Carlos Rozanski, ex juez federal del Tribunal Oral número 1 de La Plata consideró que “es un hecho alarmante” el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al planteo de Amado Boudou y puntualizó que es “necesaria una reforma profundísima de la justicia” para que haya “jueces que representen verdaderamente a las mayorías populares”, además de aclarar que “es imprescindible ampliar” el número de integrantes del máximo tribunal, a 21 miembros y dividirlo en salas.

“Habría que hacer una reforma profundísima de la justicia y parte de esa reforma es ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, eso es algo absolutamente necesario, imprescindible y de sentido común, y sin embargo no se está contemplando siquiera”, indicó Rozanski en diálogo con .

Y remarcó que “más allá de los jueces y juezas honestas, hay un grupo de gente muy peligrosa en la justicia, gente que acompañó los peores momentos de la historia, como los golpes de Estado y en los cuatro años de gobierno macrista, acompañaron el saqueo”.

“Esto no es algo que pueda pasar desapercibido, necesariamente hay que hacer una reforma profunda para poder tener jueces que representen verdaderamente a las mayorías populares”, definió el ex juez.

La ex presidenta, Cristina Fernández, aseguró en una carta el miércoles que la Corte Suprema “no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de law fare” y que no le extrañaría que empiece “a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno”.

“La Corte Suprema es el poder más importante de los tres del Estado”, reflexionó Rozanski y recordó que “mientras el presidente manda un proyecto al Congreso, las dos cámaras lo votan y se sanciona como ley, si de un plumazo la Corte lo declara inconstitucional, se terminó la ley; ahí se nota quien tiene el verdadero poder de este país”.

Y señaló que “detrás de ese poder están los medios hegemónicos de comunicación y el poder económico que dirige todas estas acciones”.

Para el ex juez, se debería modificar la composición de la Corte Suprema, ampliándola a 21 miembros y con una división en salas, y que los jueces que la integren sean seleccionados por el sistema actual, aunque con un “aditamento” que la Constitución prevé y es la “consulta popular no vinculante”.

“Si los nombres de esos candidatos son expuestos a la ciudadanía para que se expresen en una consulta popular, por lo menos se va a poder escuchar al pueblo que es quien termina atravesado por los fallos, sería una muy buena forma de convalidar esos nombramientos”, aclaró.

Boudou y el law fare

Sobre el rechazo al recurso presentado por el ex vicepresidente Amado Boudou, que lo podría llevar a la cárcel nuevamente, Rozanski indicó que la Corte “utilizó un artículo del Código de Procesamiento Civil y Comercial que de ningún modo debería haber sido usado para algo tan serio, y una cosa muy desagradable que mostró es el doble estándar que aplica”.

El artículo que menciona es el 280, que establece la posibilidad de no dar fundamentos a una decisión “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. 

“Tuvieron un criterio para definir lo que es importante, trascendente institucionalmente como es el fallo sobre Bruglia y Bertuzzi, donde lo consideraron tan importante que abrieron un Per Saltum, un recurso extraordinario y excepcional y respecto de este tema, donde estaba en juego la libertad de una persona, lo consideraron intrascendente”, explicó Rozanski.

Y agregó que “es un hecho alarmante, lo han hecho con total naturalidad y habría que empezar a preocuparse por ese tipo de fallos”.

En declaraciones radiales, Boudou expresó que “el Poder Judicial se fija en quién juzga para establecer su sentencia” y describió que “es una situación que hay que transitar, pero la democracia está muy restringida con este law fare”.

Rozanski aseguró que “es un doble estándar, hay una discriminación muy fuerte que significa elegir el criterio que se va a utilizar depende de lo que se esté decidiendo”, y destacó que “ese doble estándar es absolutamente ilegal y también es ilegal ratificar la vigencia del law fare”.

“La guerra jurídica que se conoce como law fare sigue vigente y la prueba es este fallo de la Corte Suprema”, remató Rozanski.

Para el ex juez, es “absolutamente repugnante al Estado de Derecho” el hecho de que en la causa Ciccone “un testigo compró un hotel con el dinero que le dio el Estado para declarar de una manera determinada” y aseguró que “eso solo es un motivo más que suficiente para que la Corte se hubiera dignado a analizar los fundamentos del recurso que se estaba presentando”.