Hoy comenzará a tratarse en la Legislatura chubutense el proyecto que presentó el Ejecutivo provincial para establecer la zonificación de la meseta y habilitar la explotación minera en la provincia, que cuenta con el fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, sociales, sindicalistas y asambleas populares; quienes además juntaron 31 mil firmas y presentaron su propio proyecto para limitar aún más la actividad.

Rolando González-José, director del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) del Conicet, indicó a VFC que recién ayer tuvieron acceso al texto, que “lo han tenido bajo secreto” y señaló que es “un proyecto típico de los 90, donde el Estado está reducido a su mínima expresión”.

“El hilo conductor es el de un Estado muy poco presente en materia de control, de habilitación, de desarrollo, y de investigación en torno a esta zonificación”, aseguró González-José, ya que argumentó que “no está claro como el Estado va a controlar con la estructura deficitaria que tiene y cómo va a tomar la responsabilidad de introducir la actividad minera”.

El director del Cenpat consideró, por ejemplo, que “los estudios de impacto ambiental deben ser aportados por los propios emprendimientos mineros” y que no se especifica “el grado de autarquía que van a tener los de centros de investigación y observatorios de monitoreo, y si su opinión va a ser vinculante o no”. 

El viernes pasado, el gobernador de Chubut Mariano Arcioni presentó el proyecto de ley “Desarrollo minero metalífero sustentable”, que busca desarrollar la megaminería para extraer plata, plomo y uranio en los departamentos de Telsen y Gastre, a través de la zonificación de la meseta para permitir la actividad, prohibida por la ley 5001 de 2003, luego de numerosas movilizaciones en la ciudad de Esquel.

Patricia Castellanos, del colectivo Jubilades Actives de Lago Puelo, que se moviliza junto a la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, explicó a que están “como toda la provincia en vigilia y muy movilizados porque el proyecto de zonificación minera avanzaría hacia permitir que empresas mineras comiencen a hacer la etapa de explotación”.

“Nos oponemos porque eso significa un daño ambiental, social y económico que va a traer un impacto en el futuro”, sostuvo la activista y aclaró que “están en tensión dos modos de concebir no solamente la minería sino también una visión más amplia del ambiente y del desarrollo económico”.

El proyecto del Ejecutivo ingresó fue derivado a una sola comisión para su tratamiento, la Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, lo que fue tomado por las organizaciones como una suspicacia por parte de los legisladores de Todos por Chubut, el partido del gobernador Arcioni.

“Misteriosamente va a una única comisión, cuando proyectos de menor escala tienen un recorrido por comisiones mucho más numerosas; y este, que es un proyecto de gran importancia, por el grado de movilización social que hay, pasa por una sola”, indicó el investigador del Conicet.

Castellanos aclaró que “por iniciativa popular también entró en la Legislatura un proyecto de ley que está acompañado de casi 31 mil firmas de personas de todo Chubut que propone una ley minera mucho más estricta y restrictiva con el uso de contaminantes, en todo el proceso de exploración y de explotación”.

A pesar de que ingresaron los dos proyectos, en el día de hoy comenzaría a tratarse la propuesta oficialista y además, el proyecto de iniciativa popular, fue derivado a tres comisiones, por lo que su tratamiento en ese ámbito va a ser más largo. 

De acuerdo a la activista, hay “14 legisladores que ya dijeron que van a votar a favor, del partido provincial Chubut al Frente”, lo que le daría al oficialismo la posibilidad de una aprobación en el recinto.

Por ese motivo, Castellanos indicó que “toda la provincia está organizándose en asambleas para que sea un día de rechazo y de movilización general, donde va a haber vigilias y marchas” contra el tratamiento de la ley.

“Hay una decisión política nacional y local de querer sacrificar a la provincia de Chubut, ese es el término que el gobierno provincial utiliza, para hacer una explotación minera, y no se discute el cómo”, expresó y agregó que “tiene un modelo de extracción que ya se ha visto en otros lugares que ha fracasado; no queremos seguir sumando pasivos ambientales que podemos evitar”.

