Osvaldo Bassano, abogado y presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc) consideró que “la creación de este sistema único, universal y obligatorio” para las telecomunicaciones que va a beneficiar a 10 millones de personas, “es un acto democrático porque incluye a la población”, y aclaró que como el sistema de comunicaciones es “monopólico, si el Estado no interviene, el mercado no va a hacer nada, ni por el consumidor ni por el propio Estado, y esto es una forma de perder soberanía e independencia”.

“Vemos muy bien la creación de este sistema único, universal y obligatorio porque crea democracia, es un acto democrático que incluye a la población, porque últimamente las empresas han mostrado muy claramente su falta de responsabilidad social empresaria”, indicó Bassano a .

Y aseguró que las empresas “plantean que si el consumidor tiene para pagar que lo pague y si no lo paga, que no tenga nada; y lamentablemente no estamos hablando de una camisa sino que hablamos de celulares, cable, internet y telefonía fija, que es un sistema muy importante para el consumidor, dado que allí va educación, consultas médicas, divertimento”.

El gobierno publicó las resoluciones que ponen en vigencia desde el 1 de enero próximo un plan básico universal obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y tv por suscripción, con un precio a partir de 150 pesos, y también los incrementos de hasta 8% para las tarifas de estos servicios a partir del primer mes del año.

Bassano destacó que el antecedente de esta decisión fue “lograr que se declararan servicio público a las telecomunicaciones”, a través del decreto 690, porque “es una forma avanzar en un servicio tan monopólico, tan concentrado, en algo tan útil para la población” y además “obliga a que las empresas no puedan pedir incrementos sin hacer lo que corresponde, presentar inversiones, estructuras de costos, balances”.

Para el titular de Adduc, “tenemos un problema en las comunicaciones, porque tanto los medios como las comunicaciones están monopolizadas, y si el Estado no interviene, el mercado no va a hacer nada, ni por el consumidor ni por el propio Estado, y esto es una forma de perder soberanía e independencia porque queda sujeta toda la población a las decisiones caprichosas y a las avaricias de un puñado de corporaciones o de personas”.

“Un Estado no puede permitir eso, todos tienen que tener acceso, usufructuar el sistema y que se transforme en universal”, definió Bassano y aseguró que “el Estado tiene que ver y estudiar  detenidamente la estructura de costos de las empresas”, que en este contexto “tratan de destruir la competencia de las pymes más chicas del interior del país para de esa forma fijar un mercado a su corte y confección, con ingresos superlativos”.

Luego del anuncio por parte del gobierno, grandes medios de comunicación como Infobae o el Grupo Clarín comenzaron a titular y exponer las críticas por parte de las empresas a esta decisión.

“Cuando dicen que no pueden sostener ese sistema, es una mentira, como han mentido todo este tiempo porque han ganado miles de millones de dólares en estos cuatro años, hicieron una amplia concentración, utilizan el sistema interconectado de fibra óptica del Estado y no pagan todos los beneficios que tienen”, opinó el abogado.

El presidente de Enacom, Claudio Ambrosini aseguró en declaraciones radiales que con esta decisión “el Estado vuelve a crear un derecho, como fue la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo” y destacó van a “seguir trabajando con todo el sector” de telecomunicaciones “para garantizar nuestro derecho a estar comunicados y comunicadas”.

Bassano elogió la gestión de “los órganos de control, que están cumpliendo su función” y criticó el hecho de que “en el gobierno anterior no controlaban, era un escándalo, porque hasta en las cosas más evidentes estaban a favor de las empresas dejando al consumidor totalmente librado a su suerte”.

Beneficiarios

Entre los beneficiarios del plan básico figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo y por Embarazo.

También comprende a quienes perciben pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, a inscriptos en el Monotributo Social, así como a trabajadores y trabajadoras monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

Además, los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.

La norma incluye asimismo a los clubes de barrio y de pueblo registrados, asociaciones de bomberos voluntarios registrados, entidades de bien público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

Incremento de precios

En conjunto con la resolución anterior, el gobierno autorizó un aumento para las empresas de estos servicios de hasta 5% para enero próximo, y para los licenciatarios que posean menos de 100.000 accesos y que no hayan aumentado sus precios durante 2020, de un 8%; siempre tomando como referencia los precios al 31 de julio 2020.

Para Bassano, esta “no es una suma que no pueda llevarse adelante” aunque remarcó que “debería incluirse a las asociaciones de consumidores en la discusión y evaluar muy detenidamente por qué van a tener aumento”, ya que consideró que las empresas “no hacen las inversiones que corresponden, y es un problema en el que hay que tener consideración”.