Chubut enfrenta una compleja crisis financiera desatada hace tiempo y agravada por la pandemia, y su situación de inestabilidad actual presenta semejanza con lo que ocurre en Neuquén. Se podría decir que los gobernadores de ambas provincias están pagando algunas consecuencias de su alineamiento con las políticas aplicadas durante el macrismo.

Con características similares en la composición de sus economías, motorizadas por la industria del petróleo y el turismo, ambas provincias tienen problemas de déficit mensual alto, por caída de ingresos, pero también por el pago de deudas asumidas durante el festival títulos y bonos de alto rendimiento en la timba financiera que habilitó el macrismo. Hay que recordar, como lo expuso el gobierno nacional recientemente en el mensaje de elevación del presupuesto del 2021, que Neuquén y Chubut formaron parte del lote de provincias que hicieron crecer sus deudas a razón del 150% anual en el gobierno anterior.

A Chubut le faltan unos 2.600 millones por mes para que le cierren los números y Neuquén, al primer semestre del año, presentaba un déficit superior a los 11 mil millones de pesos, es decir que transita el 2020 con los números abajo a un promedio de 1.800 millones mensuales, tomado todos los gastos, incluidos los del ISSN que administra jubilaciones y obra social.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, lidera un partido provincial (Chubut somos todos), un desprendimiento del peronismo ocurrido en 2013, al igual que el Movimiento Popular Neuquino, aunque en este caso la fuerza política local tiene bastante más antigüedad. El  mandatario chubutense espera resultados de una negociación abierta con el gobierno nacional para conseguir un auxilio que le permita transitar, sin chocar la nave, hasta fin de año, y el neuquino aguarda, al igual que Arcioni, que los acreedores externos le den una mano con la reprogramación de los pagos de la deuda.

Pasar la gorra ante un gobierno nacional que auxilia y construye poder con las provincias es la salida más rápida y cómoda para gobiernos que, cuando “la juntaron”, pensaron poco en estrategias para los tiempos de crisis, no ya por la pandemia, sino para enfrentar altibajos propios de economías muy dependientes de una sola industria. 

Arcioni aún mantiene deudas salariales con los empleados públicos por aumentos postergados, por el medio aguinaldo, con los proveedores y previsionales, entre otras. Para ponerse al día, Chubut necesitaría una ayuda de 40 mil millones de pesos y está pidiendo un respaldo al gobierno nacional de aquí a fin de año del orden de los 15.000 millones, según publicó el diario Jornada de Chubut esta semana.

Con una espalda económica algo más sólida, la gestión de Omar Gutiérrez ya recibió auxilios de Nación al promediar el tiempo de la pandemia, pero es probable que la inyección no alcance si no logra refinanciar las deudas en dólares.

En Neuquén hay aumentos postergados, el medio aguinaldo se pagó en una cuota solo a un sector de trabajadores estatales y se canceló para el conjunto recién el 25 del mes anterior. Y con los proveedores y contratistas, las deudas contabilizadas al 30 de junio ascendían a 4.000 millones de pesos.

Neuquén y Chubut están tratando de renegociar los pagos de bonos y títulos emitidos en dólares bajo ley extranjera junto a otras diez provincias. La que gobierna Gutiérrez es la tercera según el monto a reprogramar. Son 693 millones de dólares por la emisión de los títulos Tideneu y Ticade (más 190 millones de un crédito con un banco extranjero), y Chubut intenta hacer lo mismo con una deuda por una cifra de 678,6 millones de la misma moneda.

Ambas provincias comprometieron parte de sus regalías para garantizar los pagos de estos papeles, por lo que el flujo de ingreso de este componente de peso en las finanzas cayó, no solo por el derrumbe del consumo, la caída de la producción o los precios bajos en el mercado internacional, sino porque una parte de la renta la capturan los bancos antes de que ingrese a las tesorerías respectivas.

Animadas por la política energética del macrismo que mejoró los ingresos de las regalías de gas y petróleo por la dolarización constante de las tarifas, una medida que perjudicó el bolsillo de la inmensa mayoría de los argentinos, las dos provincias, junto a las empresas del sector, hoy vuelven a presionar al gobierno nacional para alinear los precios del sector energético con la moneda extranjera. 

El argumento de base del planteo es el mismo de siempre: si las tarifas no se corrigen todo el tiempo no llegarán las inversiones, aunque, como se sabe, la aplicación de esa política durante el gobierno anterior no provocó ninguna lluvia de dólares sobre los campos petroleros. En cambio, el modelo por el que pugnan nuevamente las provincias petroleras permitiría aumentar sus ingresos, pero en la otra punta de la decisión habrá presión sobre los precios, subirá la inflación y, si el Estado no equilibra los intereses del pool petrolero, mucha más gente caerá en la pobreza.