González-José aseguró que “el proyecto oficialista es explícito en cuanto a que no permite la minería usando cianuro”, aunque explicó que “si bien es taxativo a la hora de prohibir el cianuro, falta un anexo donde se explicite que tipo de tecnologías si están habilitadas”.

Reveló también que la comunidad científica, nucleada en el Inta y el Conicet, y las universidades nacionales con sede en la provincia, como la UTN y la San Juan Bosco, no fueron convocadas para analizar las iniciativas de zonificación y destacó que “rompe una tradición de consulta de la provincia con las instituciones académicas, donde se nos incorpora a la mesa de debate, y esto ha sido una anomalía seguramente por el reparo que tienen estos proyectos en nuestros investigadores”.

El investigador alertó sobre las consecuencias de la megaminería en la cuenca del Río Chubut ya que “cualquier mala praxis pondría en riesgo el río, sumado a que el cambio climático no es auspicioso, porque los pronósticos prevén una caída del 30 % del caudal en los próximos años”. 

El colectivo que se opone a la minería recibió apoyo de los trabajadores estatales nucleados en ATE y la CTA de los Trabajadores, que realizaron un paro de actividades el martes, y hubo marchas de rechazo los días lunes y martes; y siguen movilizados en localidades como Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, Lago Puelo, Cholila, Puerto Madryn, Corcovado, El Maitén y Gaiman.

González-José remarcó que el proyecto del Ejecutivo “tampoco es explícito sobre la licencia social, hace de cuenta que hay una armonía en torno a este tema, que se evapora cuando uno sale a las calles de cualquier ciudad de la provincia”.

Renta y economía

En cuanto a la renta que dejaría el proyecto en la provincia, que sería del 5% de regalías de los cuales 3% se repartirán entre el gobierno provincial y los municipios y otro 2% como bono compensador, González-José sostuvo “que no está definido” porque “queda en manos de una declaración jurada por parte del emprendedor minero, y no queda claro el rol del órgano de aplicación allí”.

Desde la asamblea de Lago Puelo expresaron que “el gobernador Arcioni presenta a la megaminería como supuesta salvadora de la crisis estructural que vivimos desde hace tres años”, pero indicaron que “es falso que generan trabajo y desarrollo porque traen mano de obra calificada de otros países, y se llevan todo”; además de aclarar que en la provincia hay otras opciones como “la pesca, la producción  agroecológica de exportación, el turismo local e internacional y la energía eólica”.

En un documento, becarios y becarias de Ciencia y Técnica de Chubut argumentaron que “no existe una megaminería sustentable porque la experiencia histórica y las evidencias llevan a la conclusión de que atenta gravemente contra la salud, las dinámicas sociocomunitarias y el ambiente”.

“Podemos vivir sin la extracción de minerales metalíferos que se pretenden explotar, y la megaminería no produce, no genera desarrollo, empleo o diversificación de la economía regional”, indicaron en el documento.

Y consignaron que “según los datos del Indec, entre 2004 y 2018, la explotación de minas y canteras aportó el 2.95% del valor bruto de producción total en Argentina mientras que el aporte de la megaminería metalífera fue de 0.49%”, además de asegurar que “de acuerdo a datos del ministerio de Trabajo ha generado el 1.15% del empleo total”.

Una de las empresas interesadas en el proyecto es la canadiense Pan American Silver, que en 2009, adquirió el proyecto Navidad en la provincia, y como explicó el periodista especializado Luis Claps, es una empresa minera multinacional, la sexta explotadora de plata primaria del mundo, y sus principales accionistas son fondos de inversión y bancos. 

“Lejos de su discurso sobre la minería sostenible y responsable, las prácticas de Pan American Silver evidencian el nulo respeto para los pueblos que defienden los territorios”, aseguró Claps y agregó que “sus operaciones han generado contaminación ambiental y afectan recursos hídricos esenciales”.