Por 42 votos a favor y 26 en contra, el Senado sancionó anoche la ley de Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas que permitirá recaudar 300 mil millones de pesos para atender la emergencia derivada de la pandemia, en los aspectos sanitarios y productivos.

La iniciativa prevé el cobro de 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley un patrimonio de más de 200 millones de pesos. Esa tasa se elevará al 2,25 por ciento en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento entre 400 y 600 millones y al 2,75 por ciento cuando sea de 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25 por ciento para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5 por ciento.

En el debate de ayer, la propuesta del Frente de Todos tuvo 42 votos a favor y la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio reunió 26 rechazos. Los contribuyentes involucrados son unos 12.000.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, dijo que este aporte extraordinario va a generar un “gran impulso” económico en Argentina. “Esta ley y estos recursos van a ser un gran impulso para la Argentina”, señaló y agregó que “es un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional".

El senador cordobés remarcó que el país está “saliendo de esta pandemia como se salió de algunas guerras mundiales, con miles de muertos y las economías suficientemente desgastadas".

El primer senador de la oposición en hablar fue el senador Martín Lousteau, quien consideró que la presión tributaria en la Argentina “no va a generar trabajo” y agregó que “esta ley no es un aporte, es un impuesto”, al aseverar que “no existe tributariamente la palabra 'aporte' salvo para el sistema de seguridad social”.

Contra incendios intencionales

El Senado también aprobó ayer una ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

La iniciativa -impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner- fue aprobada por 41 votos aportados por el oficialismo, contra 28 del interbloque de Juntos por el Cambio y una abstención del senador del FdT por Corrientes Carlos "Camau" Espínola.

La oposición rechazó la norma por considerar que "es inconstitucional" y "perjudica a los productores agropecuarios" que no podrán "disponer de sus tierras" en caso de incendio, sean o no intencionales.

Fuente: Página 12 y agencia Télam