes, los perjudicados son, como siempre, las y los más vulnerados” porque “el impacto negativo ambiental lo sufrimos todas y todos, pero repercute en mayor medida en aquellos sectores que tienen menores recursos”.