A medida que pasa el tiempo son cada vez más graves las revelaciones sobre la actuación infame del gobierno de Mauricio Macri respecto del hundimiento del submarino ARA San Juan. Conocidas en junio pasado las denuncias de que los familiares de los tripulantes muertos eran espiados como si fueran enemigos del país, ahora se supo que aquel gobierno conoció 20 días después del hecho el lugar donde se hundió la nave, y sin embargo lo ocultó casi un año.

A fines de este mes, por disposición del ministerio de Defensa, comenzará a funcionar un Consejo de Guerra que analizará las deficiencias que tenía el submarino cuando inició lo que sería su viaje final, así como las irregularidades en la posterior búsqueda. Estarán imputados altos jefes de la Armada de aquel momento. La máxima sanción puede ser la baja de la fuerza -con lo cual perderían su jubilación-, mientras que los eventuales delitos cometidos se denunciarán ante la justicia común.

Este 15 de noviembre se cumplirán tres años desde la última comunicación del ARA San Juan, cuando navegaba desde el puerto de Ushuaia hacia la base naval de Mar del Plata. Los graves hechos revelados últimamente, que involucran responsabilidades de la gestión macrista, se suman por ejemplo al maltrato sufrido desde el principio por los familiares, quienes a mediados de 2018 debieron encadenarse en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para hacer oír sus reclamos.

La causa judicial está radicada en la provincia de Chubut, a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. La instancia de apelaciones es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. El fiscal Norberto Bellever, actuante ante este tribunal, pidió que tanto Macri como su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, sean citados como imputados a prestar declaración indagatoria.

Cuándo se encontró al submarino

La impactante denuncia de que el gobierno de entonces supo con mucha aproximación el lugar de hundimiento del buque 20 días después de su desaparición, fue realizada días atrás ante un tribunal por el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, quien tuvo un alto cargo en la Armada y es uno de los imputados en la causa judicial que se tramita en la provincia de Chubut.

Tras haber sido procesado a comienzos de año por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, el militar fue citado para defenderse ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. En el momento de los hechos era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Marina. Según su testimonio, la ubicación del submarino en fondo del mar habría sido suministrada por el buque chileno Cabo de Hornos. 

Dirigiéndose al presidente del tribunal integrado por tres jueces, López Mazzeo declaró: “Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso de mi vida que fue el cierre del caso SAR (N. de R. Se refiere al procedimiento de búsqueda y rescate que se pone en marcha al principio para tratar de encontrar una nave desaparecida), teníamos detectada la posición del submarino”.

Agregó que “por eso habíamos coordinado con la Marina británica el 5 de diciembre de 2017 (20 días después de la desaparición) el pedido de un vehículo autónomo (N. de R.: se trata de un artefacto no tripulado que pudiera llegar a las máximas profundidades), porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, y no lo podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”.

El Poder Ejecutivo de entonces recién informó el 17 de noviembre de 2018, casi un año después, que los restos de la nave habían sido hallados en el fondo del mar, a más de 900 metros de profundidad. 

Juicio militar

Aguad, el ministro de Defensa de Macri, dispuso durante su gestión investigaciones disciplinarias dentro de la Armada. Ahora, como parte de esas actuaciones internas, el actual ministro Rossi convocó al Consejo de Guerra que se constituirá el 25 de este mes. Allí serán sometidos a juicio castrense un grupo de acusados, quienes eventualmente podrían ser destituidos del arma y perder sus beneficios como personal retirado. También podrán ser denunciados ante un juzgado civil por posibles delitos.

Los imputados son el ex jefe de Estado Mayor de la fuerza, Eduardo Srur; el antes mencionado López Mazzeo -quien realizó ante el tribunal de Comodoro Rivadavia las revelaciones ya mencionadas, y había sido jefe de Adiestramiento y Alistamiento-; y el ex comandante de la fuerza de Submarinos, Claudio Villamide.

Asimismo, el ex jefe de Mantenimiento y Arsenales, Luis Malchiodi; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; el ex jefe de Operaciones de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa; y el ex director del Proyecto Submarinos, Carlos Ferraro.

Espiaban a los familiares

Otra de las grandes infamias del gobierno de Macri hacia la memoria de los tripulantes muertos en el fondo del mar y hacia sus familiares, tomó la forma de espionaje contra estos últimos por movilizarse en reclamo de verdad y justicia. Así lo denunció Cristina Caamaño, la actual interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Ante la justicia federal de Mar del Plata, la funcionaria aportó información sobre hechos ocurridos cuando el submarino aún permanecía desaparecido, entre enero y junio del 2018. Solicitó la indagatoria del titular de la AFI macrista, Gustavo Arribas; de su segunda en la jerarquía del organismo, Silvia Majdalani; y del expresidente Macri, entre otros, "en calidad de responsables de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional".

El material probatorio fue encontrado en soportes digitales en la delegación marplatense de la agencia. Allí se verifica que “se hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento".

Desde el ministerio de Defensa, su titular respaldó la denuncia de Caamaño y expresó su opinión por Twitter. “Cuando tenían que poner toda la energía y los recursos en buscar al submarino y contener a las familias de los tripulantes se dedicaron a espiarlas. Ilegal e inhumano. Una vergüenza más de la AFI macrista", dijo Agustín Rossi. 

Encadenarse para reclamar

A mediados de 2018, pasado más de un semestre de ocurrida la tragedia del submarino, un grupo de familiares de los tripulantes, mayormente mujeres, se encadenó en Plaza de Mayo para reclamar que las autoridades aceleraran la licitación de una empresa que debía buscar nave. Dijeron que sentían “abandono por parte del gobierno nacional y de la Armada”.

“Manifestamos nuestro dolor viniendo a acampar a la Casa Rosada. No nos vamos a mover hasta que el gobierno resuelva esta situación de buscar una empresa de cualquier país, que sea viable para hallar al submarino y a sus tripulantes", expresaron las mujeres que, además de sufrir el dolor por la pérdida de sus seres queridos, debían recurrir a una esforzada forma de protesta.

Finalmente el gobierno de Macri contrató para continuar la búsqueda a la compañía Ocean Infinity, una empresa estadounidense especializada en robótica marina. El 17 de noviembre de 2018, un año y dos días después de la desaparición, se informó oficialmente que el ARA San Juan fue hallado a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. 

Pero el anuncio fue quizás parte de un montaje propagandístico del macrismo para que hubiera un hecho de alto impacto cuando se estaba cumpliendo un año de la tragedia. En su reciente testimonio ante un tribunal, el militar López Mazzeo afirmó que el lugar donde estaba hundida la nave se conocía, con aproximación casi total, desde 20 días después de su desaparición.