Las estructuras de espionaje ilegal montadas durante el gobierno de Mauricio Macri tienen múltiples ramificaciones y dan lugar a causas judiciales en diferentes juzgados. Una de ellas está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, de la capital federal, donde se investiga la operatoria de la llamada “mesa judicial” macrista definida por el diputado nacional Marín Soria, uno de los denunciantes, como “una suerte de policía política” para perseguir opositores.

El expediente judicial se inició en mayo pasado por impulso de un grupo de diputados del Frente de Todos, y se mencionan como presuntos responsables al ex presidente Mauricio Macri; su ministro de Justicia, Germán Garavano; y otros altos funcionarios y allegados al gobierno de Cambiemos. Pero ahora también se suman elementos que probarían la participación de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según la nueva información aportada por los legisladores que impulsan la causa, Bullrich habría sido “parte central de una asociación ilícita", con objetivos de "persecución” y "disciplinamiento" de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano (del gremio de camioneros), el neuquino Guillermo Pereyra (del sindicato petrolero y ex senador nacional del MPN) y Héctor Ponce (de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, Atilra).

La ampliación de la denuncia fue realizada la semana pasada por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, quienes solicitaron que se investiguen "las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por dirigentes políticos y sindicales opositores" ocurridas a partir del 10 de diciembre de 2015.

En el escrito judicial, además de apuntar específicamente contra la ex ministra Bulllrich -actual presidenta del Pro a nivel nacional-, reafirman que "el máximo responsable" del entramado de espionaje ilegal era el expresidente Mauricio Macri quien "emitía las órdenes y trazaba las estrategias" de los delitos cometidos por la "mesa judicial", expresa la presentación.

Sindicalistas perseguidos

Los tres diputados denunciantes explican que “el líder petrolero Pereyra señaló que durante un viaje institucional a Estados Unidos de abril de 2017 que compartió con el entonces presidente Macri, el mandatario le anticipó: ‘A ese tipo yo lo voy a meter preso’", en alusión al "líder de los lecheros, Héctor Ponce".

Agregan que “un año después, el titular de Atilra (Ponce) enfrentaba una denuncia y allanamientos de la Policía Federal. Las investigaciones surgieron a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependía del ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo en aquel entonces".

Sostienen que el objetivo de la persecución judicial sufrida por el gremio Atilra y por su titular, consistía en "disciplinarlo para que posteriormente, en 2018, Ponce ‘negocie’ paritarias en línea con la pauta oficial (15%)". Remarcó que finalmente el sindicalista fue sobreseído en la causa en septiembre de 2018.

Según los nuevos elementos aportados por Soria, Tailhade y Valdés, el ex senador Pereyra también declaró que "tanta vehemencia" en su contra había tenido que ver con que "Bullrich le dio directivas expresas a un fiscal de Neuquén" para perjudicarlo, tras lo cual se desencadenó lo que definió como una "persecución" en su contra.

Los diputados destacaron además que "en el caso de Camioneros y los Moyano se repitió el modus operandi: espionaje acompañado por una persecución judicial orquestada directamente por la 'Mesa Judicial M'", afirma la reciente presentación judicial.

“Mecanismo de coacción y hostigamiento”

Tras la ampliación de la denuncia, el diputado Martín Soria dijo en declaraciones periodísticas que en el expediente judicial “ya han declarado distintos jueces y camaristas nacionales que han dado explicaciones acerca de cómo era el mecanismo utilizado por más de 20 funcionarios de primer nivel del gobierno de Macri, para obtener fallos que les sirvieran a esta suerte de policía política que tenían para redireccionar el curso de algunas causas que le interesaban".

Explicó que "eran causas como la del Memorándum con Irán", entre otras, que demuestran "los vínculos que tenía Bullrich y el propio Macri en el direccionamiento de todo el accionar que tenía esta mesa judicial".

El legislador, que representa a la provincia de Río Negro, dijo que ahora “hemos sumado la declaración de un ex sindicalista (refiriéndose a Pereyra) que contó que el mismísimo Macri en un viaje a Houston, en 2016, le contó que había otro sindicalista de la leche, Héctor Ponce, que le dijo directamente que iba a ir preso: esas fueron las expresiones del propio Macri".

Destacó que, de acuerdo a esos testimonios, "la mesa judicial, a través de la coacción y el hostigamiento y por medio de una denuncia anónima como hacia habitualmente, luego terminaron allanando, persiguiendo, investigando a los familiares” del sindicalista representante de trabajadores lecheros.

Sin embargo, según relató el propio Soria, "un año más tarde, después de haberlo destruido en los medios, se demostró que era mentira y terminaron sobreseyéndolo, como ocurrió en casi todas las causas que llevó adelante la mesa judicial de Mauricio Macri".

“Conexión local” en Neuquén

El dirigente neuquino Guillermo Pereyra, a mediados de año ya había revelado públicamente parte de los hechos que lo afectaron, e informó que se presentaría como querellante pero en otra de las causas judiciales que investigan al espionaje macrista, en un juzgado de Lomas de Zamora.

En ese marco, el líder del gremio petrolero y ex senador nacional por Neuquén fue incluso más allá de las presuntas responsabilidades de integrantes del gobierno nacional finalizó en diciembre de 2019. En declaraciones realizadas en junio de este año, Pereyra denunció la red local del espionaje del macrismo.

Esa vez apuntó que para "inventar una causa tienen que haber varias personas, las que ejercen la difusión y después hacen actuar a la justicia, con jueces que también eran adictos a ese gobierno y formaban un equipo que realmente asustaba".

Sostuvo que era “una red armada muy bien, con participación fuerte de periodistas, gente de la justicia y políticos". El dirigente petrolero destacó que "el que manejaba esto era el poder político a través de jueces y fiscales", y mencionó que "un fiscal de Neuquén", después de un viaje al exterior, "se entrevistó con Patricia Bullrich donde recibió supuestamente órdenes para procesarme a mí".

Afirmó que en su caso y en el de Hugo Moyano la persecución fue "para desprestigiar a toda la dirigencia sindical, para que caiga el modelo sindical argentino”. Más específicamente, “el motivo era meter la reforma laboral", aseguró Pereyra.

Quiénes están imputados

La causa por la “mesa judicial” está en manos de la jueza Capuchetti desde agosto, luego de una disputa de competencia acerca de cuál juzgado debía tramitarla. Como se señaló, los diputados Soria, Tailhade y Valdés incorporaron ahora pedidos de prueba que involucran a Patricia Bullrich.

Inicialmente, además de los antes nombrados Macri y Garavano, los demás imputados fueron: el ex jefe de asesores de la Presidencia, José Torello; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

También el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, y el ex presidente del club Boca Juniors y operador judicial macrista, Daniel Angelici.