Bajo la consigna “No vendan la costanera”, organizaciones políticas, ambientalistas, sociales y vecinos porteños van a realizar una movilización a Costa Salguero para rechazar el intento del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de vender 7 hectáreas de la Costanera Norte para la construcción de un barrio privado, que fue frenado esta semana en la justicia pero que amenaza con la estrategia de apelar y seguir adelante con el proyecto.

El proyecto del Ejecutivo implica que se destine un 25% de los terrenos públicos del predio de Costa Salguero y Punta Carrasco para la construcción de un barrio náutico privado, y el resto sea un parque público; y para avanzar, por un lado aprobaron irregularmente una ley de venta en diciembre de 2019 que fue frenada por la justicia y por el otro, presentaron un proyecto de ley que permite la construcción y que obtuvo una primera aprobación el 8 de octubre, pero que requiere de una audiencia pública y otra votación para ser sancionada.

“Es muy evidente que es un negocio inmobiliario porque lo que está haciendo es autorizar un emprendimiento inmobiliario de 7 manzanas con edificios de 10 pisos en plena Costanera Norte sobre tierras que son públicas y que hace más de 30 años venimos luchando para que se transformen en un gran parque público”, sostuvo a Jonatan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes presentaron el recurso de apelación ante la justicia junto a la diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, y que fue aceptado la semana pasada.

Baldiviezo explicó que a través de “la lucha ciudadana” desde los años ‘90, “se ha logrado incorporar las peticiones de la ciudadanía en la Constitución y en el Plano Urbano Ambiental, que son las dos leyes de mayor jerarquía de la ciudad”, por lo que “lo que está haciendo Rodríguez Larreta es no respetar la Constitución de la ciudad y está violando un acuerdo de una política de estado ambiental de más de 30 años donde se había consensuado que la totalidad de la costanera tenía que ser 100% verde, no una parte concesionada y una parte para edificios”.

La Sala II de la cámara de apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la ciudad decidió el 22 de octubre hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y concedió la medida cautelar, por lo que estableció que solo podrán adoptarse medidas de administración, pero que los terrenos de Costa Salguero no pueden venderse, hasta tanto se resuelva la situación judicial. 

Baldiviezo señaló que “la justicia dictó una sentencia suspendiendo la venta del predio porque ni siquiera las leyes que autorizaron la venta cumplieron con los procedimientos constitucionales, es decir, no solo el contenido de la ley va en contra de la Constitución sino que el procedimiento de sanción no cumplió los requisitos mínimos”.

En cuanto al contenido, desde el Observatorio indicaron que el proyecto inmobiliario no cumple con el artículo 8 de la Constitución, que establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”; y tampoco respeta el artículo 9 del Plan Urbano Ambiental, que prevé “destinar a uso público a los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas”.

Por el lado de los procedimientos, la cuestión es más clara: el 4 de diciembre, se votó en primera lectura el proyecto para autorizar la venta de las 7 hectáreas, con 42 votos a favor de legisladores de Vamos Juntos; Evolución, de Martín Lousteau; Coalición Cívica; Confianza Pública, la fuerza de Graciela Ocaña y el Partido Socialista; y 17 en contra del Frente de Todos, Consenso Federal y el Frente de Izquierda.

Pero de acuerdo al procedimiento constitucional, luego de esta votación se debería realizar una audiencia y finalmente volver a aprobarse con una segunda lectura, también con los dos tercios.

El presidente del observatorio explicó que el gobierno de la ciudad avanzó sin cumplir esos requisitos “porque no tiene los votos, necesita al menos 40 votos y únicamente los tenía el año pasado, porque con el recambio legislativo perdió esa mayoría de los dos tercios”.

“Como no iba a tener los votos para la segunda lectura este año, decidió directamente no cumplirla, decidió dar por zanjada la ley con la primera lectura”, remarcó el abogado y agregó que imagina “que en estos días el gobierno va a intentar recurrir la sentencia porque en la Legislatura no tienen los votos para subsanar esta inconstitucionalidad”.

Un negocio de pocos

En una reciente entrevista, el legislador porteño del Frente de Todos Leandro Santoro afirmó que “lo que está en juego en la Ciudad de Buenos Aires es la propiedad pública, porque desde que Rodríguez Larreta es jefe de Gobierno se privatizó el equivalente al barrio de Núñez y  en lugar de utilizar el espacio público o para darle respuesta al problema habitacional o para darle respuesta al problema ambiental, lo que hace el jefe de gobierno es construir torres que son grandes emprendimientos”.

“El problema es que los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires tenemos cada vez menos espacio verde y en lugar de ir hacia un modelo de sociedad sustentable, verde, amigable, donde hay un espacio común encontramos un emprendimiento privado que esta generalmente llevado adelante por empresas muy cercanas al gobierno de la ciudad”, agregó Santoro.

Baldiviezo aclaró que “todavía se desconoce quienes estarían interesados en comprar la costanera, no salió ningún empresario o desarrolladora inmobiliaria, porque es un tema muy álgido y nadie se quiere quemar hasta que esto esté solucionado”.

Pero advirtió que “si sabemos en esta experiencia de venta masiva de tierras públicas en la ciudad que los operadores tradicionales inmobiliarios son los que se terminan quedando con estas tierras públicas y los principales compradores de tierras públicas han sido las empresa IRSA, Constantini, Techint, Sancor Seguros y la familia Werthein”.

Autorización para construir y la movilización

El 8 de octubre, la Legislatura porteña avanzó con el proyecto para aprobar la autorización de la capacidad constructiva y la norma para cambiar la zonificación que le permita la construcción en los predios de la Costanera Norte fue aprobado por 37 votos a favor de los bloques Vamos Juntos, la UCR-Evolución y el Socialismo; y 23 votos en contra de las bancadas del Frente de Todos, el Frente de Izquierda, GEN y Consenso Federal.

“Este proyecto sigue su curso, se está convocando a una audiencia pública obligatoria para el 27 de noviembre, y estamos haciendo una convocatoria masiva para que la ciudadanía se inscriba a manifestar su rechazo al proyecto”, indicó Baldiviezo quien aseguró que “se piensa que la justicia suspendió todo el proceso, pero solo suspendió la venta, y sigue en la legislatura la discusión sobre la autorización del emprendimiento inmobiliario que desde nuestra perspectiva debería archivarse”.

Hoy se va a realizar una caravana de autos a las 15 desde el Planetario y una bicicleteada convocada a las 14.30 en Plaza Almagro que van a confluir en la puerta de Costa Salguero para hacer 

“Vamos a hacer un abrazo simbólico de defensa de la costanera y bautizar a estos predios como el futuro parque público Nuestro Río”, sostuvo Baldiviezo quien remarcó que “para nosotros la totalidad de ese predio tiene que ser espacios verdes, tiene que ser parques”.

Por este motivo, el jueves presentaron en la legislatura un proyecto de ley “para derogar todas las leyes que permiten la privatización de la costanera y en contraposición al plan que tiene el gobierno para venderlo, y crear el parque público Nuestro Rio”.