El Senado buscará sancionar la semana próxima el proyecto de ratificación del Consenso Fiscal 2020, que recibió ayer dictamen favorable en comisión y otorga $ 70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda pública, en particular la nominada en dólares, y suspende los procesos judiciales por la distribución de la coparticipación federal.

Neuquén cerró un año con la mayor crisis de endeudamientode los gobiernos del MPN. Se gastó el cupo autorizado por presupuesto de 11 mil millones y debió refinanciar el pago de deudas en pesos y en dólares para no caer en default.

El acuerdo fiscal suscripto por el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales el 4 de diciembre pasado, en un acto que se realizó en la Casa Rosada, será incluido en el temario de convocatoria al período de sesiones extraordinarias, que quedará abierto hoy cuando los senadores debatan una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor.

Todas las provincias firmaron el convenio, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables, tampoco adhirió a la norma por decisión del jefe del distrito, Horacio Rodríguez Larreta.

En una videoconferencia que se realizó ayer en la Comisión de Presupuesto, el presidente del cuerpo, Carlos Caserio (Frente de Todos), destacó que "el consenso es una herramienta muy importante en un año que seguirá siendo duro", y resaltó la importancia del fortalecimiento de la interrelación Provincias-Nación.

Caserio también puso de relieve que el acuerdo contempla la posibilidad de que "las alícuotas tengan un máximo" y señaló que "es una limitación a lo que cada provincia puede hacer".

"Hay una serie de normas por las cuales se busca mayor consenso administrativo para ir ajustando la recaudación nacional y provincial", subrayó.

Otro punto central del acuerdo estará vinculado con las demandas judiciales, y establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

La velocidad de esa recuperación dependerá de la normalización de las regulaciones en el mercado de trabajo, así como de incentivos concretos a la inversión, el crédito y una disminución de la presión fiscal al sector formal de la economía.

Fuente: agencia Télam