Así como a mediados de año las decisiones de un juez de la ciudad santafecina de Reconquista pusieron trabas al rescate de la compañía Vicentin que había establecido el presidente Alberto Fernández, en los últimos días otro sector de fiscales y jueces dispuso drásticas medidas de investigación que tienden a destapar la olla del escándalo perpetrado por el grupo empresarial durante el macrismo.

Las actuaciones de esta semana incluyeron allanamientos en dependencias de la empresa y de domicilios particulares de sus directivos, también la intervención de las cuentas bancarias y cajas de seguridad de la firma y de sus empresarios responsables, y además la prohibición de que el grupo sea desguazado.

La tarea investigativa es impulsada por el fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El funcionario judicial solicitó las medidas, que contaron con el aval del juez Hernán Postma, en el marco de una causa por “estafa” que se tramita en un tribunal penal de Rosario.

Desde este lunes, se allanaron al menos una docena y media de domicilios de la localidad de Avellaneda (provincia Santa Fe), todos pertenecientes a ex directivos de Vicentin, a empresas ligadas a la cerealera concursada y a la propia sede de Vicentin SAIC. La tarea, por orden judicial, estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que depende del ministerio de Seguridad de Santa Fe. 

Los procedimientos estuvieron vinculados a la causa por defraudación que se sustenta en elementos aportados por bancos extranjeros acreedores. La orden de allanar involucró, por primera vez, a las empresas participantes del grupo Vicentin bajo sospecha de formar parte de una maniobra de ocultamiento de activos y desvío de recursos para burlar la responsabilidad ante los acreedores.

El 31 de julio de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri y mientras obtenía irregularmente créditos del Banco Nación, la firma principal -Vicentin SAIC- elevó un informe a los bancos extranjeros describiendo el buen estado financiero que exhibía la empresa, el eficiente uso de las inversiones, y las excelentes perspectivas de exportación para los meses siguientes teniendo en cuenta los granos y productos procesados en stock para atender la demanda futura. 

Pero tres meses después, a la fecha del balance (31 de octubre de 2019), todos esos indicadores se habían dado vuelta, los bienes de cambio se habían esfumado y la empresa ingresaba en un "estrés financiero" que provocó su cesación de pagos en los primeros días de diciembre.

El informe al 31 de julio no dejaba prever ninguna posibilidad de ese cambio de panorama. Por eso, en su demanda judicial los bancos acreedores lo consideran como la evidencia de "falseamiento de la información para conseguir los créditos", por lo cual lo presentaron como prueba ante el tribunal penal de Rosario y se sumaron como querellantes.

El juez de la quiebra

En otro ámbito judicial, en Reconquista -ciudad próxima a la localidad de Avellaneda, donde está la sede de la empresa– se sustancia la causa por la quiebra del complejo agroexportador, en lo que técnicamente constituye un “concurso preventivo de acreedores”. El expediente está a cargo de Fabián Lorenzini, titular del juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial. 

En junio pasado el juez restituyó al directorio de Vicentin, que había sido cesado en sus funciones debido al decreto de intervención y expropiación de la compañía emitido por el presidente de la Nación. En esos días trascendió que Lorenzini había sido empleado del Banco Nación durante 20 años, y como tal firmó dictámenes referidos a créditos solicitados por Vicentin.

Las decisiones que había adoptado el gobierno nacional apuntaban a rescatar a la empresa y así impedir tanto el cierre de instalaciones y despidos de trabajadores como la cesación de pagos a los productores que le vendieron su cosecha, y al mismo tiempo evitar maniobras de vaciamiento de la compañía.

Pero después de que el juez restituyera al directorio, más otras medidas que fueron en el mismo sentido por parte del integrante del Poder Judicial santafecino, mediante un decreto del 31 de julio el presidente dejó sin efecto la intervención y expropiación de la firma.

En esa ocasión, a través de Twitter, Fernández criticó al juez Lorenzini. Dijo que “el interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. Agregó que también “ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, destacó. 

Fraude a acreedores y a trabajadores

Con estos antecedentes, cobra mayor valor la investigación actual de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, a través del fiscal Migue Moreno y ante un juzgado penal de Rosario.

Según especialistas que siguen de cerca el caso, las averiguaciones que impulsa Moreno y que define el juez rosarino Hernán Postma sobre el conjunto de compañías que integran el grupo empresarial, "descorren el velo societario sobre el abuso de las sociedades anónimas pantalla e inicia el recupero de los activos de Vicentin SAIC, fugados con fraude a los acreedores y a los trabajadores".